El Supremo exige a Montoro que explique por qué dice que no se usó dinero público en el referéndum ilegal

El juez Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda que le aporte datos que demuestren que la Generalitat no financió el referéndum del 1 de octubre con fondos públicos. El magistrado del Supremo exigió este miércoles a Cristóbal Montoro que le facilite los detalles objetivos en los que basa su afirmación de que en la consulta independentista no se cometió malversación, uno de los delitos que atribuye a todos los miembros del anterior Govern.

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Las declaraciones del ministro de Hacienda por las que el juez Llarena pide explicaciones se recogieron dentro de una entrevista publicada el pasado lunes en El Mundo. “No sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, dijo el ministro, cuyo departamento tomó a mediados de septiembre pasado el control de los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat para asegurarse de que ninguno de ellos se destinaba al referéndum.

Justo el día que se publicaba la entrevista, el instructor de la causa abierta en el Supremo contra los líderes independentistas catalanes empezaba la ronda de declaraciones indagatorias a los procesados que están en prisión preventiva. Y en sus comparecencias, muchos de los procesados han rechazado el delito de malversación que se les atribuye y para ello se han amparado en las declaraciones del ministro, como recuerda el propio Llarena en una resolución dictada este miércoles.

En su escrito, el juez requiere a Montoro que le informe “a la mayor brevedad posible” sobre los datos en los que basa su afirmación de que en el referéndum ilegal del 1 de octubre no se emplearon fondos públicos, unas declaraciones que, según Llarena, contradicen las pruebas que figuran en la instrucción de la causa. Las palabras del titular de Hacienda contrastan también con el hecho de que el ministerio esté personado como acusación particular en la causa del Supremo a través de la Abogacía del Estado al considerar que hay indicios de que se usó irregularmente dinero público.

Las manifestaciones de Montoro han salido a relucir en casi todas las declaraciones de esta semana en el Supremo, sobre todo en las de los procesados a los que se les atribuye el delito de malversación, como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull. Los tres han negado ante Llarena que se cometiera ese delito y como prueba de ello se han valido de las palabras de Montoro y han advertido al juez de que el titular de Hacienda descarta el uso irregular de dinero público.

Ya antes de que Llarena pidiera explicaciones al ministro, la acusación popular que ejerce Vox había mostrado su malestar por esas afirmaciones por el espaldarazo que estas suponían para los procesados por rebelión. Tras la comparecencia ayer en el Supremo del excandidato a presidir la Generalitat Jordi Turull, que hizo referencia a las palabras de Montoro, Vox sostuvo que, si los investigadores logran probar que sí hubo malversación, el ministro debería dimitir, tanto por sus declaraciones como por el “descontrol” de los fondos que tenía encomendados.

Recabar pruebas que demuestren el uso irregular del dinero público a lo largo del procés, y especialmente en el referéndum ilegal de independencia, se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los investigadores. Llarena procesó a todos los miembros del antiguo Govern por malversación (además de por rebelión) antes de que la investigación para apuntalar este delito estuviera concluida y solo unos días después de abrir una pieza secreta (que aún mantiene) para reunir las pruebas del supuesto desvío de dinero cometido por la Generalitat.

En el auto de procesamiento el juez da por hecho que hubo malversación y, de acuerdo con los informes remitidos por la Guardia Civil, cifra en 1,6 millones el dinero supuestamente desviado para preparar el referéndum, pero no precisa de qué partidas o departamentos en concreto salió ese dinero.

Transferencias a Bruselas

Fuentes de la investigación señalan que de los gastos analizados solo se han encontrado indicios claros de uso de dinero público en la contratación de observadores internacionales porque hay transferencias bancarias relacionadas con tres cuentas corrientes abiertas por la delegación de Cataluña ante la Unió Europea, con sede en Bruselas, y facturas por reservas de vuelo y alojamiento. En un reciente escrito enviado a los jueces alemanes que deben decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont, el instructor alude a los informes policiales que apuntan al uso de fondos públicos; y añade que, en la pieza secreta hay nuevas evidencias.

Los datos remitidos al juez por Hacienda, sin embargo, inciden en la tesis expuesta por el ministro. La secretaria general de Financiación Autonómica y Local del ministerio, Belén Navarro, también reiteró ayer que en Cataluña “no ha habido dinero” del Fondo de Liquidez Autonómica o de las entregas a cuenta por la financiación de esa comunidad “que no haya ido destinado al pago de facturas de proveedores”. No obstante, Navarro dejó en manos de la investigación judicial la constatación de si esos pagos de facturas “no correspondieran a tal fin”.