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El Gobierno constata un déficit de ejecución de inversiones en Cataluña

El Ejecutivo garantizará a la Generalitat cumplir lo presupuestado tras evidenciar un informe interno un desplome de adjudicaciones del 37%

Madrid / Barcelona

La inversión en infraestructuras en Cataluña será uno de los asuntos clave de la negociación que el Gobierno pretende abrir con la Generalitat si tras la reunión del próximo lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra se reactiva la comisión bilateral entre ambas Administraciones. El Gobierno no irá a la reunión del lunes con ofertas de nuevas inversiones en Cataluña, pero sí garantizará al menos cumplir con las previstas, tras constatar, según un informe interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, que en 2017 el 20% de las presupuestadas quedó sin ejecutar y las adjudicaciones se desplomaron un 37%.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaa, llega a La Moncloa.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaa, llega a La Moncloa. REUTERS

El prolijo informe interno sobre la inversión en infraestructuras en Cataluña que La Moncloa tiene sobre la mesa para preparar la reunión del próximo lunes con Quim Torra revela negro sobre blanco que hay terreno para mejorar este capítulo, uno sobre los que se cimienta el procés. El análisis que ofrece el estudio sobre las actuaciones en Cataluña —actualizado a junio de 2018— destaca que en 2017, a pesar del anunciado plan del Gobierno de Mariano Rajoy para aumentar en 4.200 millones de euros las inversiones en obra pública en esta legislatura, la comunidad cayó a la cuarta posición en volumen de inversión licitada en España y a la tercera en adjudicaciones.

La inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña (que engloba carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vivienda) ascendió a 785,69 millones de euros en 2017. El informe del Gobierno destaca que Cataluña es la primera comunidad en inversión y que la partida ha aumentado un 30% respecto al año anterior. Pero los niveles están aún muy lejos de los anteriores a 2012, cuando las infraestructuras catalanas recibían casi el triple de las cifras actuales (2.280 millones de euros, por ejemplo, en 2010), aunque el desplome de la inversión en obra pública ha sido general en todo el país.

El informe del Ejecutivo recoge en todo caso una ejecución de las inversiones en Cataluña incompleta en 2017, del 78% (por encima, eso sí, de la media nacional) y destaca en rojo dos cifras en las que se produce una caída significativa. Las licitaciones caen un 6%, por la fuerte bajada en licitación de inversión en carreteras; y las adjudicaciones se desploman un 37% comparadas con las de 2016.

El Gobierno socialista ignora por qué se ha producido esa caída en las licitaciones y el desplome en las adjudicaciones (que apuntan al seguimiento a futuro de proyectos y obras) que ha heredado del Ejecutivo del PP y que ha constatado en el informe que han elaborado técnicos gubernamentales del anterior gabinete. Pero con esos datos sobre la mesa y ante la apertura del diálogo que espera abrir Pedro Sánchez con Quim Torra este lunes en La Moncloa sí garantizará a la Generalitat que cumplirá, al menos, con las inversiones presupuestadas, trasladan fuentes del Gobierno.

El Ejecutivo quiere que “la actuación del Estado sea visible y positiva en Cataluña”, explican fuentes gubernamentales. En ese propósito político se enmarca la actuación sobre las inversiones en infraestructuras en la comunidad. No es el único, pero sí uno de los capítulos más importantes para tratar de lograr que la fiebre independentista baje.

El jefe del Ejecutivo no va a llevar a la reunión del lunes en La Moncloa con el presidente de la Generalitat ningún ofrecimiento de inversiones extra hasta que no se ponga en marcha la comisión bilateral Estado-Generalitat a la que se quiere derivar la negociación política entre ambas Administraciones. En el Gobierno creen que sería un avance positivo que la Generalitat entrara en esa dinámica, en el debate de la gestión, porque ese sería un “marco de normalidad”. Y dentro de ese marco sí se pueden negociar inversiones. En todo caso, las nuevas actuaciones tendrán que encuadrarse en los próximos Presupuestos Generales y dentro del margen que permita el techo de gasto. Y el marco económico es “ajustado”, avisan en el Gobierno.