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La juez espera a Cifuentes

Los principales protagonistas del 'caso máster', excepto la expresidenta, ya se han sentado ante la magistrada para declarar sobre una trama que adquiere mayor dimensión

En vídeo, ¿Qué personajes forman parte del 'caso Cifuentes'?

Enrique Ricardo Medina asegura que, tras matricularse en 2011 en el máster de Derecho Público Autonómico, solo fue un par de días a clase. Que nunca presentó un trabajo. Que nunca hizo un examen. Y que, por supuesto, nunca se sentó delante de un tribunal para defender un Trabajo Fin de Máster (TFM) titulado Concordancias entre los riesgos laborales españoles y argentinos, pese a que un acta reza que así lo hizo el 15 de octubre de 2012. "Pero no", insiste ante la juez, que le pregunta entonces cómo es posible que, más de un lustro después, se pasara a recoger el diploma y no se sorprendiera de que lo hubiese obtenido. "Entendí que me lo habían convalidado", responde. Apenas unos segundos después de afirmar que tampoco pidió nunca ningún tipo de convalidación.

Las palabras de Medina, que ejerce actualmente como profesor en la URJC, se escucharon el pasado 21 de junio en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, adonde acudió para declarar como testigo ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que abrió una causa sobre las posibles irregulares en la concesión del máster a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Un caso que se centraba en la exdirigente del PP, pero que, a medida que avanzan las pesquisas, ha ampliado el foco a todo el Instituto de Derecho Público (IDP), donde se impartía el título y que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde. Es más, primero se investigaba solo un delito de falsificación de documentos públicos y después se añadió el de prevaricación administrativa.

¿Es el caso Cifuentes solo una pieza más de un entramado más grande? Las preguntas de la juez apuntan en esa dirección. Según revelan los escritos y los interrogatorios de la magistrada a los imputados y testigos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la instructora ha detectado más presuntas irregularidades: convalidaciones concedidas sin solicitarse, actas de TFM que nunca se defendieron, firmas falsas, un estudiante que obtuvo el título pese a que abandonó el curso, alumnos que aparecen aprobados sin "hacer ni el huevo", como dijo uno... Todos los principales protagonistas de la historia ya se han sentado en el último mes ante Rodríguez-Medel —aunque Álvarez Conde se negó a declarar—. Todos, excepto Cifuentes, que alegó que tenía "migrañas" el día que debía comparecer. La juez la ha citado de nuevo el 23 de julio.

Su testimonio servirá para avanzar en un caso que estalló el 21 de marzo, cuando eldiario.es publicó la primera información. Aquella mañana, el despacho del rector de la URJC, Javier Ramos, se convirtió en el "camarote de los hermanos Marx", según lo define un abogado de la causa. Por allí pasaron sus asesores, varios profesores, el director del máster y, también, un personaje clave en la historia: María Teresa Feito, asesora en ese momento de la Consejería de Educación. Feito admitió ante la juez que permaneció casi dos horas junto a la sala y que ese día y el anterior habló con varios de los docentes implicados. Ramos asegura que participó activamente en la gestión de la crisis, aunque ella lo niega. Y una profesora, Cecilia Rosado, afirma directamente que les presionó para que fabricaran documentos que avalaran que la expresidenta había cursado el máster: "Me dijo que si no enviábamos el acta del TFM, Cifuentes nos iba a matar".

Pero aquel día no solo se puso en jaque a la jefa del Ejecutivo autonómico, también provocaría que salieran a flote más presuntas irregularidades. Por ejemplo, ¿por qué se convalidó asignaturas con firmas falsas a los diez alumnos incluidos en la bautizada como lista VIP? Rodríguez-Medel trata de averiguar los motivos que pudieron llevar a Álvarez Conde a diseñar este sistema.

El máster que cursó Cifuentes se cerró en 2014 por falta de estudiantes. Unos años antes se lo había sacado Pablo Casado, actual candidato a presidir el PP y al que no se ha citado a declarar (está aforado). El diputado conservador pactó con Álvarez Conde unas condiciones muy ventajosas para obtenerlo: le convalidaron 18 de las 22 asignaturas, no tenía que ir a clase y aprobó las cuatro materias restantes con otros tantos trabajos que apenas sumaron 90 páginas en total y que entregó a unos docentes a los que, según dijo, nunca conoció. Aunque, tal y como reveló después EL PAÍS, fue Álvarez Conde quien le evaluó en tres de esas asignaturas y le calificó con sobresaliente.

Enrique Álvarez Conde, principal imputado en la causa.
Enrique Álvarez Conde, principal imputado en la causa.

"Era un máster deficitario", dijo a la juez el profesor Rodrigo Martín. El primer año, según relató, hubo pocos alumnos. El segundo, algunos más. Pero hubo otro en el que no se hizo. "La carencia [de estudiantes] era una constante hasta que cerró", añadió Martín. En ese sentido también se pronunció Rosado, que estuvo muy vinculada al Instituto y que afirma que para el catedrático el número de alumnos ha sido "una preocupación constante todo el tiempo".

"Labor de apostolado"

La juez llega a preguntar si Conde, principal señalado, hacía "labor de apostolado" del máster. "Él estaba muy preocupado y hablaba con unos y otros para dar a conocerlo", contesta Rosado, sobre una actividad que la URJC no incluye como parte de la carga lectiva del profesor y que se paga aparte. El sistema prevé incluso que, a más alumnos, más se recauda y más sube la tarifa que cobra el docente. Aunque, si faltaban estudiantes, las universidades los suprimían. Todo ello, en una época de crisis en la que los sindicatos calculan que, entre 2010 y 2015, los profesores universitarios perdieron un 30% de poder adquisitivo por los recortes.

Rodriguez-Medel suma ya 14 imputados y ha citado a más de una decena de testigos. Entre ellas, a Pilar Trinidad, jefa de inspección de Servicios de la Universidad y responsable de la información reservada abierta por la URJC. Ella describe una gestión administrativa del IDP caótica: "Todo lo que he visto de convalidaciones lo he visto en la prensa". Esperaba que se lo entregase la directora en funciones, Cecilia Rosado, pero asegura que esta se negó a colaborar.

Trinidad declaró incluso que "nunca" ha pasado por sus manos el acta del TFM que tantas portadas ha copado. "No se la pedí al rector porque esperaba que me la proporcionaran por los cauces oficiales...". Y encontró en los servicios de títulos propios otros "muchos correos en los que se solicita modificación de notas..."; además de detectar que tres personas se inscribieron en diciembre el año de Cifuentes, ella incluida, cuando algunas asignaturas ya se habían terminado de impartir. Pero falta por escuchar todavía a la expresidenta, que continúa en silencio desde que dejara su cargo con estas palabras: "La resistencia de las personas tiene un límite".

La fidelidad inquebrantable al "maestro"

El foco está colocado en las tres profesoras —Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos— cuyas firmas aparecen en el acta del TFM de Cifuentes. Sus declaraciones ante la juez dejan ver cómo estas discípulas de Álvarez Conde tienen interiorizado el escalafón de poder diseñado por su "maestro". "Me parecía un horror ir en contra de la versión de mis superiores", dijo Souto, la única de las tres que no está imputada y que afirmó que su compañera Rosado discutió en 2014 con su jefe y "pasó literalmente al ostracismo". Conde la cambió de despacho y la cesó "para cualquier función en el Instituto". "Yo tenía mucho miedo a romper la relación con él. En la universidad española nos conocemos todos y él era una persona muy relevante", asegura Rosado ante la juez: "Yo estaba muy asustada. Quería publicar. Y necesitaba que él no hablara mal de mí", relató, antes de admitir que fabricó el acta y que las otras dos docentes autorizaron a poner sus firmas —extremo que ambas niegan—. En ese contexto, cuando salta el escándalo, la llama y "empieza la presión absoluta", dice Rosado. "Yo me sentí siempre amenazada. Conde me dijo que quien se desmarcara [de la versión oficial tras estallar el caso] tendría que asumir las consecuencias", añadió López de los Mozos.

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