El Gobierno se lanza a la ofensiva frente al “acoso brutal y personal” del PP y Ciudadanos
"La oposición está demostrando que no sabe asumir la pérdida de poder", carga Celaá tras la decisión de la derecha de no facilitar la tramitación de la Ley de Estabilidad
El Gobierno ha reaccionado este viernes con una ofensiva de una contundencia sin precedentes en los casi cuatro meses de mandato de Pedro Sánchez ante lo que considera un "acoso brutal y personal" del PP y Ciudadanos que "produce bochorno democrático".
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha trasladado, tras la reunión del Consejo de Ministros, que se encuentran bajo el "ataque" y "cacería" de la derecha por su resistencia a aceptar el éxito de la moción de censura apoyada por una coalición heterogénea que derribó al Gobierno de Rajoy y convirtió a Pedro Sánchez en presidente el pasado 1 de junio. "Una vez más, la oposición está demostrando que no sabe asumir la pérdida de poder y no termina de concluir razonablemente que ha perdido el Gobierno, democrática y constitucionalmente", ha asegurado la portavoz.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que el PP, "en connivencia con la nueva derecha de Ciudadanos", está realizando una oposición "incomparable en democracia, ya sea desde las instituciones, bloqueándolas, o traspasando límites que van más allá de lo aceptable", ha arrancado Celaá su exposición. El Gobierno distingue dos vertientes en el rol del PP y Ciudadanos. Una de ellas está compuesta por las acciones que los dos principales partidos de la oposición están siguiendo en el Congreso. La otra, por la legitimidad que otorgan a grabaciones como las realizadas hace una década por el excomisario José Villarejo dentro de lo que definen como las cloacas del Estado. "Una minoría en el Congreso bloquea y boicotea iniciativas del Gobierno y de la mayoría parlamentaria", ha recordado la ministra Celaá. En su opinión, ese bloqueo se traduce en el rechazo de las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera a acelerar la tramitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado —controlado por los populares— no tenga capacidad de veto para la aprobación de la nueva senda de déficit acordada por el actual Gobierno con Bruselas.
El pacto alcanzado supondría disponer de 6.000 millones de euros más de los previstos. "Teníamos razonables expectativas de que PP y Ciudadanos corrigieran el rumbo y atendieran a esta ley por el procedimiento abreviado. Se trata de un bloqueo a la acción del Gobierno muy grave porque como consecuencia impide que 6.000 millones de euros ya hablados con Europa vayan a las comunidades autónomas, a la Seguridad Social y a la Administración del Estado para el blindaje del Estado de bienestar y a la protección de los derechos más mermados", ha manifestado la portavoz del Gobierno.
Celaá ha incidido además en la "discrepancia" que supone el posicionamiento de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría -—cinco votos entre ambos por cuatro de PSOE y Unidos Podemos— frente a la Junta de Portavoces y el pleno, donde la mayoría parlamentaria corresponde al Ejecutivo y sus socios. "El último acuerdo de la Mesa del Congreso fue arbitrario, inaudito e inaceptable. ¿Si había dudas jurídicas por qué no se permitió un informe de los letrados de la Cámara?", ha preguntado la portavoz. "Esperamos sentido de Estado, hemos pasado de la impunidad de antaño a la persecución, pero continuamos en la brecha y no vamos a parar de trabajar", ha apostillado.
Dentro del Ejecutivo coinciden en sentirse objeto de un ataque organizado y coordinado para laminar su imagen. Aquí entrarían las grabaciones de Villarejo con la ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Es evidente que [Villarejo] no ha tenido una conducta moral exigible y por eso está en la cárcel. No sabemos lo que habría pasado si estuviera aquí otro Gobierno, pero nosotros no atendemos a las extorsiones de un corrupto", ha sentenciado. Fuentes del Ejecutivo y del PSOE trasladan que afrontan un escenario en el que "se trata de machacar a alguien para que caiga un Gobierno". Los responsables de distintos ministerios advierten que esta estrategia puede tener "el efecto contrario" y cohesionar al Ejecutivo y al electorado progresista.
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