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El proceso para trasladar a Franco fuera del Valle de los Caídos

El Gobierno buscará un acuerdo con la Iglesia y de no lograrlo, podría disponer de un recurso legal

Dos turistas, este martes, ante la cruz de 130 metros del Valle de los Caídos. FOTO: AP / VÍDEO: ATLAS

El Gobierno está decidido a actuar en el Valle de los Caídos y trasladar los restos de Franco, pero quiere hacerlo con el mayor consenso y garantías jurídicas posibles sin dilatarlo demasiado en el tiempo. Estos son los pasos e inconvenientes que pueden surgir en el proceso.

Las criptas laterales, donde fueron enterradas más de 33.800 personas, son un “cementerio público especial” donde el Estado es competente para actuar. Pero la basílica, donde se encuentran las tumbas de Franco y Primo de Rivera, es un cementerio religioso, por lo que el primer paso para el traslado de los restos del dictador es hablar con la Iglesia.

El abogado Eduardo Ranz, que ha logrado las resoluciones favorables para exhumar en las criptas donde hay republicanos enterrados en contra del deseo de sus familias, sugiere que podría incluso solicitarse la implicación de la Casa del Rey y explica que si la Iglesia no diera su consentimiento —La Razón adelantó que el arzobispo de Madrid no tiene interés en oponerse— habría un recurso legal. Se trataría de dejar sin efecto el decreto ley del 23 de agosto de 1957 que atribuía la administración del lugar a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyos fines eran “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada”.  La ley de 1982, reguladora del Patrimonio Nacional, permitiría dejar ese decreto de 1957 sin efecto, añade el abogado. La disposición tercera de dicha norma establece en su disposición final tercera que: "se autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, regular las materias objeto del Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 con las finalidades siguientes:

- adecuar la Fundación a los preceptos de la ley de patrimonio y establecer un nuevo régimen jurídico de sus bienes, disponiendo, cuando proceda, su integración en el Patrimonio del Estado.

- proveer, especialmente al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas".

La fundación a la que el decreto de 1957 atribuía la administración del Valle carece de patrimonio (sus bienes son de dominio público), en la práctica sus rentas son las transferencias de los Presupuestos del Estado y sus dotaciones se han adquirido directamente por Patrimonio Nacional.

El siguiente paso, añade Ranz, sería constituir "una comisión gestora en cuyo patronato estén representados el CSIC, Aranzadi [antropólogos forenses], expertos jurídicos y políticos para, en un plazo de tres a seis meses, desarrollar la resignificación completa del monumento”. Esta comisión se diferenciaría del comité de expertos nombrado por el Gobierno de Zapatero en 2011 en que tendría capacidad ejecutiva" para actuar.

Desde el punto de vista técnico, el forense Francisco Etxeberria, que ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, Salvador Allende y Pablo Neruda y participado en centenar de exhumaciones,  asegura que trasladar los restos de Franco, sepultado bajo una losa de granito de 1.500 kilos, no presenta, en principio, grandes complicaciones. “No haría falta la intervención de un forense. Bastaría con los servicios funerarios”.

Sí resulta compleja la exhumación e identificación de los restos inhumados en las criptas laterales, donde están los familiares de republicanos enterrados sin su consentimiento. Los forenses enviados en distintos momentos para comprobar el estado de los restos comprobaron que las filtraciones de agua habían deshecho muchas de las cajas de madera donde fueron inhumados los cuerpos y los huesos se habían apilado y mezclado de forma que tratar de identificarlos individualmente sería de “una complejidad extrema”. Etxeberria, no obstante, cree que hay que intentarlo. El pasado abril, después de un tira y afloja administrativo entre las familias y Patrimonio Nacional, se realizaron los trabajos preliminares de exhumación en los columbarios donde varias familias creen que fueron enterrados sus seres queridos, como la de Manuel Lapeña, de 94 años, que considera un insulto que su padre esté en el mismo lugar que su verdugo.