La radicalización de 79 reclusos comunes obliga a Interior a reforzar su plan antiyihadista

El Ministerio del Interior ha puesto recientemente en marcha un nuevo “instrumento de evaluación del riesgo de radicalismo violento” en las cárceles tras detectar que, al menos, 79 presos musulmanes que ingresaron en prisión por delitos comunes han mostrado síntomas de apoyar la yihad. Instituciones Penitenciarias tiene en marcha desde 2014 programas para desradicalizar a internos islamistas, pero hasta el momento solo ha conseguido resultados con 10. En la actualidad, las cárceles españolas acogen a 146 terroristas yihadistas.

Interior puso en marcha su primer programa para “la prevención de la radicalización en los establecimientos penitenciarios” en julio de 2014, seis meses después de que detectara que ya había 59 presos comunes que habían abrazado la yihad durante su estancia en la cárcel. Entonces dividió a los presos islamistas en tres grupos, bautizados con las letras A, B y C, en función de si habían sido encarcelados por actividades terroristas, si se dedicaban al proselitismo con otros reclusos musulmanes o si habían sido captados, respectivamente.

El programa lo amplió en octubre de 2016 con un plan en el que, además de detectar la radicalización, se fijaron instrumentos para intentar desvincular a los internos de los postulados yihadistas. A comienzos de ese año ya eran 95 los delincuentes comunes captados por los extremistas. Desde entonces, la cifra de radicalizados en prisión ha sufrido diversos altibajos, según se recoge en una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador de EH Bildu Jon Iñarritu.

10 en rehabilitación

Así, a comienzos de 2017 eran 76, cifra que subió hasta los 85 en enero de este año. En abril la cifra había descendido a los 79 actuales. A ellos se suman los 146 presos (56 penados y 90 preventivos) encarcelados por actividades terroristas. En su respuesta al senador Iñarritu, Interior admite que hasta el momento sólo 10 presos participan en sus programas de desradicalización.

El nuevo instrumento para frenar el fenómeno fue puesto en marcha el pasado febrero, según una orden de servicio distribuida entonces por Instituciones Penitenciarias en las cárceles y a la que ha tenido acceso este diario. Se trata de un programa que pretende analizar la información que la totalidad de los funcionarios de Prisiones recopile en el día a día tanto de los internos encarcelados por delitos de terrorismos como de aquellos que han mostrado signos de estar dando pasos hacia la radicalización. Para ello, reclama “la observación directa del interno y de la evolución en los programas de seguimiento e intervención en los que participe”.

Prisiones pretende cuantificar con análisis semestrales el riesgo de que el recluso islamista “reincida delictivamente o repita los comportamientos que le han llevado a prisión”, para lo que propone tener en cuenta, en primer lugar, “aquellos factores que han motivado directamente el acto delictivo”, desde casos de violencia sufrida, la “impulsividad” o una drogodependencia. También pretende analizar su respuesta a las medidas aplicadas para desvincularlo del islam más radical.

Con ese análisis intenta detectar el perfil de cada uno de los 225 presos integrados en los grupos A, B y C, y realizar “intervenciones más intensas” sobre aquellos reclusos que muestren posiciones más extremas. “Teniendo en cuenta que no todos los internos en el ámbito del extremismo violento obedecen a un mismo perfil, es necesario que las intervenciones se adecuen a sus necesidades, particularidades y niveles de riesgo”, destaca el documento. Interior asegura que en esta iniciativa ha incorporado la experiencia de otros países europeos en este campo, con los que mantiene reuniones frecuentes dentro del grupo de trabajo Prison and Probation (conocido por las siglas P&P) de la Red Europea de Prevención de la Radicalización.

Según otra reciente respuesta parlamentaria, Interior ha dispersado por 28 centros penitenciarios a los 146 presos por terrorismo yihadista. Esta cifra de reclusos supone casi triplicar los que había a comienzos de 2012. Un fuerte aumento que fue especialmente significativo a partir de 2015, año en el que se produjo la reforma del Código Penal que incluyó el castigo penal a quienes se adiestran o adoctrinan de manera autónoma, sin necesidad de una organización, para perpetrar actos de terrorismo. De los 51 existentes a comienzo de aquel año, se pasó 12 meses después a 93. A finales de 2016 ya eran 126. A comienzos de 2018 llegaron a ser 150, que se han reducido en cuatro en el primer trimestre. De los 146 actuales, 95 hombres y 10 mujeres pertenecen al Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés), mientras que 40 estaban encuadrados en Al Qaeda, y existe un interno que milita en el Grupo Islámico Armado (GIA), de origen argelino.