La comisaria de Justicia pide respeto para la euroorden

La comisaria europea de Justicia, la checa Vera Jourová, ha respondido a los eurodiputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Josep-Maria Terricabras y Jordi Solé y al eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa que ni la Comisión Europea ni los Gobiernos “pueden interferir o influir” en decisiones judiciales relacionadas con órdenes europeas de detención y entrega a otro país.

La pregunta parlamentaria fue remitida al Ejecutivo comunitario a principios de febrero, antes de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivase las euroórdenes contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos tras la declaración de independencia del 27 de octubre. Además de los europarlamentarios catalanes citados también firmaron la pregunta Izaskun Bilbao (PNV), Lidia Senra (AGE) y Josu Juaristi (EH Bildu). Otros eurodiputados extranjeros se sumaron a la petición, como la nacionalista galesa Jill Evans, la norirlandesa del Sinn Fein Martina Anderson, el francés de Los Verdes José Bové o la también ecologista sueca Bodil Valero.

Estos eurodiputados criticaban en la carta que Llarena adoptase en diciembre la “decisión sin precedentes” de retirar las euroórdenes y afirmaban que fue “un movimiento táctico para evitar la derrota en un tribunal belga”.

Ante esto, los diputados europeos preguntaban a la Comisión si este uso, a su juicio “indebido”, de la euroorden “puede afectar a la confianza entre los sistemas judiciales de los Estados miembros” y también cómo piensa el Ejecutivo comunitario evitar “el uso oportunista de la orden de detención europea en el futuro”.

Jourová, que pertenece al partido liberal, subraya en su respuesta de 13 de abril, que la orden de detención europea “es por entero un procedimiento judicial basado en las circunstancias particulares de cada caso concreto”.

En consecuencia, añade, “ni la Comisión ni las autoridades gubernamentales de los Estados miembros pueden interferir o influir en las resoluciones de autoridades judiciales españolas o belgas en relación con la orden de detención europea emitida contra Carles Puigdemont y varios consejeros de su Gobierno”. Jourová recuerda que Bruselas publicó en 2017 una guía para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas con el fin de facilitar su uso y que seguirá organizando reuniones de expertos sobre su aplicación.