Un tetris con los colchones para dormir en Algeciras

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“A la hora de dormir empieza el tetris. Hay que aprovechar todo el espacio, pasillos, comedores, biblioteca, talleres, y se hace dormitorio”. Así resume Juan Antonio Carrasco, educador del centro de menores Nuestra Señora del Cobre, en Algeciras (Cádiz), lo que cada noche ocurre en las saturadas instalaciones.

La llegada masiva de niños y jóvenes no acompañados complica la vida diaria de los centros de acogida andaluces. Solo entre el 1 y el 18 de julio arribaron a Andalucía 1.347. La Junta tutela al 36% de los 7.145 menores extranjeros de toda España.

El Cobre, uno de los cuatro centros públicos de Cádiz, con medio centenar de trabajadores, tiene, oficialmente, capacidad para 16 menores, pero acoge a más de 50. Hace tiempo que no pueden gestionar el día a día sin hacer turnos para todo: para comer, ducharse o para los traslados cuando hacen salidas. “En los centros de la zona hemos llegado a multiplicar la capacidad por siete con los mismos recursos”, afirma Carrasco, que también es delegado de CC OO. Cuando llega la noche, la situación se agrava. Para dormir “no hay posibilidad de turnos”.

La saturación del centro de Algeciras ha hecho que esta misma semana la Administración andaluza confirmara que lo va a cerrar para acondicionarlo. La Junta busca alternativas, y sobre la mesa hay varios candidatos, entre ellos un prostíbulo cerrado hace unos años. “Todo esto demuestra la falta de previsión. Lo único que se hace en Cádiz son políticas de emergencia para el almacenamiento de menores. Se ha abandonado los programas de inclusión”, dice un antiguo trabajador.

A unos kilómetros, en La Línea de la Concepción, esta semana llegó a haber 218 niños donde solo hay plaza para 24. Eso hace que los menores acaben durmiendo hacinados. “Esta situación produce conflictos y que muchos prefieran marcharse antes de quedarse en estas condiciones”, reconoce el exempleado. Cuando se van, se convierten oficialmente en desaparecidos y comienzan un periplo del que poco se sabe. De las 2.273 desapariciones de menores en España durante 2017, Cádiz encabeza la estadística con 840 casos, la mayoría por fugas voluntarias de estos centros, según el Informe sobre Desaparecidos de 2018 del Ministerio del Interior.

La crisis de los refugiados sirios, el cierre de la ruta turca, el cambio radical de la política migratoria de Italia, unido al buen tiempo han desbordado la presencia de menores extranjeros solos en Andalucía, y con ello la capacidad de los lugares de acogida y los de estancia.

La directora de Centros de Menores de la Junta, Alicia Núñez, reconoce que están teniendo dificultades para prestar la atención adecuada y hace hincapié en que se han habilitado para ellos 700 plazas. José Carlos Cabrera, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, denuncia que “la atención en costas en general y con los menores en particular está siendo arbitraria e improvisada”.

“Soy guineano, salí de mi país con 15 años. Ha sido una trayectoria muy larga y dura para llegar a Europa”. Así relata un chico su experiencia en el informe anual del Defensor del Menor de Andalucía de 2017. Tuvo que cruzar a Malí en coche para llegar a Argelia en una camioneta con 80 personas. Tuvo que pagar a la mafia maliense y trabajar por nada en Argelia para poder llegar a Marruecos. Alcanzó las costas andaluzas en patera. “Cuando llegué me llevaron a un centro en Granada, estuve allí dos semanas y luego me mandaron a un centro de Jerez de la Frontera. Ahí he estado hasta que cumplí 18 años. Ahora estoy estudiando para un grado medio y buscando trabajo”.

Las soluciones para atender a estos jóvenes e impedir que acumulen más frustraciones pasa por trabajar con los países de origen y tránsito. Mientras tanto, se apela al Gobierno central. La Junta ha pedido al Ejecutivo que coordine una respuesta solidaria entre las comunidades autónomas. Ya se solicitó en su momento a Mariano Rajoy que extendiera a otras regiones la subvención del 50% a las plazas de acogida que se concedió a Ceuta y Melilla. sin resultado. El Defensor del Menor de Andalucía ha comenzado las gestiones con el Defensor del Pueblo para promover un encuentro entre Administraciones para asegurar una distribución solidaria, ordenada y equitativa de estos jóvenes. Ya ha recibido la respuesta favorable de Navarra y Canarias. “Un niño nunca es un inmigrante, necesita el máximo nivel de protección, pero los recursos están al límite”, advierte el Defensor del Menor.