Andalucía pretende que otras comunidades acojan cerca de 1.000 menores extranjeros
El Gobierno aprobará una dotación de 40 millones para incentivar a las regiones que menos tutelas asumen para abrir plazas
El Gobierno asumió ayer una “medida extraordinaria” para resolver la complicada situación que viven algunas comunidades autónomas ante la llegada de menores inmigrantes a su red de acogida. El Ejecutivo se ha comprometido a llevar en 45 días al Consejo de Ministros un real decreto con una dotación de 40 millones. Los fondos, con vigencia de seis meses, se repartirán para mejorar la acogida e incentivar el reparto de menores entre comunidades. Andalucía calcula que con esta medida podrá distribuir un millar de menores y recibir hasta 28 millones de euros.
Actualmente, la Junta es responsable de la tutela del 47% de los 10.100 menores inmigrantes no acompañados que hay en España. El incremento de llegadas en los últimos meses ha llevado a que el 70% de las plazas de acogida estén ocupadas por extranjeros. Solo ayer llegaron a las costas andaluzas 130 menores inmigrantes. La cifra, por ello, podría oscilar, advierten fuentes del Gobierno andaluz, en función del número de menores solos que se encuentren registrados en el momento en que el Gobierno apruebe el real decreto.
La propuesta del Gobierno central, anunciada ayer en la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre menores extranjeros no acompañados, sin embargo, aún no ha sido detallada. Las comunidades tienen 15 días para comunicar voluntariamente la capacidad que tienen para acoger y, en función de las propuestas, se hará el reparto de fondos. El acceso a los recursos se hará mediante un anticipo de crédito que deberá justificar cada autonomía, según informó la ministra de Sanidad Carmen Montón, que convocó el encuentro en el que participaron otros cinco ministerios.
La financiación se distribuirá en función del incremento de menores que las comunidades han asumido desde diciembre de 2017 hasta el 31 de agosto. Comunidades como Andalucía tienen un 117% más de menores a su cargo, mientras que Extremadura y Baleares han reducido las tutelas que asumen en un 22% y un 14% respectivamente. La fórmula permite, por un lado, compensar financieramente a las comunidades que soportan mayor presión y, por otro, empujar al resto a asumir la tutela de más menores.
El Gobierno, en principio, no tiene potestad para obligar a las comunidades a comprometerse más de lo que manifiesten porque la competencia sobre menores le corresponde a las comunidades. Pero existen mecanismos que pueden permitirle actuar para garantizar la solidaridad. Por un lado, la Constitución garantiza el principio de solidaridad y contempla que el Estado debe velar por un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio. Por otro, la Ley de Extranjería establece que "el Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia".
Los números, de cualquier forma, pueden no ser tan ambiciosos como esperan los andaluces, a pesar de la aparente receptividad demostrada por las comunidades autónomas. En la Conferencia Sectorial de Migraciones celebrada hace un mes, Extremadura, que solo es responsable de siete menores, se ofreció a asumir más tutelas: la oferta era de apenas 20 plazas. Además, Andalucía no enfrenta sola el fenómeno. Melilla, que acoge entre 800 y 1.000 menores, escasamente tiene capacidad para 260. El escenario ideal para las autoridades melillenses sería derivar entre 400 y 500 menores a la Península. Ceuta, con 346 jóvenes a su cargo, considera que está en el “tope del nivel de acogida”, pues apenas tiene capacidad para 70.
Buena parte de los asistentes a la reunión, entre ellos representantes de la Comunidad Valenciana, Cataluña y el País Vasco, han calificado de "primer paso" la propuesta. Otras comunidades han manifestado su desconcierto por la falta de criterios técnicos a la hora de establecer el reparto y la falta de concreción. “Las comunidades deben decir en 15 días si están dispuestas a acoger, pero no sabemos si en guarda o tutela. No sabemos si es una medida apenas para este año se prolongará”, planteó el consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura (PP).
Repatriados a Marruecos
Por otro lado, y dado que el 70% de sus tutelados extranjeros son marroquíes de 16 y 17 años, la Junta mantiene su propuesta de explorar las relaciones diplomáticas con Marruecos para hacer viable la repatriación de los adolescentes que llegan solos a su territorio, una medida también apoyada por Ceuta y Melilla.
El asunto no se trató, finalmente, en la reunión, pero el Gobierno andaluz apuesta por reactivar un acuerdo bilateral firmado en 2007 que insta a Marruecos a cooperar para facilitar la reagrupación familiar de los jóvenes o su ingreso en centros de acogida marroquíes. “Existen casos en los que es preciso conocer la realidad del menor. Quiero preguntarles qué opinarían si algún hijo de ustedes de 15 o 16 años aparece en Alemania y nadie les pregunta. Estos niños tienen padre y madre. Habrá que ver cuál es su situación para la propia protección de los menores. No sería nada diferente de lo que se haría con cualquier otro menor”, mantuvo la consejera de Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio.
Un nuevo modelo homogéneo para atender a los niños
Además de la dotación económica, la mesa sobre menores extranjeros no acompañados concluyó que es necesario, a medio plazo, cambiar el protocolo de intervención que data de 2014. El objetivo es mejorar el sistema de acogida y unificarlo en todo el territorio. Uno de los problemas que se ha hecho evidente es que el registro de los menores que elaboran las comunidades está desactualizado.
El Gobierno también apuesta por equiparar los modelos de atención a los menores y que sean evaluables. Sobre la mesa están también otras cuestiones que preocupan al Gobierno y a las comunidades. Entre ellas están las dificultades que enfrentan los jóvenes para regularizarse cuando cumplen los 18 años: la ley les exige para renovar su permiso de residencia una renta mínima, a pesar de que no les garantiza un permiso de trabajo. Los procedimientos para determinar la edad de los recién llegados también están en estudio.
