El momento de una nueva política penitenciaria

Otra vez los caprichos del calendario han incitado al PP a trampear al atribuir al PSOE compromisos inexistentes con el nacionalismo a cambio de su apoyo a la moción de censura de Sánchez. En este caso, referidos a la política penitenciaria. Diez días después de constituirse el Gobierno, el Parlamento vasco ha aprobado por un 85% —todos menos el PP— el acercamiento de presos de ETA a Euskadi y la reactivación de la reinserción. Era fruto de un acuerdo de fines de abril, al hilo de la disolución de ETA, materializado parlamentariamente esta semana. El acuerdo es, además, uno de los puntos del pacto de Gobierno PNV-PSE, suscrito en 2016. Nadie sospechaba entonces que Sánchez censuraría a Rajoy.

Más información

El 35% de los vascos cree que Sánchez debería acercar a los presos de ETA

El Parlamento vasco insta a Sánchez a modificar la política penitenciaria

Actualmente, hay 242 presos etarras en cárceles españolas, el 90% en primer grado y alejados de Euskadi. El Parlamento vasco opina que no tiene sentido aplicar la política penitenciaria de la etapa antiterrorista, como el alejamiento de presos, cuando ETA ha desaparecido y una mayoría de reclusos asume la legalidad. Es más. El Gobierno vasco mantuvo contactos informales con el de Rajoy hasta febrero y se emplazaron para revisar la política penitenciaria cuando se consumara la disolución. Lo ha impedido la caída del Gobierno con la moción de censura.

El plan que el Gobierno PNV-PSE presentó a Rajoy consistía en un cambio gradual. Primero, el acercamiento de los enfermos graves. Después los demás, caso a caso, a cárceles hasta 250 kilómetros de Euskadi, siguiendo a Francia que ya lo ha hecho con el 30% de sus 50 presos. Y, finalmente, una política individualizada de reinserción, con una aplicación flexible de la ley.

Rajoy, que entendía la propuesta, admitía sentirse muy presionado por representantes politizados de algunas asociaciones de víctimas. Le reprochaban el incumplimiento de compromisos imposibles, como el mantenimiento de la Doctrina Parot y la ilegalización de Bildu, adquiridos cuando el PP, en la oposición al Gobierno de Zapatero, utilizó a las asociaciones como arma movilizadora. Pero el nuevo Ejecutivo carece de ataduras. El Gobierno de Zapatero ejecutó una política activa de reinserción de presos y el PSOE la ha seguido defendiendo.

El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impulsó, desde la Audiencia Nacional, la política socialista de reinserción con autos de referencia y sus nombramientos —como Angel Ortiz, responsable de Instituciones Penitenciarias— siguen esa estela. Como objetivo que fue de ETA sintoniza con las asociaciones. Puede ser el personaje idóneo para que el Gobierno impida que representantes politizados de estas marquen su política penitenciaria como ha sucedido con el PP.

Al nuevo Gobierno le tocará hacer pedagogía y aclarar que ETA no está más derrotada por aplicar a sus presos una política penitenciaria inflexible. Fue derrotada por la democracia al disolverse sin lograr sus objetivos y esa es la base del relato que tendrá a las víctimas como protagonistas. El acercamiento de presos y una política penitenciaria adaptada al tiempo sin terrorismo evitaría penalizar a sus familias, contribuiría a la convivencia y resaltaría la grandeza de la democracia sobre la miseria del terrorismo. Es el momento.