Los argumentos de la juez contra Pablo Casado que no ha estimado el Supremo

La decisión del Tribunal Supremo de no imputar al presidente del PP, Pablo Casado, por las supuestas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos chocan con la tesis de la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien, obligada por la condición de aforado del líder popular, tuvo que enviar la pieza separada abierta por el máster al Supremo al apreciar indicios de "responsabilidad penal" y "de criminalidad". ¿Cuáles eran esos indicios?

Rodríguez-Medel consideró que quedaba "indiciariamente acreditado" que el máster se usaba "como regalo o prebenda" a alumnos "con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama. La juez consideraba clave para la investigación a Casado que este entregase la documentación que conservara del máster, esto es, los cuatro trabajos que mostró ante la prensa, correos electrónicos y acuses de recibo "que evidencien que fueron efectivamente elaborados". La magistrada dudaba de la veracidad de los documentos y sugería el análisis del ordenador portátil donde supuestamente se encontraban archivados los trabajos para comprobar la fecha en la que se habían realizado.

La juez cree que Casado tuvo un papel "activo" en el entramado para lograr su título y que cometió un delito de prevaricación administrativa —como cooperador necesario— y otro de cohecho impropio. Rodríguez-Medel imputó prevaricación administrativa a tres alumnas del máster que cursó el líder del PP y cohecho impropio a una de ellas. Lo hizo después de escuchar cómo reconocían que no fueron a clase y que lograron multitud de convalidaciones, justo como Casado. Una de ellas admitió, además, que le dieron el diploma sin hacer nada. La magistrada cree que había alumnos privilegiados a los que se les convalidaban asignaturas por sus licenciaturas, mientras que a otros estudiantes, también "licenciados en su gran mayoría", no eran informados de esas ventajas. El grupo de "escogidos" tampoco acudía "nunca a clase", pese a que la juez concluyó que el máster era presencial.

Cuando saltó el escándalo después de que EL PAÍS publicase que Casado tenía un máster como el de Cifuentes, el diputado del PP explicó que pactó personalmente con Álvarez Conde unas condiciones ventajosas para obtener el diploma. No tenía que ir a clase. No tenía que presentar un Trabajo de Fin de Máster. Le convalidarían 18 de las 22 asignaturas del curso, que suponían más de un 80% de las materias y dos tercios del total de créditos exigidos (60). Y las cuatro restantes las aprobaría supuestamente entregando unos trabajos que apenas sumaron 92 folios en total (incluyendo portadas, índices, bibliografías...) y que le evaluaron Conde y otra profesora, también imputada. Ambos le pusieron sobresalientes en todas ellas. A juicio de la juez instructora, Álvarez Conde indiciariamente urdía "el sistema de prebendas consistentes en regalar títulos académicos", mientras que los alumnos recogían el título o lo usaban "a sabiendas de que no obedecía a mérito académico alguno".