El Constitucional abre la puerta a que las comunidades declaren zonas libres de ‘fracking’

Desde que el PP llegó a La Moncloa en 2011 los intentos por impulsar la extracción de gas esquisto a través de la fractura hidráulica desde la Administración central fueron una constante. Se modificaron leyes e, incluso, se cambió la Ley del Sector de Hidrocarburos para que los Ayuntamientos y propietarios de terrenos se beneficiaran económicamente de las explotaciones de los yacimientos de este gas.

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Pero la oposición a esta técnica no se quebró en España. El problema ha residido desde el principio en la forma en la que se extraer este tipo de gas no convencional del subsuelo. Para poder sacarlo es necesario romper la roca en la que se aloja a través del fracking, que consiste en inyectar a través de los pozos agua a presión mezclada con arena y varios productos químicos. La oposición a la técnica (por sus posibles afecciones a los acuíferos, por ejemplo) arrancó entre los grupos ecologistas y, de ahí, pasó a algunos Ayuntamientos (que aprobaron mociones) y a varios Gobiernos regionales, que empezaron a legislar para impedir el uso del fracking.

Cantabria, La Rioja y Navarra aprobaron leyes en las que directamente establecían la prohibición de emplear esta técnica de extracción de gas no convencional dentro de su territorio. Y el Constitucional anuló todas esas normas en 2014 y recordó a los Gobiernos regionales que las competencias en materia de planificación energética eran del Estado.

Cataluña y País Vasco intentaron seguir otro camino. No figuraba en sus normas la prohibición absoluta, pero si se introducían cambios en diferentes leyes sectoriales (las competencias mediambientales o urbanísticas están en manos de las autonomías) que hacían prácticamente inviable el empleo del fracking. El Constitucional también anuló esta vía. Primero la de Cataluña, en 2016, y luego la del País Vasco, en 2018. Esta última sentencia salió adelante con un voto particular que firmaban tres magistrados contra el fallo. 

"Una norma novedosa"

Castilla-La Mancha aprobó en 2017 su norma. Y el Constitucional entiende ahora que la del Ejecutivo de Emiliano García-Page es "una norma novedosa y no examinada hasta la fecha, consistente en habilitar a la Administración autonómica para que esta efectúe una zonificación del territorio de la comunidad autónoma". Y dentro de esa zonificación, prosigue la sentencia, se delimiten "áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida". Remarcan los magistrados que esta es una vía diferente y que "no procede anticipar ni hacer hipótesis sobre los resultados de esa zonificación que se encomienda a la Administración". 

Para llevarlo a cabo, el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que elaborar ahora un plan estratégico que contenga esa zonificación. Y la Junta ya avanzó ayer que en ese plan se vetará el uso de esta técnica.

La burbuja del fracking en España (y en gran parte de Europa) se pinchó gracias en gran parte a la presión social contra esta técnica, que encontró el rechazo en muchos Consistorios afectados y algunas comunidades autónomas, que se movilizaron para legislar en su contra. También en el Congreso los pronunciamientos de la mayoría de partidos contra el fracking se hicieron habituales.

Cuando el debate se estaba iniciando, cinco compañías (que lideraban el movimiento profracking) constituyeron una plataforma: Shale Gas España. Todas han acabado renunciando a sus proyectos en España.