La legislatura afronta dos semanas clave pendiente de Cataluña y los Presupuestos

El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, avanzó ayer su deseo de asumir hoy formalmente el cargo y de nombrar mañana o pasado a sus consejeros. La formación del Govern implicará la desactivación del artículo 155 —en aplicación del acuerdo adoptado por el Senado para regular su aplicación— y facilitará el apoyo del PNV a los Presupuestos generales —los nacionalistas vascos vinculan su voto al fin de la intervención—. Sin embargo, la clara apuesta por la ruptura de Torra llena de incertidumbre al Ejecutivo. Las cuentas públicas se votarán probablemente entre el 21 y el 24 de mayo en el Congreso, y cualquier ilegalidad del nuevo Govern aumentará la presión de Ciudadanos y pondrá a Rajoy ante la tesitura de aplicar otra vez el artículo 155, aunque eso ponga en peligro el apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos.

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En el Gobierno han querido ver en las últimas fechas un cambio de actitud del PNV, donde sitúan voces que admiten que el mantenimiento de la intervención de Cataluña no ha sido consecuencia de un deseo de Mariano Rajoy, sino del empecinamiento de los independentistas en no proponer candidatos viables a la investidura. Los contactos del lehendakari Iñigo Urkullu con importantes representantes del independentismo catalán han sido constantes, por lo que conoce de primera mano por qué se ha retrasado cinco meses la formación de un nuevo Govern. Y el perfil radical de Torra, argumentan fuentes de la dirección del PP, no ayudará a que los nacionalistas vascos opten por perder las ventajas que obtienen en los Presupuestos para defenderle.

Sin embargo, los portavoces del PNV siguen argumentando en público que no apoyarán las cuentas públicas mientras esté en vigor el artículo 155 —lo que incluye una hipotética segunda activación—. Su oposición es de principios, porque nada impide que la previsión constitucional se aplique en el futuro en Euskadi. Y ahora va incluso más allá: el PNV tampoco acepta la intervención de las finanzas catalanas, que se ejecuta al margen de esta previsión constitucional. Una exigencia que también expresó ayer en Berlín el propio Torra.

Así, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirmó ayer que la constitución del nuevo Gobierno de Cataluña debería conllevar “el levantamiento” y la “desaparición definitiva” de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esta comunidad autónoma, así como la retirada de toda medida de control sobre las cuentas catalanas que resultara singular y distinta de la de otras comunidades autónomas acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dado que lo contrario supondría una “anomalía”. Y argumentó: “Si se restablece la normalidad en Cataluña, lo lógico es recuperar la normalidad y la confianza en todos los ámbitos”, una clara referencia a la intervención de las finanzas catalanas, que el Gobierno ejecuta de forma previa e independiente al artículo 155, y que ayer Rajoy y Pedro Sánchez se comprometieron en mantener.

“El Estado de derecho no pone un ojo, pone dos ojos en el uso de los recursos públicos”, resumió ayer el secretario general del PSOE, que recordó que la intervención de las finanzas catalanas es muy anterior a la activación del artículo 155, puesto que se adoptó en noviembre de 2015.

Ni un euro público

“El acuerdo entre el PP y el PSOE garantiza que ni un euro de dinero público de Cataluña sea destinado a este mal llamado proceso independentista”, reafirmó el coordinador nacional del PP, Fernando Martínez-Maillo, tras asistir al comité ejecutivo de su formación, que presidió Rajoy.

Los dos principales partidos esperan lograr el apoyo de Ciudadanos a la medida. No obstante, esa alianza a tres no se repetirá para aprobar los Presupuestos.

El Gobierno espera lograr los 176 votos necesarios sumando los 134 del PP, los 32 de Ciudadanos, los 5 del PNV, los 2 de UPN, y los singulares de Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Luego los Presupuestos irían al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Que esa alianza tenga éxito, como ocurrió en 2017, o fracase, marcará la legislatura.

Fuentes de la dirección nacional del PP dan por descontado que será extremadamente difícil aprobar los Presupuestos de 2019 porque ese año hay elecciones locales, autonómicas y europeas, lo que dificultará que los rivales electorales se conviertan en aliados presupuestarios. En consecuencia, la propia duración de la legislatura, que Rajoy quiere apurar hasta 2020, depende de que en 2018 se aprueben las cuentas, por si hay que prorrogarlas al año siguiente.

Este objetivo depende en gran medida de Cataluña: los primeros días de Torra al frente de la Generalitat pondrán a prueba la alianza de los partidos constitucionalistas y el acuerdo presupuestario del PP con el PNV.