“Los difuntos pertenecen a los familiares”

“Los difuntos pertenecen a los familiares”. Con esta contundencia ha zanjado el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Díaz Tamayo, el debate sobre las exhumaciones de restos humanos enterrados en el Valle de los Caídos durante la dictadura. El próximo lunes se va a producir la de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, en ambos casos por orden judicial, después de que el prior del monumental recito, el benedictino Santiago Cantera, opusiera incontables obstáculos aferrándose a su potestad sobre la basílica de acuerdo con lo concordado por España y el Estado del Vaticano entre 1976 y 1979.

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En el Valle de los Caídos están enterrados en torno a 33.000 personas, gran parte sin consentimiento de los familiares. “En una guerra civil todos son víctimas; sobre este tema la Iglesia no puede decir otra cosa que se cumpla con la legalidad. Lo ha dicho con claridad nuestro presidente, el cardenal arzobispo don Ricardo Blázquez”, explicó el portavoz y secretario general de la CEE. A mediados del mes pasado, el líder del episcopado sentenció en un desayuno con periodistas, ante el portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Oscar Puente, que “si la autoridad se lo dice al prior del Valle de los Caídos, el prior no se puede negar a recibir ni a sacar los restos”.

Según la legislación vigente, la decisión final sobre las fosas es competencia estatal al estar dentro de un espacio considerado cementerio público. El resto del Valle de los Caídos también es de titularidad estatal, gestionado por Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia. En cambio, la basílica, donde están las criptas con los cadáveres, es propiedad de la Iglesia católica. Sobre ese hecho, el prior Cantera ha combatido incluso ante los tribunales de Justicia para impedir la entrada a las tumbas para proceder a las exhumaciones solicitadas.

“La mies es mucha, los obreros pocos”

Enfrascados en este tipo de polémicas, que gran parte de la opinión pública considera inconvenientes, los obispos se enfrentan a una gran crisis, que han analizado a lo largo de esta semana. “La mies es mucha y los obreros pocos”, dijo su portavoz, José María Gil Tamayo, al informar sobre lo tratado en la asamblea plenaria de la CEE, reunida desde el lunes.

Los prelados están alarmados por la escasez de vocaciones y por la increencia de la juventud. “En 2017, murieron 392 sacerdotes y solo hubo 109 ordenaciones”, reconoció Gil Tamayo. La media de edad del clero es de 65,7 años (la de los obispos, aún mayor), y la reposición de bajas no se vislumbra. Al contrario, parece agravarse. “Padecemos una penuria seria de vocaciones”, opina el cardenal Blázquez, preguntándose si acaso son los jóvenes “el sismógrafo que detecta los movimientos subterráneos” de una secularización muy profunda de la sociedad.

El papa Francisco ha convocado para octubre próximo un sínodo de obispos para analizar la crisis entre los jóvenes. Por la Iglesia española asistirán, además de Blázquez, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, y el prelado de Logroño, Carlos Escribano. Fueron los elegidos en votación por la asamblea. El objetivo del sínodo es buscar fórmulas para atraer a los jóvenes a las filas del catolicismo. Según las últimas encuesta, el 55% de los españoles de 16 a 29 años no confiesa ninguna religión; el 60% no asiste a misa salvo en celebraciones especiales (bautizos, bodas, comuniones, entierros), y el 64% dice no rezar nunca, todo ello pese a que los prelados tienen una legión de cerca de 30.000 docentes de catolicismo y moral católica en las escuelas, pagados con dinero público (en torno a 700 millones por curso).