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La Fiscalía pide al Supremo que mantenga el procesamiento por rebelión contra los líderes del ‘procés’

Los procesados piden a la Sala de Apelación que anule el auto por el que Llarena les procesó

Josep Rull y Jordi Turull acuden a declarar al Tribunal Supremo, el pasado 23 de marzo, horas antes de que el juez Llarena decretara su ingreso en prisión.
Josep Rull y Jordi Turull acuden a declarar al Tribunal Supremo, el pasado 23 de marzo, horas antes de que el juez Llarena decretara su ingreso en prisión.

La Fiscalía ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que mantenga el procesamiento por rebelión y malversación de todos los líderes independentistas a los que el juez Pablo Llarena ha atribuido estos delitos. La Sala de Apelación ha revisado los recursos de las defensas contra el auto de procesamiento y el ministerio público ha pedido al tribunal que confirme las acusaciones de los 25 líderes contra los que el juez ha dirigido la causa. La Sala comunicará su decisión en los próximos días y si ratifica el auto, el Supremo suspenderá automáticamente del cargo público a los diputados procesados por rebelión contra los que se haya dictado una orden de ingreso en prisión. En principio, esta medida afectará al expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Toni Comín y al exresidente de la ANC Jordi Sànchez.

Fuentes presentes en la vista de este lunes señalan que las defensas de los procesados han sostenido que el alto tribunal no tiene competencia para instruir este caso porque ya hay otros tribunales que están investigando los mismos hechos y porque en esos juzgados (el de Instrucción 13 de Barcelona y la Audiencia Nacional) se están incorporando pruebas que luego se trasladan al Supremo lo que, en su opinión, les genera indefensión.

Además, los abogados han pedido que les anulen el procesamiento por rebelión porque no se dio la violencia que exige este tipo penal. Las defensas de los procesados han insistido en que la única violencia que hubo durante el procés fue la “represión policial” frente al “festivo interés” de los independentistas por ejercer su libertad de expresión. Los procesados tampoco consideran probado que se gastara dinero público para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre, por lo que pedido que se anule el procesamiento por malversación.

Algunas de las defensas han pedido tanto que se anule el auto de procesamiento como que se revoque la prisión preventiva decretada contra nueve de ellos. En este sentido, varios abogados han dejado entrever que esperan que con el cambio de Gobierno central se flexibilice la postura de la Fiscalía, que hasta ahora ha pedido que se mantengan los encarcelamientos preventivos. “La política penitenciaria también es negociación”, ha afirmado el abogado Andreu Van den Eynde, que defiende al exvicepresidente Junqueras.

La Fiscalía, por su parte, ha advertido al tribunal que si estima alguno de los recursos y anula el procesamiento contra algunos líderes independentistas se perderá el sentido de “organización” delictiva que narra el juez en su auto y que es la base del delito de rebelión.