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Los letrados del Congreso rechazan la revisión de los vetos del Gobierno en bloque

El informe jurídico abre la vía por separado a las proposiciones bloqueadas al amparo del Constitucional

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, tras una reunión de la Mesa del Congreso.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, tras una reunión de la Mesa del Congreso.

Los letrados del Congreso han descartado la reconsideración de oficio, en bloque y con efecto retroactivo de los cerca de 60 vetos del Gobierno a proposiciones de ley de los grupos, como solicitó el PSOE tras la sentencia del Tribunal Constitucional que a mediados de abril reconoció el derecho del Congreso de los Diputados a tener la última palabra respecto a los bloqueos del Gobierno sobre iniciativas parlamentarias. Pero admiten que las proposiciones pueden volver a registrase una a una para seguir su trámite.

La Mesa del Congreso recurrió el pasado 24 de abril a los servicios jurídicos para resolver la situación creada con la sentencia que sobre el conflicto planteado entre los poderes legislativo y ejecutivo después de que el Gobierno acudiera al Tribunal Constitucional para neutralizar la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

En el informe, los servicios jurídicos advierten de que el fallo del Constitucional solo tiene “efecto jurídico directo” sobre uno de los vetos impugnados (el de la derogación de la LOMCE), aunque, para garantizar el "principio de seguridad jurídica y de conservación de los actos", no sobre los acuerdos adoptados con anterioridad por la Mesa respecto a otras iniciativas.

El informe, no obstante, admite que la sentencia del Constitucional crea jurisprudencia y abre la puerta a la revisión por separado de los vetos presentados a iniciativas cuyo impacto económico no recaiga sobre los Presupuestos en vigor (como establece la prerrogativa constitucional del Gobierno) y reconoce la potestad a la Mesa para rechazar los vetos que no se ajusten a la sentencia.

Los letrados abren la posibilidad de pedir la reconsideración de 40 iniciativas vetadas que no se había solicitado su reversión y que el Gobierno, a partir de la sentencia, amplíe o concrete los motivos por los que frenó su tramitación. Aunque previenen de que cabría la posibilidad de que los requisitos de la sentencia sean exigibles solo a partir del momento en que se dictó y no con efectos retroactivos. Respecto a otras 13 iniciativas vetadas y rechazadas por la Mesa, el informe jurídico considera que no cabe una nueva reconsideración.

Sin embargo, apunta que los grupos parlamentarios siempre pueden volver a registrar las proposiciones de ley vetadas para que inicien otra vez su tramitación al amparo de la nueva jurisprudencia.

La sentencia del Tribunal Constitucional movió a la oposición a replantear las proposiciones vetadas. El pasado 19 de abril, el PSOE solicitó la tramitación de nuevo de más de medio centenar de iniciativas sociales. En el escrito dirigido a la Mesa del Congreso, el Grupo Socialista instó, en particular, a que fuera reconsiderada la tramitación de 11 de sus proposiciones de ley vetadas. Entre ellas, la proposición de ley sobre la universalización de la asistencia sanitaria pública; la de la supresión de las tasas judiciales; la de revalorización de las pensiones; la de modificación del IVA en las actividades culturales; la de regulación de la unidad de convivencia a efectos de pensiones; la de mejora de la pensión de viudedad en casos de menores ingresos; la de reconocimiento de derechos en favor de quienes padecieron violencia durante la guerra civil o la dictadura; la de la creación del fondo de accesibilidad universal y la de la adaptación de la Ley de Propiedad Horizontal a los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Días después, Unidos Podemos aprovechó esta sentencia y registró de nuevo 21 proposiciones que le había vetado el Gobierno a lo largo de la legislatura, una vía avalada ahora por los servicios jurídicos de la Cámara. La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha advertido este jueves antes de conocer el contenido del informe jurídico de que su grupo en caso de que no fuese aceptada la reconsideración volvería a registrar todas las iniciativas. En cualquier caso, la Mesa, en la que PP y Ciudadanos cuentan con cinco de sus nueve miembros, tiene la última palabra.

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