La historia americana de ETA

Su fotografía sigue encabezando la lista de los etarras más buscados. Hace tres años la justicia pidió a Venezuela su extradición, pero Iñaki de Juana Chaos, que pasó 21 años en la cárcel por 25 asesinatos y aún debe responder por un delito de enaltecimiento del terrorismo, nunca fue entregado a España. Fue descubierto en 2014 y ubicado en distintas ciudades del país caribeño, la última vez regentando una licorería en la costa hasta que se le volvió a perder la pista. El régimen chavista aseguró que no podía proceder porque el cabecilla del comando Madrid se encontraba en paradero desconocido. Su caso es un ejemplo, quizá el más emblemático, de la protección que decenas de miembros de ETA han encontrado en varios países de América Latina.

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Las conexiones de la banda en la otra orilla del Atlántico se remontan a décadas atrás, en algunos casos hasta los sesenta, y se deben principalmente a dos razones: la búsqueda de refugio y el intento de establecer contactos con otras organizaciones terroristas como las FARC o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, que colaboró en el secuestro de Emiliano Revilla. México, Cuba, Venezuela o Nicaragua fueron destinos habituales para etarras fugados, mientras que en Colombia y Chile trataron de fraguar alianzas criminales.

La relación con la guerrilla colombiana, ahora desmovilizada, continuó al menos hasta 2008 y supuso la última gran asociación con un grupo armado latinoamericano antes del anuncio del cese de la violencia. La cooperación se planteó como un intercambio de favores. “Había un vínculo ideológico más o menos histórico”, explica Ariel Ávila, investigador y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “Sin embargo, desde los años noventa las FARC establecieron contactos con ETA para que les ayudaran a preparar explosivos, para que los formaran”. Entonces, la banda envió varios emisarios que se instalaron un tiempo en el departamento del Tolima, en el centro-occidente del país andino, para apoyar a la llamada columna Gabriel Galvis. Pero a cambio pidió que les enseñaran a manejar misiles tierra-aire.

El 1 de marzo de 2008 las fuerzas armadas colombianas infligieron un golpe decisivo a la guerrilla con un bombardeo nocturno en un campamento ubicado en territorio ecuatoriano, a menos de dos kilómetros de la frontera. En ese operativo, bautizado como Operación Fénix, cayó el comandante Raúl Reyes, número dos de la guerrilla. Los militares se incautaron de sus ordenadores, en los que encontraron documentos y correos electrónicos que confirmaban esa conexión y, además, apuntaban a una cooperación con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez.

Así lo señalaba también una investigación abierta en 2010 por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El magistrado emitió órdenes internacionales de detención contra miembros de ETA y las FARC por participar en entrenamientos con explosivos en Venezuela, país que sigue acogiendo a varios terroristas huidos. En un auto, Velasco se refirió también a un acuerdo entre los dos grupos terroristas para planificar atentados en España contra autoridades colombianas como el expresidente Andrés Pastrana y el entonces vicepresidente del Gobierno de Álvaro Uribe, Francisco Santos, entre otros.

Uno de los nombres que figuraba en los archivos intervenidos a Reyes era el del etarra Arturo Cubillas Fontán. Reclamado por la justicia española desde 2010, tras refugiarse en Venezuela a finales de los ochenta se convirtió en alto cargo del régimen chavista. Al igual que De Juana Chaos, decidió vivir al amparo del Gobierno de ese país, al menos por las últimas noticias que se tienen de él. No obstante, la deriva de Nicolás Maduro, actual mandatario, el deterioro de las relaciones diplomáticas con España y el aislamiento del país han frenado por el momento todos los intentos de colaboración judicial.