El drama del abandono masivo de perros que no se frena en Galicia

El mismo número, o mayor, de perros abandonados por sus dueños que nunca. La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia, aprobada en septiembre de 2017 con los únicos votos del PP y que dedica la mayor parte de su regulación a las mascotas (no prohíbe las corridas de toros ni incluye la protección de los equinos) no palía, al menos de momento, el abandono masivo de estas. Tres meses después de la entrada en vigor de la nueva normativa —presentada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo como la "mejor de España y una de las mejores de Europa"— las perreras municipales gallegas están desbordadas y los ayuntamientos proclaman que son incapaces de hacer frente al coste económico que genera el aluvión de abandonos. Los regidores intentan forzar a la Administración autonómica a que endurezca las sanciones y eleve además la financiación para que los consistorios puedan asumir el coste, que cifran entre 50.000 y 200.000 euros anuales más que con la antigua ley, lo que supone triplicar o quintuplicar el gasto con respecto a años anteriores.

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El vicepresidente ejecutivo de de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde del Ayuntamieno de Oroso (A Coruña), Manuel Mirás, dio la voz de alarma alertando de que menos de tres meses después de la entrada en vigor de la nueva ley se produjeron en su municipio (no llega a los 7.000 habitantes) más de 30 llamadas por abandono de animales de compañía. Mirás asegura que en el resto de pueblos ocurre otro tanto, con "los edificios municipales llenos de perros y cachorros abandonados".

"Son las pequeñas modificaciones de la ley las que lo cambian todo", afirma el alcalde de Oroso aludiendo a la obligación que tienen ahora los ayuntamientos de recoger los animales domésticos que deambulen por sus términos municipales y mantenerlos hasta que aparezcan sus dueños o sean adoptados. "Significa que nos tenemos que hacer cargo del animal durante toda su vida, cubriendo todos los gastos del día a día: veterinarios, mantenimiento, aseo...", unos 30.000 euros de coste anual en el caso de su ayuntamiento, según sus cálculos.

Las críticas de Mirás han sido secundadas por el resto de alcaldes que han comenzado a movilizarse a través de la Fegamp. Han avisado ya a la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, de la imposibilidad de afrontar el sobrecoste que les supone el cumplimiento de la nueva normativa. "Ya está bien de competencias sin presupuesto", se queja Mirás y suscribe la Fegmap.

La consellería rebate las críticas de los regidores tirando del dato positivo arrojado en el primer trimestre de entrada en vigor de la nueva ley: "Entre enero y abril de 2017 había 10.344 mascotas inscritas en el Registro de Animales de Compañía de Galicia y en el mismo periodo de este año, la cifra es de 28.199: un aumento de un 172%", sostiene un portavoz de la consellería para destacar “la evidencia de que las personas que tienen mascotas se están haciendo responsables de ellas”, lo que entraría en contradicción con la denuncia de los regidores de mayor renuncia a estos animales de compañía.

“A los ayuntamientos les correspondía ya antes hacerse cargo de los perros abandonados”, sostiene el portavoz de la Xunta. Puntualiza que la nueva normativa es fruto “del diálogo con las protectoras, la propia Fegamp y todos los agentes implicados” y subraya que va acompañada de una ayuda, ampliable en sucesivas anualidades, de 100.000 euros para repartir entre todos los ayuntamientos; una cantidad que los alcaldes consideran insuficiente. “La comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene un presupuesto de 1,5 millones que no le llega a nada y resulta que tiene menos perros que en Galicia”, sostiene la Fegamp.

La asociación animalista Libera! reconoce el elevado índice de abandonos, aunque puntualiza que no es nada nuevo. Este colectivo estima en 19.000 el número de mascotas dejadas a su suerte en Galicia durante 2017 (un 23% más que en 2014). Los datos proceden del recuento de animales recogidos en centros públicos y privados y del análisis de las publicaciones en redes sociales. “La cifra es tremenda y lleva años en aumento, aunque tampoco creemos que se haya disparado de una manera brutal como consecuencia de la nueva ley”, sostiene el portavoz del colectivo en Galicia, Rubén Pérez.

“Con todo lo que tiene de malo, la normativa en vigor incluye aspectos positivos y hay que reconocer que las perreras municipales llevan saturadas ya mucho tiempo”, sostiene Pérez.

Libera! entiende que los alcaldes tienen razón, no obstante, en su denuncia de falta de medios para afrontar el cuidado de las instalaciones. “El abandono supone un coste de tres millones de euros anuales para las arcas públicas en Galicia y la Xunta publicita ayudas de 100.000 euros con lo que los ayuntamientos no tocan a nada”, puntualiza el colectivo. No obstante, muestra su preocupación por la conducta de algunos alcaldes que “mientras reclaman más medios están autorizando reducción de multas por pronto pago a infractores”, cuando estas sanciones “pueden actuar como factor disuasorio, ya que las más leves por incumplimiento de la normativa en el cuidado de estos animales han pasado de los 100 a los 500 euros”.

El colectivo subraya que dentro de la Fegamp existen diferentes sensibilidades respecto al bienestar animal y sostiene que hay municipios (cita a los de Sada o Carballo, ambos en la provincia de A Coruña) que están “haciendo propuestas para luchar de forma efectiva contra el maltrato y el abandono”.

Al mismo tiempo, Libera! denuncia el “interés electoralista” del Gobierno gallego en la decisión de aprobar una moratoria de 15 meses (hasta pasadas las elecciones municipales de 2019) para prohibir el sacrificio de los perros acogidos en las instalaciones públicas que no sean reclamados por sus dueños o adoptados en un plazo de 20 días. "Es pura crueldad", sostiene el colectivo.

Tras un primer encuentro con la conselleira de Medio Ambiente, la Fegamp está realizando un estudio de las infraestructuras que existen en Galicia para acoger animales abandonados y evidenciar la magnitud del problema. Desde el gabinete de la Xunta avanzan ya que “existen alternativas” entre las que destacan la posibilidad de que "se mancomunen servicios por comarcas de forma que los que carecen de ellos o están saturados puedan acudir a otros pagando una tasa razonable". “Somos conscientes de que no todos los municipios tienen infraestructuras suficientes pero habrá que gestionar primero las existentes y llegar a acuerdo también con asociaciones sin ánimo de lucro que se nutren de donaciones”, apunta la Consellería de Medio Ambiente. Mientras tanto, continúa creciendo el número de perros dejados a su suerte.