El ocaso del ‘clan Zaragoza’

La justicia investiga por corrupción al que fuera alcalde del PP de Santa Pola durante tres mandatos y a tres parientes

Miguel Zaragoza, exalcalde de Santa Pola, en los juzgados de Elche.
Miguel Zaragoza, exalcalde de Santa Pola, en los juzgados de Elche.Pepe Olivares

Mencionar el apellido Zaragoza en Santa Pola equivale a hablar de la familia que ha ejercido durante más de una década el poder absoluto en esta localidad turística del litoral de Alicante. La misma donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene en situación de excedencia su plaza de registrador de la propiedad. Ese apellido se ha convertido ahora en el último quebradero de cabeza del PP provincial. El exalcalde Miguel Zaragoza, dos de sus hermanos y uno de sus cuñados están siendo investigados en diferentes procedimientos judiciales por supuesta corrupción. Detenidos, imputados y señalados por la opinión pública, los Zaragoza contemplan desde hace meses el inexorable ocaso de su clan.

Ese declive comenzó en mayo de 2015, cuando Miguel Zaragoza perdió la mayoría absoluta de la que había gozado durante tres legislaturas. Santa Pola (31.000 habitantes) votó entonces por el cambio. El nuevo gobierno local, un cuatripartito de izquierdas comandado por el PSOE, levantó las alfombras del Consistorio, hurgó en los cajones y acabó denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción un sinfín de irregularidades que salpican a varios exconcejales del PP.

El primer zarpazo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llegó en junio del pasado año con la detención de un hermano de Zaragoza, José Miguel, intendente-jefe de la Policía Local de Santa Pola, que está acusado junto al exconcejal de Seguridad, Antonio Pérez Huerta, y otras nueve personas, entre agentes y empresarios, de un fraude en la compra de uniformes.

Otro juzgado investiga a la exedil de Educación Lola Gadea por irregularidades en la rehabilitación de un colegio público, La Hispanidad, en el que un derrumbe parcial en una de las aulas causó heridas en enero de 2013 a una profesora y varios niños.

Hace un mes, por otra causa, fueron arrestados el exalcalde, su hermana Pilar y el marido de esta, el exconcejal de Personal Jorge Perelló, acusados junto a otras cuatro personas de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. La Policía sospecha que Miguel Zaragoza y su cuñado perdonaron a una clínica médica privada los casi 100.000 euros que debería haber pagado al Ayuntamiento entre 2006 y 2016 por el alquiler y las obras de adecuación de unas instalaciones municipales.

A cambio de ese supuesto trato de favor, la empresa Clínica Gran Alacant contrató a Pilar Zaragoza y a dos candidatos que concurrieron a las elecciones municipales en las listas locales del PP. La hermana del alcalde, y esposa del concejal, percibió un salario de administrativa durante dos años sin acudir a su puesto de trabajo. Y el Ayuntamiento cubrió su absentismo con empleados públicos, según la investigación policial.

“Nosotros ya hemos movido el árbol para que cayeran los frutos. Ahora es el turno de los jueces”, explica a EL PAÍS un policía de la UDEF preguntado por la maraña de procedimientos por supuesta corrupción destapada en Santa Pola.

Mientras tanto, Miguel Zaragoza, que conserva su acta de concejal y gestiona fondos de la Diputación de Alicante como responsable de Bienestar Social, defiende su trayectoria en la alcaldía, que califica de “honorable y sin tacha”. “Puedo haber cometido algún error, pero no ha habido ninguna conducta indeseable y quien sostenga lo contrario deberá probarlo”, dijo el pasado martes, 26 de marzo, a la prensa, tras ser interrogado por la juez Gemma Somavilla.

En su declaración ante la magistrada, aseguró desconocer las vicisitudes del contrato firmado por el Ayuntamiento de Santa Pola con la clínica tras alegar que no le correspondía vigilar su cumplimiento. De igual modo, dijo ignorar si su hermana acudía a su puesto de trabajo, según fuentes jurídicas.

Miguel Zaragoza está también a la espera de juicio por un delito de prevaricación. La fiscalía pide provisionalmente para él un año de cárcel y siete de inhabilitación por consentir los ruidos que generaba una discoteca ilegal en una playa del municipio. El exalcalde ha ofrecido al PP su dimisión como diputado provincial. Pero la dirección del partido no la ha aceptado “por responsabilidad”, ya que hacerlo conllevaría su sustitución por un alcalde, Carlos Ramírez, de San Fulgencio, que abandonó la formación conservadora tras ser condenado por prevaricación.

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