Una peculiar ley del embudo

Contrario a los exámenes a lo largo de los estudios, Francisco Giner de los Ríos propuso "el ingreso en las Facultades por oposición, un examen tanto más serio en cuanto está llamado a ser el único". Quería asegurar un nivel suficiente y homogéneo en los universitarios, limitando su número, y liberarlos del peso de los exámenes, y su idea fue ya recogida por los ministros García Alix y Romanones. Una incoherencia sólo aparente, pues eliminar los exámenes requeriría un estrecho conocimiento de los alumnos por sus profesores, lo que hoy diríamos una ratio reducida, pero la universidad era para pocos y contaba con recursos escasos, por lo que, al contrario que en la enseñanza universal, rebajar ratios pasaba por reducir alumnos. En esas seguimos.

Impone la economía que la universidad sea costosa (un alumno/año cuesta un 70% más que en primaria, y en las carreras más solicitadas un 50% más que en las menos); y quiere la política que devenga masiva (nuestra escolarización neta, a la edad prevista, alcanza ya a tres de cada diez alumnos y la bruta, a cualquier edad, a cuatro, lo que cuadra con el objetivo 2020 de la UE). Cuando era muy minoritaria era muy injusta la elección de los elegidos (Bourdieu), pero no una gran carga económica. Cuando se masifica es sólo algo menos injusta (mejora por abajo, pues accede más gente y más diversa, pero no tanto por arriba, pues se jerarquiza horizontal y verticalmente, entre especialidades y universidades y entre niveles), pero se convierte en una carga más pesada para quien paga, sean los estudiantes y sus familias (como en Estados Unidos o Chile, donde sobrevuela una burbuja universitaria, es decir, una masa lastrada por deudas que no podrán pagar) o las Administraciones (como en Europa, donde el conflicto por la financiación es recurrente).

Mientras tanto, no se asegura la calidad universitaria y se yugula la enseñanza general. Los exámenes de acceso son malos predictores del rendimiento posterior, peores incluso que las notas de secundaria. La diferencia de criterios entre comunidades hace que su dificultad sea muy dispar, lo que trae inequidad y agravios en un distrito único (y la ruptura de este fraccionaría más la ciudadanía, a lo que la enseñanza ya ha contribuido demasiado).

Sobre todo, la prueba de selectividad impone una peculiar ley del embudo a la enseñanza universal, en particular secundaria, pues cuanto más se acerca más se ciñen enseñanza y aprendizaje a lo que será objeto de examen, tanto en contenido (materias priorizadas) como en método (memorización). No menos importante, el monopolio del indicador académico impide abordar objetivos sociales como incorporar inmigrantes y minorías a la universidad (único país europeo que no monitoriza estas características o equivalentes), orientar más mujeres a estudios STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas) o devolver varones a la docencia inicial. Soslaya, asimismo, reconocer aprendizajes previos no realizados en la escuela, cuando esta ya no monopoliza el conocimiento, el aprendizaje ni la enseñanza.

Nuestra selectividad no asegura ya ni calidad ni equidad. Hora, pues, de repensarla.

Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología y coordinador del Doctorado de Educación de la Universidad Complutense.