El máster de Casado, la bomba retardada de las primarias

El máster de Pablo Casado ha sido el elefante en la habitación de las primarias del PP, un asunto ineludible que todos hacían como que no veían. Aunque estaba claro que a Casado le resultó asombrosamente fácil su máster entre 2008 y 2009 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), cuando era diputado autonómico en Madrid y estaba a punto de ser director de gabinete del expresidente Aznar. Le convalidaron 18 de 22 asignaturas y en las cuatro restantes ni conoció a los profesores: sacó todo sobresalientes con cuatro trabajos -un total de 92 folios- que hizo sin consultar a nadie y dejó en un despacho. Su único argumento siempre ha sido la ingenuidad: hizo lo que le dijeron y no le pareció raro. Quien le propuso tan ventajosas condiciones fue Enrique Álvarez Conde, organizador del máster y el principal imputado en el caso Cifuentes. Cuando era un problema de Casado, el PP siguió la inercia de siempre: negar que existiera. Pero él se lanzó a las primarias con ese lastre y ahora es un problema del partido.

Más información

Dos alumnos del máster de Casado le contradicen: era obligatorio ir a clase y hacer trabajo final

El increíble máster de Pablo Casado

En las primarias no se ha hablado de ello, no fue un arma arrojadiza, y los compromisarios daban el caso por resuelto, pero tras abrirse una pieza separada del caso Cifuentes en el juzgado número 51 de Madrid había una posibilidad real de que Pablo Casado acabe imputado. O cuando menos, deba asumir responsabilidades políticas si se demuestra un trato de favor. Más aún cuando crecen los paralelismos con el máster de Cifuentes, que fue en 2011, y la sospecha de que el suyo no fue un caso aislado, sino que existía un sistema para favorecer a personas vinculadas con el PP o la universidad. Tres compañeras de su curso han sido imputadas este lunes, porque lo hicieron en las mismas condiciones favorables que Casado. Una de ellas, Alida Mas Taberner, era en aquel año alto cargo del PP en la Generalitat valenciana. Desde el lunes, ha quedado en evidencia que si el líder del PP no fuera aforado es probable que ahora estuviera en la misma situación.

De hecho, Javier Maroto, dirigente popular del equipo de Casado, atacó a la juez la noche del lunes: "Yo ya no sé si hay alguna razón además de la judicial para que erre que erre esté preguntando sobre un tema sobre el que no tiene jurisdicción y lo dejo en el aire porque no quiero tener ningún problema (...) ¿Cuál es el motivo por el que esta jueza hace preguntas sobre un tema del que no puede siquiera emitir opinión y juicio?".

Casado emprendió una carrera hacia adelante con el tiempo a favor: la juez, Carmen Rodríguez-Medel, se fue de vacaciones a principios de julio y cuando ha vuelto este lunes, para reanudar la instrucción, se ha encontrado con que es el nuevo líder de la derecha española. Si decidiera elevar el caso al Supremo, el alto tribunal se colocaría bajo una enorme presión: el PP se convertiría en el primer partido con su líder imputado, pero nadie en la formación conservadora baraja esa opción, fatal en esta teórica fase de renovación. En el PP creen que el asunto se quedará en nada y, en todo caso, que al votante no le preocupa.

El cálculo, dentro del PP, es aguantar el chaparrón, obviar las posibles implicaciones éticas y, limitando exclusivamente el caso a sus consecuencias penales, confiar en que, al final, a Casado no se le acuse de ningún delito. De ahí su insistencia desde el principio en una frase: “Hice lo que se me pidió”. Penalistas consultados por este periódico apuntan que, en el caso de que alguien en la universidad hubiera cometido prevaricación o falsificación en documentos públicos, las dos hipótesis sobre la mesa, él puede quedar al margen penalmente, aunque se hubiera beneficiado. Solo se agravaría su situación con testimonios directos que le implicaran. La juez desea reunir todos los indicios y luego valorar si los eleva al Supremo, pero quizá luego para el alto tribunal no sean suficientes como para imputarlo. Otra cosa es el desgaste que Casado tenga que soportar en las próximas semanas, pero hasta ahora lo ha sobrellevado. Es más, no le ha impedido ganar las primarias.

Jugó a su favor que tuvo un mes, desde que se destapó el caso de Cristina Cifuentes, para preparar bien su defensa, sobre todo a la vista de los errores de la presidenta madrileña. Ese escándalo actuó como cortina de humo. Tanto que en la primera pregunta del 10 de abril, cuando el dirigente popular compareció para dar explicaciones tras la primera información de EL PAÍS, el periodista alabó su rapidez en reaccionar en comparación con Cifuentes. A su lado, lo de Casado parecía un asunto menor. Lo cierto es que el entonces vicesecretario del PP compareció aquel día en dos fases: un largo encuentro sin cámaras a puerta cerrada donde tuvo que admitir los aspectos más controvertidos de su título, y otro público más breve y mediático donde esgrimió su argumentario y los cuatro trabajos que, aseguraba, había entregado. Aunque no dejó examinarlos. Pero lo cierto es que sus admisiones han ido empeorando su situación. De hecho, al final ha optado por no hablar más de ello y argumenta que ya lo ha explicado todo.

Casado ha sido ambiguo, cuando no contradictorio, en varias ocasiones. Su primera reacción fue decir a este periódico que no recordaba si había ido a clase y hecho exámenes. Luego reconoció que no. Tampoco supo explicar por qué no figuraba en las listas de todas las asignaturas, como reveló este periódico, y replicó que quizá era “alguna asignatura que me convalidaron”. Al día siguiente resultaron ser 18 de 22. También dijo que no conoció a los profesores de las cuatro asignaturas que cursó, pero EL PAÍS descubrió que en tres de ellas fue el propio Álvarez Conde. En la cuarta fue Alicia López de los Mozos. Casado negó que entonces fuera posible que recibiera un trato de favor, alegando que en 2008 y 2009 él no era nadie, pero además de que era diputado y presidente de Nuevas Generaciones, basta poner un ejemplo: a su boda, el 20 de junio de 2009, cuando acababa el máster, asistieron sus dos grandes padrinos políticos, José María Aznar y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los puntos bajo sospecha de trato de favor a Casado son dos: las convalidaciones y que no hiciera el trabajo final, con un tutor y defendido ante un tribunal. Sobre ello insistió la jueza en el interrogatorio del rector de la URJC, Javier Ramos, el pasado 21 de junio. Según Casado, fue un real decreto de 2005, que le permitió no hacer trabajo final, requisito que ya se pedía en el siguiente real decreto de 2007. Pero bajo cualquiera de las dos normativas, Casado habría incurrido presuntamente en irregularidades. La juez hizo leer a Ramos el real decreto de 2005 y el rector concluyó: “Si he entendido bien no se le pudo convalidar nada, es irregular que se le convalidase”. Y en cuanto al trabajo final, le preguntó: “¿Le consta si en la edición del señor Casado hubo defensa pública del trabajo de fin de máster?”. “Lo desconozco”, contestó el rector. Lo cierto es que hasta tres alumnos han confirmado a EL PAÍS que sí hubo trabajo final con defensa ante un tribunal, y conservan incluso un correo electrónico con la convocatoria del tribunal y los profesores que lo componen el 29 de junio de 2009.

El caso ha seguido creciendo en los últimos meses con un goteo de informaciones que cuestionaban todo su currículum. Títulos inflados en Estados Unidos, como el famoso posgrado de Harvard que en realidad fue un curso de tres días en Aravaca. El Mundo también publicó que aprobó media carrera de Derecho, 12 de 25 asignaturas, en cuatro meses en un centro adscrito a la Complutense. Esta universidad lo está investigando, otro frente delicado pendiente de resolución. Por último, la URJC también verifica su otra carrera en Dirección y Administración de Empresas.

La semana que viene la juez entrará de lleno en la pieza de Casado y saldrán a la luz nuevos detalles. Declaran las tres alumnas imputadas este lunes y varios más, como testigos, para que expliquen en qué condiciones cursaron ellos el máster y averiguar si hubo un trato de favor. También acudirán como investigados los dos profesores que aprobaron las cuatro asignaturas a Casado y las otras tres alumnas, Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos, ya imputados en el caso Cifuentes. Por último, Fernando Suárez, el exrector que firmó en 2008 el acta de convalidaciones.