Familias de ambos bandos de la Guerra Civil logran cuatro exhumaciones en el Valle de los Caídos

La familia aragonesa Lapeña conseguirá el próximo lunes que por fin se ejecute la sentencia de hace dos años que obligó a Patrimonio Nacional a facilitar la exhumación de los restos en el Valle de los Caídos de dos parientes suyos, fusilados por falangistas en la Guerra Civil, para darles “sepultura digna” en otro lugar. La aplicación de la resolución, tras un litigio de seis años, se había paralizado por la negativa del prior de la abadía benedictina del recinto, por considerar que no era un cementerio público, sino religioso. Se convirtió en un controvertido caso que sacó a la luz el vacío legal de autoridad en el Valle, regido aún por un convenio franquista de 1958, y llegó el mes pasado al Senado, donde el prior, Santiago Cantera, llamado a comparecer, plantó a la comisión de Justicia. Respondió incluso que si los senadores querían hablar con él fueran a ellos a verle al monasterio.

El religioso, desautorizado por la Conferencia Episcopal, finalmente ha cedido y un oficio de Patrimonio Nacional, con fecha del 4 de abril, le informa del inicio de los trabajos el próximo lunes. La decisión, que supone solo una inspección técnica para ver si el estado del osario permite la exhumación, constituye un “paso histórico, porque sienta un precedente”, resume el abogado de la familia, Eduardo Ranz. Pero su trascendencia es aún mayor porque hace un año se unieron a los Lapeña en esta pugna legal otras dos familias, esta vez de fallecidos del bando franquista y caídos en combate, que reclamaron lo mismo. Y en la resolución de Patrimonio se da también el visto bueno a la petición de exhumación de otros dos cuerpos. En resumen, a partir de ahora cualquier ciudadano que tenga constancia de la presencia de restos de familiares en el Valle de los Caídos puede solicitar idéntica medida a Patrimonio Nacional con visos de que prospere. Si no, deberá recurrir a la vía judicial. Pero se ha roto una barrera que duraba 40 años.

"Queremos acabar con la ausencia del abuelo y traerlo a Soria"

Las reclamaciones sobre restos enterrados en el Valle de los Caídos constituyen una causa común más allá de ideologías y que ha unido a familias de descendientes de los dos bandos de la Guerra Civil. La batalla legal de la familia Lapeña, en la imagen, arrancó hace seis años, cuando presentaron la primera demanda para reclamar los cuerpos de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. "Mi padre está enterrado junto al asesino, al mayor criminal. ¡Es un insulto!", contó hace dos años a este diario Manuel. "Quiero enterrarlo como es debido, junto a mi madre, en su pueblo".

Los hermanos Lapeña vivía en Villarroya de la Sierra, provincia de Zaragoza. Manuel era veterinario y el fundador de la CNT en la localidad. No tuvo juicio, ni sentencia. Los falangistas le pegaron un tiro en julio de 1936 y lo arrojaron a una fosa. Tenía 44 años y cuatro hijos. El único que aún vive, Manuel, batalló para recuperar los restos de su padre. Su hermano Ramiro, herrero, que había huido y se escondía en las montañas, volvió tras prometerle las autoridades que no corría peligro, pero fue fusilado.

Miguel Ángel Capapé, de la familia Lapeña, saluda la decisión de Patrimonio Nacional como “un paso positivo”. “Llevamos dos años esperando que se cumpla una sentencia firme, es lamentable que la Iglesia se haya negado a permitir las exhumaciones, que mande más que un Estado”, reflexiona en conversación telefónica. Juzga “lógico y normal” que haya familias de los bandos de la contienda reclamando los restos de sus seres queridos. “Muchos fueron trasladados ilegalmente, sin permiso de las familias. E incluso los que lo autorizaron, si vieran las condiciones en las que están los cuerpos harían lo que fueran para sacarlos de allí”, opina.

Las otras dos reclamaciones más recientes, presentadas hace un año por familias de fallecidos en el bando franquista y llevadas por el mismo abogado de los Lapeña, corresponden a los restos de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno. Gil Calonge, nacido en Castejón del Campo, Soria, agricultor, fue reclutado por el bando rebelde y destinado a Zaragoza. Murió con 27 años el 1 de junio de 1937 por herida de bala. Estaba casado, con un hijo de un año, y su mujer embarazada de dos meses.

González Moreno, nacido en Arriate, Málaga, también agricultor, fue reclutado con 28 años e inscrito como soltero, siendo su situación real la de casado y padre de familia. Fue herido en la cabeza y murió en un hospital de Jerez de la Frontera el 1 de agosto de 1938. Posteriormente, el 25 de abril de 1964, sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos.

Rosa Gil, nieta de Pedro Gil, está “ muy contenta” con la noticia. “La familia está muy esperanzada”, dice en conversación telefónica, aunque es consciente de que el lunes se abre solo una fase preliminar para ver si es posible hallar los restos de su pariente. “Es una forma de acabar con un duelo, queremos acabar con la ausencia del abuelo y traerlo a Soria”, explica. Relata que nadie pidió nunca permiso a su familia para trasladar los restos de su abuelo al Valle de los Caídos, enterrado hasta entonces en un cementerio de Zaragoza. “Todavía está allí el hueco en su tumba”, comenta. Considera que a estas alturas ya deben dejarse las lecturas políticas y solo hay que pensar “en el dolor de las familias, que es el mismo, en uno y otro lado de la guerra”. “Se habla a veces de revanchismo y para nada. Mi familia y yo visitamos una vez la trinchera donde murió el abuelo y cuando ves el escenario real de la guerra se te quitan las tonterías, de hablar de un bando y otro, piensas solo en los seres humanos que murieron y solo sientes dolor”.

Hasta ahora solo constan durante la democracia tres aperturas del mayor cementerio de la Guerra Civil, cuyas dos entradas están en los laterales de la basílica excavada en la roca. Pero esta será la primera vez que se haga con una orden judicial y con conocimiento de la opinión pública. La primera, en 1980, fue acometida con discreción a raíz de una petición del Ayuntamiento navarro de Lodosa para exhumar 133 cuerpos. En 1990 los propios monjes realizaron traslados de restos de una zona a otra tras aparecer filtraciones de humedad en la sacristía. “Se movieron cuerpos sin informar a las familias y sin su permiso”, apunta Ranz. La última fue en 2010, una visita de la comisión de expertos creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, para decidir qué hace con el Valle de los Caídos.

“Esta vez hay una sentencia formal y, a diferencia de los casos anteriores, que no se conocieron, toda la sociedad va a ser testigo de la exhumación de la mayor fosa de la Guerra Civil en España”, opina el letrado de la familia Lapeña. Destaca además que el equipo que entrará el lunes en el osario, derribando un muro, es “un grupo de técnicos con criterios científicos, ni políticos ni religiosos, como hasta ahora, y será el que decida”. Los trabajos durarán dos días, lunes y martes, y serán desarrollados por peritos especialistas en arquitectura del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Tras la demanda presentada en 2012 por los descendientes de los hermanos Lapeña, en marzo de 2016 un juez de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado, consideró que “existe alta probabilidad” de que estuvieran en el Valle de los Caídos y ordenó darles “sepultura digna”. Sus fosas pudieron ser dos de aquellas en las que el Régimen robó cuerpos de fallecidos de ambos bandos, sin permiso de las familias, para llenar las criptas del nuevo mausoleo en 1959. Ninguna de las partes personadas en la causa recurrió su decisión, pero Patrimonio Nacional consideró que la orden no era firme. Finalmente accedió y en junio de 2017 ordenó emprender los trabajos, pero entonces se opuso el prior, el último obstáculo en este largo camino. El religioso recurrió la decisión e incluso entabló un contencioso en la Audiencia Nacional. Tras la polémica originada el mes pasado por su plantón al Senado, por fin desistió y se retiró del proceso el pasado 20 de marzo.

Desbloqueadas las trabas legales, lo decisivo ahora en esta nueva fase es determinar si se pueden llevar a cabo o no los trabajos de exhumación, dado el deterioro del osario, por la humedad y el abandono. El mausoleo alberga los restos de 33.833 personas distribuidas en siete capillas y criptas. Andrés Bedate, el forense enviado por el Gobierno socialista para examinar el estado de los restos enterrados en el Valle de los Caídos, emitió en febrero de 2011 un informe descorazonador sobre el estado de los restos. Filtraciones de agua habían destruido muchas de las cajas de madera y convertido el interior de algunas de las capillas y criptas en una “montaña de huesos”, según el estudio. No obstante, ese era el diagnóstico del primer nivel del cementerio. Otras zonas se encontraban en mejor estado. Informes de Patrimonio han indicado que el acceso a las dos principales capillas es aceptable. Los restos que reclama la familia Lapeña, por ejemplo, están en el tercer nivel. Por otro lado, hay unos 12.000 difuntos desconocidos en el osario, según Francisco Ferrándiz, experto del CSIC.

Los Lapeña son de los pocos que han logrado una sentencia a su favor, pues otras causas fueron archivadas y la vía penal quedó cerrada por el Supremo en 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy cerró la civil con un cambio legal en 2015, pero este proceso era anterior y siguió adelante. Con una sentencia firme desde marzo de 2016 y el informe favorable de la Abogacía del Estado, ante la pasividad del Gobierno y la tozudez del prior en no acatar el fallo, Ranz lo denunció a la ONU, aunque aún no se ha pronunciado.