El conflicto catalán amenaza el plan de reformas del Gobierno

Las próximas semanas definen el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado sólo en 84 diputados. El Ejecutivo ha decidido jugársela en el Parlamento con un importante paquete de reformas, aun a riesgo de perder votaciones, con la intención de aprovechar el giro político para tomar medidas progresistas y poder acudir a las futuras elecciones como un Gobierno de cambio. Esta semana está previsto votar seis decretos. Después vendrán en cascada más leyes, hasta llegar a los Presupuestos. Pero el otoño caliente en Cataluña amenaza con complicar todas las votaciones.

La tregua veraniega se acabó. El Parlamento vuelve a su actividad normal. Ahora se empiezan a tramitar decisiones de alto nivel que marcarán la capacidad del Ejecutivo para dar un giro político real. La idea es desarmar parte de la herencia legislativa del PP en cuestiones muy polémicas como la ley mordaza y sobre todo avanzar en reformas que suponen el eje del programa del PSOE, esto es, la recuperación de derechos en sanidad, educación o legislación laboral, o ampliar otros nuevos, como la eutanasia. También se pretende dar un giro a la política económica del PP con una reforma fiscal importante.

En teoría, los socialistas cuentan con votos alrededor del bloque que se formó en junio para la moción de censura, al que se pueden sumar otros como los de UPN o Coalición Canaria, que no votaron la investidura de Sánchez pero que sí están abiertos a negociaciones y han ayudado al PSOE ya en varias ocasiones.

Pero, en la práctica, las cosas suelen complicarse. El fracaso en julio de los primeros intentos de renovación de RTVE, o la soledad en la que se quedó el Grupo Socialista en el techo de gasto, muestran que nada será sencillo. El aumento de la tensión en Cataluña y la victoria de Carles Puigdemont en la batalla interna del congreso de PDeCAT del pasado julio también auguran dificultades, porque los votos de los grupos independentistas son decisivos.

Tanto en el PDeCAT como en ERC creen que el Gobierno no está calculando bien el impacto emocional que va a tener el juicio a los líderes independentistas procesados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. “¿Alguien se imagina que vamos a poder aprobar los Presupuestos en el Congreso mientras el Supremo condena a años de cárcel a algunos líderes del independentismo?”, señala un dirigente secesionista.

El mundo separatista vive entre dos frentes: los que quieren aprovechar el cambio en La Moncloa para buscar un acercamiento y desarmar algunas de las leyes del PP, y los que apuestan por el bloqueo total.

En el Gobierno y el PSOE admiten que no va a ser nada fácil, pero están decididos a intentarlo y confían en que algunas cosas, por ejemplo los decretos de esta semana que suponen en todos los casos una mejora de derechos, no tendrán problemas porque es muy difícil oponerse.

Uno clave es la recuperación del acceso universal a la sanidad, que incluirá a los inmigrantes irregulares que fueron excluidos en 2012 y afectará a unas 280.000 personas. La posibilidad de abrir la tramitación de este decreto como proyecto de ley está encima de la mesa para poder cambiar otras cuestiones de fondo como el copago farmacéutico, ahora en negociación con Unidos Podemos.

El jueves también se vota el decreto de la exhumación de los restos de Franco, que al final no tendrá ningún problema porque PP y Ciudadanos se abstendrán. Además hay otros con contenido como la reforma de la ley de violencia de género y la creación de 323 plazas nuevas para reforzar, en plena oleada de llegada de pateras, las oficinas de asilo.

El Gobierno ya ha empezado a dar síntomas de discrepancias internas o errores importantes en cuestiones como la defensa en Bélgica del juez Pablo Llarena, la creación de un sindicato de prostitutas o la decisión de qué hacer con el Valle de los Caídos. Y ha empezado a tener desgaste por la política migratoria. Ahora en el Parlamento intentará mantener la iniciativa con aprobaciones de reformas clave hasta llegar a los Presupuestos en noviembre, el gran objetivo casi imposible del Gobierno. La semana que viene irá la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para impedir el bloqueo del PP en el Senado. Los populares ya han dejado claro que no pondrán las cosas fáciles desde la Mesa, que controlan con Ciudadanos, otro problema añadido al de la crisis catalana.

Por el contrario, el cambio radical de la polémica ley mordaza ya está muy avanzado, la ponencia está a punto de concluir a la espera de las aportaciones del Ministerio del Interior. El giro en este asunto será total, aunque aún faltan los detalles.

Otra cuestión de fondo es la legislación laboral. El PSOE no tiene votos para derogar la reforma laboral, pero sí hay bastante acuerdo en mejorar la legislación en cuestiones que están perjudicando mucho a los trabajadores como la subcontratación. Su aprobación es inminente siempre que no haya bloqueo político.