Borrell acusa a la Generalitat de reabrir embajadas ilegalmente

"No me dejan mucho margen de maniobra". Josep Borrell, el ministro de Exteriores, quería hablar este martes sobre los resultados de la primera reunión que mantuvo el lunes con el conseller de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Ernest Maragall, pero sobre todo para puntualizar algunas cuestiones relacionadas con las denominadas embajadas políticas abiertas o reabiertas por esa autonomía en el extranjero que el consejero catalán entiende sujetas a posibles y diferentes interpretaciones. Para el ministro español esas divergencias no tienen razón de ser. Borrell mantiene que la Generalitat "no ha respetado el procedimiento que establece la ley" de avisar antes al Gobierno central de sus intenciones en ese aspecto, antes de ponerlas en marcha, y prepara todos los procedimientos para retomar los recursos judiciales que emprendió el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy contra esas oficinas antes de aplicar la intervención con el artículo 155 de la Constitución.

Borrell recibió por primera vez en su despacho a Maragall en la tarde del lunes para abordar distintas cuestiones pendientes entre ambas administraciones pero la discusión se centró mucho en el funcionamiento de esas cuestionadas embajadas catalanas en el exterior, que el consejero catalán quiso llamar delegaciones. El propio Maragall aceptó el lunes que la discusión al respecto había sido "clara y franca". Borrell precisó este martes que le gustaría que al "ejercicio de extremo respeto hacia las competencias atribuidas a todas las comunidades autónomas y también a Cataluña" del Gobierno central se respondiese desde esa autonomía con "reciprocidad". Borrell sostiene que ahora no es así, y especialmente en el caso de las embajadas catalanas en el exterior.

El ministro ya le recordó al consejero que según la ley de Acción Exterior vigente y que regula las actuaciones de las distintas administraciones en el extranjero las comunidades que quieran poner en marcha este tipo de oficinas internacionales tienen antes que enviar un informe aclaratorio de sus intenciones al Ministerio. Cataluña no lo hacía antes y tampoco lo ha hecho ahora, cuando publicó en su Boletín Oficial, el pasado 26 de junio, por parte del departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, un decreto (126/2018) "por el que se restablecen las delegaciones del Gobierno de la Generalidad en el exterior en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos de América, Italia, Suiza y Francia". La palabra "restablecer" es clave y no es neutra.

La Generalitat da a entender así que no abre nuevas oficinas sino que "reabre" las que el Gobierno de Mariano Rajoy cerró con el 155. Esas delegaciones, además, ya habían sido recurridas en un tribunal de lo contencioso administrativo por el ejecutivo de Rajoy precisamente por enviar al Ministerio esos informes preceptivos antes de que la implantación del 155 paralizara también esa actuación judicial.

El ministro Borrell constató tras la reunión y discusión del lunes con Maragall que sigue sin aceptar la obligación de ese procedimiento administrativo estipulado. Y fue cuando concluyó que ahora no le queda mucho espacio para demorar alguna actuación más contundente que el diálogo. Borrell concedió que ahora se dará un plazo "para llamar la atención, volver a llamar la atención y si no surte efecto utilizar todos los recursos del Estado de Derecho".

Borrell lo explicó de manera muy simple pero directa y con lo que definió como "lógica aristotélica". Según su criterio, a partir de ahora y teniendo en cuenta que "la Generalitat no ha respetado la ley para restablecer un conjunto de delegaciones", al Gobierno no le queda otra que "reabrir los procedimientos contenciosos contra la anterior apertura". Si la Generalitat entiende que está inaugurando esas oficinas de nuevas tendría que facilitar antes al Ministerio los informes y si las está reabriendo porque se cerraron por el 155 sin haber aportado en su día esos documentos ahora el Gobierno retomará la vía judicial que se había frenado entonces.

Sobre otro de los objetivos manifestados como irrenunciables por Maragall, el de incluir en la agenda del orden del día de la comisión bilateral entre el Gobierno central y el catalán, prevista para la semana que viene, algún aspecto relacionado con el voto por el derecho de autodeterminación, Borrell dejó sentado que la composición de esa hoja de ruta no le compete pero también que "el derecho de autodeterminación no está recogido en la Constitución ni internacionalmente en ninguna parte". Y sentenció: "A ver si se entera el presidente de la Generalitat". El ministro ratificó, además, que la supuesta autodeterminación no se puede poner en una balanza política a negociar con la estabilidad del Gobierno central: "No hay nada más importante para un Estado que su integridad territorial, que es un objetivo indeclinable de todos los Gobiernos".