¿Cuántos inmigrantes llegan en patera y cuántos son expulsados?

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Hay una palabra que repiten muchos inmigrantes llegados a España: "Suerte". Al azar, aseguran, obedece muchas veces su futuro en un sistema en el que la libertad llega a depender, simplemente, de si hay plazas o no en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) cuando desembarcan en la costa. Si en ese momento quedan sitios libres, los encierren hasta un máximo de dos meses. Si no, los dejan en la calle. Más de 7.000 personas salvadas de una patera en 2017 acabaron en estos complejos de reclusión. Una cifra que representa más del 80% de los internados en este tipo de instalaciones.

Este detalle ejemplifica, según las ONG, la "aleatoriedad" que predomina en la acogida diseñada por el Estado. Además, el Defensor del Pueblo describe un sistema sin recursos suficientes, con un déficit de infraestructuras y con falta de colaboración institucional para dar una respuesta adecuada, por ejemplo, a las 28.637 personas que arribaron al país el pasado año de forma irregular —muy lejos de los más de 850.000 que entraron en Grecia en 2015—. De ellas, 22.108 lo hicieron en patera y 6.529 tras superar las vallas de Ceuta y Melilla, según el Gobierno.

Cuando una embarcación llega a la Península, Canarias o Baleares, la policía detiene a sus ocupantes y los retiene durante un máximo de 72 horas. A continuación, los pone a disposición de un juez para que ordene su puesta en libertad o su ingreso en un CIE (excepto los menores), que dependen de Interior y donde se internaron el pasado ejercicio a 8.814 extranjeros. Este funcionamiento difiere en Ceuta y Melilla. Allí, las personas que superan las vallas o entran en patera ingresan en los denominados Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), gestionados por el Ministerio de Trabajo y Migraciones.

"Encerrados" en la ciudad

Por los CETI pasaron en 2017 un total de 3.218 personas —de las que solo 82 fueron trasladadas a un CIE—. De estos complejos pueden entrar y salir libremente. Pero, aun así, uno de los grandes problemas que denuncian las ONG es que la Administración los mantiene, en la práctica, “encerrados” en estas dos ciudades autónomas y no autoriza su viaje a la Península, a donde quiere marcharse la mayoría.

Según los datos del Defensor del Pueblo, el pasado año, el Gobierno dictó orden de devolución contra 20.672 personas a las que interceptaron cuando trataban de acceder al país o habían quebrantado una prohibición de entrada dictada anteriormente contra ellos. A su vez, el Ejecutivo detuvo a 18.794 inmigrantes que se encontraban ya en situación irregular dentro de España y abrió 21.834 expedientes de expulsión. Se ejecutaron 4.054 (82%): 3.041 desde un CIE y 1.013 sin un internamiento previo.