La Manada provoca un roce entre el Gobierno y la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado se mostró este lunes contraria a la propuesta que el Gobierno hizo tras conocerse la libertad provisional de los cinco integrantes de La Manada de que la Abogacía del Estado se persone para defender a las víctimas en todas las causas abiertas por agresión sexual. Pese al rechazo, el Ministerio de Justicia insiste en estudiar esta posibilidad y recuerda que los servicios jurídicos de tres comunidades ya hacen este papel en procesos judiciales penales. Entre ellos, los de Navarra, personados, precisamente, en el caso de La Manada.

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La reacción de la Fiscalía se produjo después de que el viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, mostrase tras la reunión del Consejo de Ministros la disconformidad del Ejecutivo con la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad provisional a los cinco integrantes de La Manada hasta que se resuelvan los recursos y sea firme la sentencia. Celaá aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quería mejorar la protección de las mujeres ante la violencia sexual y que por eso iba a estudiar personarse en los procesos por este tipo de delitos en defensa de las víctimas. Fuentes gubernamentales precisaron más tarde que esa personación no sería ya posible en causas ya abiertas, como es el caso de La Manada.

Para la Fiscalía General —que dirige en funciones el teniente fiscal Luis Navajas tras el cese de Julián Sánchez Melgar— esta propuesta del Gobierno es innecesaria ya que “la defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia”. Y recordaba que así lo recogía la Constitución y el estatuto que regula el funcionamiento de la Fiscalía. Esta postura es respaldada por la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), las más representativas del colectivo. Cristina Dexeus, presidenta de la AF, considera que la propuesta fue “un patinazo” que no tiene explicación en un Ministerio, el de Justicia, encabezado precisamente por un fiscal, Dolores Delgado. “La función de dar mayor protección a las víctimas ya la cubren los fiscales y de muy buen grado”, añade. Emilio Fernández, de la UPF, recalca que “si el Gobierno quiere mejorar la atención a las víctimas, idea que compartimos, sólo tiene que dotar de más medios a la Fiscalía y a las oficinas de atención a las víctimas”. Varios abogados del Estado consultados también rechazan la propuesta de asumir estas nuevas competencias.

Un portavoz del Ministerio de Justicia defiende la propuesta, aunque recalca que aún está “sin cerrar”. “No ponemos en duda el papel de la Fiscalía, pero eso no quita para que el Gobierno estudie si puede hacer más”, asegura. Y añade que también se contempla la posibilidad de que los servicios jurídicos del Estado se pongan a disposición de las víctimas para prestarles asesoría externa. No obstante, insiste en que no se descarta la idea de personarse como acusación, y pone como ejemplo el papel que juegan los servicios jurídicos de los gobiernos regionales de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Navarra, que ya lo hacen en las causas por determinados delitos graves, como crímenes machistas. También admiten que, de salir adelante la propuesta, habrá que modificar leyes, reforzar la Abogacía del Estado y reorganizarla.