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La Guardia Civil eleva a 1,9 millones la malversación en el referéndum ilegal del 1 de octubre

Un nuevo informe sostiene que Junts pel Sí pudo usar subvenciones para sufragar gastos de la consulta independentista

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ayer en Berlín.

La Guardia Civil ha elevado a 1.947.697,84 millones de euros los fondos públicos que la Generalitat de Cataluña supuestamente malversó durante la presidencia de Carles Puigdemont para la organización y celebración del referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado el secreto de una pieza centrada en la malversación que mantenía abierta para concretar los detalles del dinero público que supuestamente se invirtió en la preparación y celebración de la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. En marzo el instituto armado ya cifró la supuesta malversación en 1,6 millones.

El nuevo informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que añade un total de 345.696,27 euros en varias partidas, se conoce un día después de que el juez Pablo Llarena requiriera al ministro Cristóbal Montoro la información en la que basa su afirmación de que no se usó dinero público para sufragar la consulta ilegal. En su escrito, los agentes advierten de que algunas de las cifras que recoge son solamente estimaciones o no hay pruebas de que fueran abonadas. Los casi 300.000 euros de diferencia entre el dinero supuestamente malversado que el juez Pablo Llarena recogió en su auto de procesamiento a los líderes independentistas y el nuevo informe de la Guardia Civil salen de sumar distintas partidas de las que hasta ahora no tenía conocimiento la investigación. La suma total de 1,9 millones de euros que según la Guardia Civil se usaron para sufragar el referéndum  ilegal del 1 de octubre sale de las siguientes partidas:

La Guardia Civil eleva a 1,9 millones la malversación en el referéndum ilegal del 1 de octubre

Campañas de publicidad: 502.639,61 euros. Este importe no ha cambiado de anteriores informes al último entregado a Llarena. Los agentes responsabilizan del mismo al exconsejero de Presidencia Jordi Turull, en  prisión preventiva. La Guardia Civil divide este concepto en dos apartados.

El primero, se refiere a la campaña institucional organizada por la Generalitat para fomentar la participación en la votación ilegal del 1 de octubre en la que se invirtieron 277.804,36 euros. Lo hizo, según la Guardia Civil, mediante un contrato-programa con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona la televisión y la radio autonómicas. TV-3 y Catalunya Ràdio emitieron, en septiembre, dos anuncios en el que aparecía la frase “Naciste con la capacidad de decidir” sobre unas vías de tren que se bifurcan. En el segundo de esos anuncios se mencionaba de forma explícita la consulta independentista.

El segundo apartado es el dedicado a la campaña de registro de catalanes que viven en el extranjero cuyo objetivo era crear un censo electoral de residentes en el exterior. Su importe, según los agentes, fue de 224.835,25 euros.

Cartas censales, sobres y citaciones. 980.313,76 euros. La Generalitat encargó a la empresa de mensajería Unipost el envío de cartas a los electores relacionadas con la consulta independentista. Los agentes ven probado que Unipost emitió cinco facturas a departamentos de la Generalitat para cobrar por este trabajo, aunque admiten que estas cantidades no figuran en el registro contable de facturas del Govern y no constan como abonadas, tal y como han declarado los responsables de la empresa de mensajería. Esas cinco facturas corresponden a las siguientes consejerías:

Departamento de Cultura (exconseller Lluís Puig): 196.696,98 euros.

Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda (Oriol Junqueras): 193.889,89 euros.

Departamento de Salud (Toni Comín): 192.711,20 euros.

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (Dolors Bassa): 197.492,04 euros.

Departamento de Presidencia (Jordi Turull): 198.871,76 euros.

Además de estas facturas, el nuevo informe contabiliza 651,8 euros de 56.196 sobres con el nombre de la Generalitat para el reparto a través de Unipost de las designaciones de los componentes de las mesas electorales.

Observadores internacionales para la consulta. 192.368,86 euros. Es el gasto que los agentes tienen más acreditado y corrió a cargo del Diplocat (el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña), por lo que los agentes señalan como máximo responsable de estos pagos al exconsejero  Romeva.

Esta cifra incluye pagos mediante transferencias a The Hague Center for Strategic Studies (encargado de aportar los observadores) por un valor de 119.700 euros, que ya figuraban en anteriores informes; el nuevo escrito incluye una nueva partida: un "compromiso de pago" por 47.365 euros. Los agentes advierten que "se desconoce si se abonó o no" esta última cantidad.

En el apartado de los observadores internacionales, la Guardia Civil incorpora ahora también lo que denomina "gastos vinculados con la logística" que supuso el desplazamiento de estos observadores a Cataluña para el 1-O. Según el desglose que hacen los investigadores, esta partida asciende a 25.303,86 (18.835,76 en vuelos 2.416 en hoteles y 4.052,1 en "actos"). No obstante, los agentes recogen, aparentemente por un error en el cálculo, una cifra mayor, que asciende a 40.591,22 euros.

En su informe, la Guardia Civil admite que si bien se ha podido identificar a una serie de personas que actuaron como observadores internacionales, “no se ha podido determinar la totalidad de los participantes, debido a la negativa por parte de Diplocat de facilitar los datos de los mismos”. Los agentes sitúan al exconsejero de Relaciones Institucionales y Exteriores Raül Romeva, actualmente en prisión preventiva, como el “responsable último” de las dos instituciones a las que se imputan estos gastos (Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea y el Diplocat).

Acto de presentación del referéndum. 17.690,20. Una de las nuevas partidas que los agentes incluyen en su informe. Corresponde al alquiler del Teatro Nacional de Cataluña (gestionado por la Generalitat) para la celebración de un acto el 4 de julio de 2017que, según el informe, tenía como finalidad "difundir y alentar la participación ciudadana y, sobre todo, el voto del sí" en el referéndum. No obstante, cuando se celebró este acto ni el Parlament había aprobado la ley del referéndum (que se votó el 7 de septiembre) ni, por tanto, el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta (lo hizo el 8 de septiembre).

En cualquier caso, el alquiler del teatro que, según la Guardia Civil implica malversación, fue firmado por el exconsejero de presidencia Jordi Turull, al que Llarena envió a prisión el pasado 23 de marzo. Este cifra, según la investigación, fue abonada por el Grupo Parlamentario Junts pel Sí y la Guardia Civil cree que este grupo “ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas” para hacer frente a este pago”. “El Grupo Parlamentario Junts pel Sí tiene que rendir cuentas anualmente a la mesa Parlamentaria, de la contabilidad relacionada con las subvenciones que percibe, por lo que esta última tiene que tener conocimiento del destino de las subvenciones públicas recibidas por el Grupo Parlamentario Junts pel Sí y si se han empleado para cubrir los gastos de actos relacionados con el referéndum, como el celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña”, advierten los agentes.

Carteles propagandísticos. 61.879 euros. Este gasto tampoco estaba en anteriores informes. Corresponde a carteles en los que se llamaba a votar en la consulta independentista. Según los investigadores, fueron encargados por la Generalitat, a través de Antoni Molons Garcia, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia, que supuestamente “utilizó” a Òmnium Cultural “como sociedad interpuesta, para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución” de los carteles. “La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat las gestionó Òmnium para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos de estos carteles”, concluye la Guardia Civil.

Call Center para gestionar los datos del referéndum. 40.227,78 euros. Corresponde a dinero invertido por la Generalitat para comprar material informático a la empresa Fujitsu para el call center desde donde se pretendía gestionar y centralizar la consulta. El informe advierte que “se está todavía en fase de investigación para conocer qué cantidad se destinó a ese fin” y si esos 40.227 euros son “en realidad” el total que la Generalitat destinó a la adquisición de estos equipos. Por tanto, esa cifra es “una estimación inicial y se debe esperar a que concluya” la investigación para determinar qué cantidad fue realmente la utilizada en el referéndum.

Papeletas y sobres de votación.152.578,63 euros. La Guardia Civil detalla que es una "estimación" sobre el valor del material electoral intervenido en una nave industrial en el municipio de Bigues y Riels y en un camión en Igualada, ambos en la provincia de Barcelona. El informe policial explica que la cifra es en realidad "una estimación" del valor de los 11,5 millones de papeletas y 1,8 millones de sobres requisados a partir del precio de referencia de contratos anteriores de la Generalitat para la adquisición de material electoral.

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