El PNV mantiene el veto a las cuentas por la crisis catalana

Hace un año, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que negociar hasta el último minuto del plazo permitido para tratar de parar al PNV. Este grupo parlamentario tenía preparada una enmienda de totalidad a los Presupuestos de 2017, que no llegó a presentar ante el acuerdo con el Gobierno de última hora. Un año después, la situación puede repetirse, aunque por razones no exactamente económicas.

Los números le cuadran al PP y al PNV, después de negociaciones celebradas hace meses con compromisos a corto, medio y largo plazo sobre actuaciones en el País Vasco. Pero ahora el escollo, de momento insalvable, no está en Madrid ni en Vitoria, sino en Cataluña. Si el Gobierno mantiene activado el artículo 155 de la Constitución, el PNV no apoyará las cuentas del Estado, aunque le perjudique.

En las últimas horas se ha recrudecido la crítica tras los nuevos encarcelamientos de dirigentes catalanes y la detención en Alemania del expresidente catalán Carles Puigdemont. Aun así, el Gobierno mantiene en público y en privado su convicción de que las circunstancias cambiarán y en el primer examen de las cuentas, a finales de abril, el PNV dará el primer paso de apoyo al no presentar una enmienda a la totalidad, como sí hará el PSOE y Unidos Podemos.

La posición de no beligerancia la deben sostener también Coalición Canaria, Foro Asturias, PAR y Nueva Canarias, una vez que Ciudadanos ya anunció el lunes su apoyo al atribuirse las bajadas de impuestos, la subida de las pensiones más bajas, y otros logros que figuran en las cuentas de 2018.

Mientras, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y los ministros de Economía y Hacienda, Román Escolano y Cristóbal Montoro, respectivamente, presentaban el acuerdo de Consejo de Ministros de aprobar los Presupuestos, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, advertía de que con su grupo no podrán contar por ahora. “EAJ-PNV ya ha dicho en repetidas ocasiones que el artículo 155 ha provocado una situación de grave excepcionalidad en el Estado español y que, mientras esté en vigor, no vamos a negociar los Presupuestos en absoluto”, difundió en un escrito. “La interpretación que se ha hecho del 155 es absolutamente extensiva y pone en cuestión y en riesgo el autogobierno, no solo de los catalanes sino también vasco”, justificó. “Por lo tanto, mientras esto no se normalice, nosotros no vamos a entrar a negociar el Presupuesto de 2018”.

Por si este aviso no fuera suficiente, se produjo otro encontronazo del que estos miembros del Gobierno tuvieron conocimiento al término de la conferencia de prensa en un corrillo informal. Llegó a sus oídos la queja del Gobierno vasco ante la intención del central de recurrir al Tribunal Constitucional los presupuestos autonómicos de 2018. Se considera que el incremento salarial del 1,5% para los funcionarios aprobado en Vitoria supone una “extralimitación” competencial. “Se trata de un gesto inamistoso e incomprensible que no ayuda a favorecer un clima de entendimiento para sacar adelante los Presupuestos del Estado”, advirtió el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, informa Mikel Ormazabal. Esta decisión podría frustrar un acuerdo entre el PP y el PNV para aprobar las cuentas del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desvinculó ambas cuestiones.

El recurso a las cuentas

Horas después, fuentes del Gobierno central matizaron que todavía no se ha presentado recurso alguno, y que solo se ha iniciado un procedimiento “habitual”, como es acudir a la Comisión Bilateral de Cooperación entre las Administraciones del Estado y de Euskadi, para tratar de solventar “divergencias” que ambas mantienen. El plazo para solventar las diferencias es de seis meses antes de ir al Constitucional.

Las fuentes gubernamentales consultadas aseguran no comprender la reacción del portavoz del Gobierno vasco, ya que hay margen para la solución, de la misma manera que la buscarán con “las otras siete comunidades autónomas que están en la misma situación por asuntos presupuestarios no acordes a la Constitución”, señalan estas fuentes para dar normalidad a esta discrepancia. El Gobierno confía en que antes de un mes se podrá levantar el 155 de Cataluña porque los independentistas habrán votado a un candidato sin cargas judiciales.