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Las tumbas sin nombre del Estrecho

Cádiz entierra cada año decenas de inmigrantes fallecidos en su empeño por llegar a Europa

Jesús A. Cañas
Lápidas de inmigrantes marroquíes enterrados en el cementerio de Tarifa.
Lápidas de inmigrantes marroquíes enterrados en el cementerio de Tarifa.Paco Puentes

El sonido del levante desasosiega y perturba en el cementerio de Tarifa. Ventea con tanta furia entre los nichos que crea sonidos espectrales. No es un buen día para el enterrador Francisco Salvatierra, lleva toda la mañana recogiendo los ramos y coronas que el vendaval arranca. Las únicas tumbas que no le dan faena son las 40 que él va señalando con gesto circunspecto. No tienen ni una flor. ‘Inmigrante de Marruecos’, reza en unas pocas de esas lápidas. En la gran mayoría, ni aparece siquiera un nombre, tan solo un número de diligencia judicial o una fecha. “Es muy duro. Vienen solitos y ahí se quedan. En el entierro solo estamos el de la funeraria y yo, pero yo les rezo a todos un Padrenuestro”, reconoce Salvatierra. Son los que, en su búsqueda de una oportunidad, perdieron la esperanza, la vida y hasta la identidad.

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Una macabra coincidencia hizo que el 1 de noviembre de 1988, víspera del día de los Difuntos, apareciese en la playa tarifeña de Los Lances el primer cadáver de un inmigrante ahogado en el Estrecho. En estos 30 años, la luctuosa estadística nunca ha detenido su goteo constante, aunque en los últimos meses se ha acelerado a la sombra de los 17.115 recién llegados en lo que va de año. Desde principios de 2018, ya se han localizado 127 personas fallecidas —en las costas españolas, argelinas y marroquíes— y otras 148 han desaparecido en el mar, según estimaciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

“No hay ni un solo año en el que no haya existido una desgracia mortal. En los cementerios, las tumbas de los inmigrantes son la huella clara y permanente de esta tragedia”, explica Gabriel Delgado, director del secretariado de Migraciones en la diócesis de Cádiz y Ceuta. A 50 kilómetros del cementerio de Tarifa, en el camposanto de Barbate, Pacuchi Tamayo y Nazaret Jiménez cuidan por que ese surco de dolor no se borre de una tumba. Los restos de su marido y padre reposan en el nicho contiguo al de Samuel Kabamba, el niño congoleño de cuatro años que, sin quererlo, golpeó conciencias al aparecer ahogado en enero de 2017 en una playa gaditana. A diario, madre e hija limpian con esmero la lápida del niño y le colocan flores frescas. “¡Cómo no hacerlo, es un angelito y lo tenemos al lado!”, exclama Tamayo emocionada.

Delgado fue el que ofició el entierro de Samuel, en marzo de ese año, y, difícilmente, olvidará el momento. “Es algo a lo que nunca me acostumbro. Lo hago con dignidad, pero lo paso mal. Si con cualquier inmigrante es duro, un niño remueve las entrañas”, reconoce el sacerdote. Apenas transcurrió un mes y medio entre el hallazgo del cadáver y la multitudinaria despedida, a la que pudo acudir su padre —su madre falleció en el mismo naufragio y está enterrada en Argelia— y otros familiares. Pero el caso del pequeño es tan solo la excepción de lo que ocurre habitualmente con los inmigrantes que fallecen en el Estrecho.

De la fosa al nicho

“Por cada persona fallecida que aparece hay otras dos de las que nunca se sabe nada, lo que llevaría a triplicar esta cifra, ya de por sí, horrible”, explica la activista Ana Rosado, de APDHA. Y cuando el mar devuelve un cuerpo ni siquiera hay garantías de que se llegue a averiguar su identidad y que, por tanto, su familia y entorno sepan con seguridad qué fue de él. “Son cadáveres en muchos casos sin documentación alguna, es muy difícil su identificación”, reconoce Sergio Morales, coordinador en Andalucía de la funeraria ASV, concesionaria de la recogida de fallecidos en Cádiz y Málaga.

En 2017, ASV se encargó de 20 cuerpos de inmigrantes en las costas de Tarifa y Algeciras. Pese a la complejidad, con cada hallazgo, se inició una investigación en los juzgados de la zona. El objetivo primordial es “identificar por todos los medios posibles” al finado, como reconocen fuentes judiciales. Mientras, asociaciones y ONG también indagan por su cuenta, como reconoce Delgado: “Nos interesamos por los datos, por una posible clave que dé un compañero de viaje, intentamos seguir esas pistas”. Ni con el hallazgo de familiares y conocidos en la otra orilla, la repatriación se hace siempre viable. El sacerdote recuerda casos en las que se han realizado aportaciones solidarias para logarlo, pero el responsable de ASV reconoce que los costes hacen que el porcentaje de repatriados sea “muy bajo”.

Los cadáveres pueden estar un plazo de dos a seis meses en las cámaras frigoríficas del Instituto de Medicina Legal. La espera acaba cuando, sin familiares ni repatriación posible, el juez ordena un entierro de beneficencia en el cementerio más cercano. Ana Pérez o Paqui Hidalgo, concejalas de Asuntos Sociales de Barbate y Tarifa respectivamente, reciben entonces la llamada: tienen un plazo de 48 horas para organizar el sepelio. Desde que llegó a su cargo en 2015, Pérez ya ha coordinado 15 entierros, el último el pasado mes de abril. Cuando entró en política, nunca llegó a imaginar que le tocaría pasar por un trance así: “Sientes una impotencia y una tristeza terrible”.

Con presupuestos municipales al mínimo, corresponde a los ayuntamientos costeros hacer frente en solitario a los hasta 2.200 euros que cuesta cada sepelio. “No tenemos ayuda de nadie (en referencia al Gobierno o la Junta de Andalucía), pero no sería humano no darles un entierro digno”, reconoce Hidalgo. En el Estrecho, la mayoría acaba enterrados en los cementerios de Tarifa, Barbate, Algeciras, San Roque o Ceuta. En el tarifeño ya son casi sesenta los sepultados en los últimos 30 años. Las ceremonias transcurren en la más absoluta soledad. “Rara vez viene alguien. Al tiempo lo mismo llega algún conocido por aquí buscando, pero no pueden saber a qué tumba rezar o dejar flores”, explica Salvatierra.

En algunas de las lápidas de mármol del camposanto de Tarifa reza ‘Inmigrante de Marruecos’. En otras, tan solo una escueta fecha o un número de diligencia judicial, por si alguna vez su historia pudiese concluir con un final menos amargo. Pero ni siquiera los entierros fueron siempre así. En esa localidad de finales de los 80 desconocedora aún del drama migratorio en ciernes, el camposanto acogió a los primeros 19 ahogados del Estrecho en una austera fosa común. Hoy un monolito y una misa anual en noviembre lo recuerdan.

Delgado consiguió, a su llegada al cargo en 1993, dignificar los sepelios: “Hicimos gestiones para que no se enterrasen en fosas comunes”. La colaboración entre entidades municipales y Obispado —propietarias ambas de los cementerios— lo hizo posible. Ahora, tres décadas después de aquello, el sacerdote alberga otro miedo. “A fuerza de tanto suceso, nos acostumbramos porque cunde la sensibilidad dormida. Tiene que ocurrir algo muy gordo como lo de Samuel para que zarandee conciencias”, reconoce el director de Migraciones.

Y pasará, la muerte sigue al acecho de cada patera en el Estrecho. El pasado 15 de junio la mar se tragó otras cuatro vidas de inmigrantes. Los rescatistas de Salvamento Marítimo no pudieron hacer nada. Encontraron sus cuerpos sin vida flotando en el mar. Despojados ya de la esperanza y la vida, solo resta saber si también perderán la identidad en la tumba que el destino les tenía reservada en la tierra que tanto ansiaban pisar.

820 migrantes en el fin de semana

820 migrantes rescatados en tres días en las costas andaluzas. Ese es el balance de este fin de semana con el que España ya puede haber superado en llegadas a Italia, en lo que va de 2018. Hasta el pasado 11 de julio, a la frontera sur habían llegado 16.295 personas, según datos aportados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sin embargo, a falta de un nuevo conteo oficial, la suma de los 363 inmigrantes del viernes, los 339 del sábado y los 118 de este domingo ya eleva la cifra de rescatados a 17.115 personas, por encima de los 16.933 llegados a Italia desde primeros de 2018 y hasta el pasado 11 de julio.

Durante la jornada de este domingo han sido cinco las pateras auxiliadas por la salvamar Arcturus y el buque María Zambrano de Salvamento Marítimo en el estrecho de Gibraltar, la zona que ha registrado más llegadas en este fin de semana. La primera embarcación -con 68 personas a bordo- ha arribado al puerto de Tarifa, ya que trasladaba a una mujer embarazada y a otra más que han precisado asistencia médica. El María Zambrano ha llevado horas después a otros 60 auxiliados hasta el puerto de Algeciras, mientras que un avión de Frontex y el buque Luz de Mar han continuado con las labores de búsqueda de nuevas pateras, por lo que la cifra aún puede ascender.

En las últimas horas, el incremento de llegadas se ha traducido en nuevas escenas de colapso en la costa de Cádiz, debido al desmantelamiento este pasado martes del polideportivo de Tarifa que daba asistencia a 500 migrantes y a que el nuevo centro anunciado en instalaciones portuarias de San Roque aún no se ha puesto en marcha. Eso hizo que la noche del viernes al sábado, más de 60 inmigrantes acabasen durmiendo en el puerto de Barbate, repartidos entre el hacinamiento en unos pequeños módulos de obra y la cubierta al raso de uno de los barcos de rescate.

Ya durante la tarde del sábado, el Ayuntamiento de Algeciras accedió a ceder un pabellón polideportivo para atender a los migrantes que tienen que superar el plazo de 72 horas de detención e identificación policial. Todo este desbordamiento ha provocado las airadas quejas de asociaciones como APDHA que ha criticado “el trato indigno e inhumano” proporcionado en la noche del viernes a los inmigrantes en Barbate.

El sindicado policial SUP también ha mostrado su descontento por la sobrecarga de trabajo y el auxilio proporcionado a los recién llegados. De hecho, según el SUP durante la mañana de este domingo ha habido problemas en Algeciras para ubicar a los 121 menores llegados en las últimas horas, dada la situación de colapso de los centros de menores de la zona. “Hay una descoordinación total”, ha denunciado uno de los sindicalistas de SUP.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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