El juzgado cita al principal implicado del ‘caso máster’ para una prueba caligráfica
La magistrada, tras las denuncias de falsificaciones de firma, quiere contrastar su letra con otros documentos ya incorporados a la causa, según informan fuentes jurídicas
![J. J. Gálvez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fe1fe47bb-fbcf-41d9-8602-c7522ae705ee.jpg?auth=539b72e066731e3093d75ad47e0353d9c24168bc6de1a15cfcabbf3a0d5189d6&width=100&height=100&smart=true)
![Enrique Álvarez Conde, a la salida del juzgado la pasada semana.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/HLM5F4P46TUYIELMDSYJIUPV5I.jpg?auth=f25f0cc6daf257f124e69ab128907bedc6501af5eb0e594b2456d029ad25e455&width=414)
El juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, encabezado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, ha citado el próximo 10 de julio a las diez de la mañana al principal implicado en el caso máster, Enrique Álvarez Conde, para que haga una prueba caligráfica. Según informan fuentes jurídicas, la investigadora quiere tomar el "cuerpo de escritura" del director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para contrastarlo con documentos ya incorporados a la causa. Varios profesores han denunciado que falsificaron sus firmas en las actas de las asignaturas.
Álvarez Conde, pieza clave en la instrucción, se negó a declarar la pasada semana ante la juez tras su citación como imputado. El catedrático expuso que "desconoce con precisión" los hechos que se le atribuyen y dijo que aún quedan "numerosas diligencias" por practicar y cuyo resultado debe de conocer antes de hablar. Un argumento que esgrimió pese a que el día que saltó el escándalo compareció en una rueda de prensa junto al rector y defendió la inexistencia de irregularidades en la concesión del título a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En ese momento, el director del máster atribuyó a "un error" técnico el cambio de las calificaciones de la exdirigente del PP.
Los profesores Laura Nuño, Alfredo Allué y Ángela Figueruelo ya afirmaron en abril que las firmas de los aprobados de tres asignaturas de Cifuentes son falsificadas. "La firma es absolutamente falsa. No aguanta un asalto en una pericia caligráfica. Es muy burdo. Mi z aparece igual a la de Enrique Álvarez Conde", dijo Allué. Por su parte, Álvarez Conde remitió el 10 de abril de 2018 un escrito al juzgado, incorporado al sumario de la causa, donde asegura que, "con el objetivo de agilizar el funcionamiento del grupo de investigadores y con base en la confianza generada por años de trabajo conjunto", en ocasiones pidió a la profesora Cecilia Rosado —también imputada— que "firmara por otros miembros" del grupo. "Siempre con la indicación de que estos estaban de acuerdo. Convencimiento al que yo había llegado, bien de modo directo tras hablar con ellos, bien entendiéndolo presunto, dada la menor relevancia del trámite y su consentimiento anterior en ocasiones similares", añadió el director del máster.
La juez investiga si el Instituto de Derecho Público, que dirigía Álvarez Conde, inflaba presuntamente el número de matriculados que aprobaban por algún motivo económico.
La Guardia Civil se persona en la URJC para investigar quién filtró los datos de Cifuentes
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este jueves en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para recabar información sobre los pantallazos de las calificaciones de Cristina Cifuentes que se publicaron en la prensa, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. Esta actuación se produce después de que el magistrado del juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez, imputase al director y a una redactora de eldiario.es, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique respectivamente, por "descubrimiento de secretos" tras la querella presentada contra ellos por la expresidenta de la Comunidad de Madrid. El juez también imputó a Salvador Perelló, profesor de la URJC y al que otro diario señaló como la supuesta fuente de los periodistas. Según informaron los propios imputados, la fiscalía quiere saber quién accedió al sistema de la universidad, quién hizo los pantallazos de los datos y quién los filtró posteriormente.
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