Un agente de la UCO resalta el “descontrol” en las ayudas de los ERE
El funcionario declara que no existía fiscalización previa y que Zarrías conocía el procedimiento
Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha resaltado este lunes en el juicio de la rama política de los ERE el "descontrol" que imperaba en el sistema de ayudas concedidas durante una década por el Gobierno andaluz. Según su declaración, no había "solicitudes, ni ninguna motivación, ni requisitos, ni norma reguladora por parte de la Administración". "Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas", ha asegurado el agente, quien coordinó en su día diferentes atestados de la causa en plena comunicación con la juez instructora Mercedes Alaya. Además de describir esa falta de fiscalización, el funcionario ha afirmado que el que fuera consejero de Presidencia Gaspar Zarrías tenía conocimiento del procedimiento de concesión. El juicio de los ERE, que sienta en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a 20 ex altos cargos, ha entrado este miércoles en una nueva fase con el inicio de la comparecencia de los casi 150 testigos previstos.
El agente ha explicado que, a raíz del expediente de ayudas concedidas en 1999 a los extrabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), solicitaron a la Junta un informe de fiscalización y le contestaron "que nunca se ha fiscalizado". Ello, en su opinión, demuestra que el Gobierno autonómico usó el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), como "caja pagadora". "Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas", ha defendido el funcionario, ya que no se crearon las comisiones de seguimiento previstas en el convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA. Preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre los requisitos de los trabajadores para acceder a las ayudas sociolaborales o su perfil, ha asegurado que no había norma reguladora, sino que todo era sobre la base de la negociación de las mediadoras. Asimismo, ha añadido que en todo el proceso de investigación en la fase de instrucción de la causa no vio nada referente a los requisitos, ni a su verificación.
El funcionario ha asegurado que el sistema "no lo idea" el ex director general de Trabajo y principal inculpado del caso, Javier Guerrero, sino que "le viene dado" por sus "superiores", ha apuntado sin concretar nombres. Así, aparecen desde el principio "una pluralidad de conseguidores" que buscaban a comités de empresa, sindicalistas y empresas a las que les ofrecían reajustes de plantilla financiados por la Junta. Las mediadoras Vitalia y Uniter, el bufete Villasís o el exsindicalista Juan Lanzas son algunos de esos "conseguidores" que aparecen desde los primeros ERE subvencionados y se repiten en muchos de ellos. Los 22 ex altos cargos están acusados de diseñar y mantener un “sistema opaco” para conceder 855 millones de euros para empresas en crisis entre 2001 y 2010 desde el Gobierno andaluz
Preguntado sobre el conocimiento de ese sistema por parte de todo el Gobierno andaluz, el guardia civil ha dicho entender que de la existencia de las ayudas "eran conscientes" y del "procedimiento exacto" ha defendido que en las modificaciones presupuestarias para incrementar la partida del programa, el Consejo de Gobierno puede ver "que se están cambiando partidas de un tipo de fiscalización a otro tipo y se especificaba para qué eran" dichas modificaciones. Según el agente, las declaraciones tomadas a Guerrero dejan claro que los diferentes consejeros se interesaban por las ayudas a empresas de sus respectivas provincias como en el caso de Zarrías, quien "participaba en reuniones con colectivos de trabajadores y empresas" de Jaén. A la vista de la documentación y de las manifestaciones de Zarrías, según ha indicado, el exconsejero de Presidencia y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera sabían que "había un problema con diferentes ayudas que solucionar rápido y se opta por agilizar todo y ahí entra la discrecionalidad en resolver los asuntos".
En su declaración en el juicio, Zarrías defendió que las ayudas "figuraban en los programas electorales, en los discursos de investidura, en los acuerdos de concertación social y en las leyes de presupuestos" y que por lo tanto eran "públicas y notorias". Asimismo, resaltó que estaban reguladas y afirmó que desconocía el procedimiento.
