Rajoy toma las riendas de la negociación de los Presupuestos
El presidente afronta un mes clave de negociaciones para la estabilidad de la legislatura
Mariano Rajoy toma las riendas de la negociación de los Presupuestos desde esta semana. El líder del PP tiene hasta finales de abril para convencer a Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu de que el PNV se una a PP, Ciudadanos, Foro, UPN y CC para tumbar las enmiendas a la totalidad del proyecto. Para atraer al presidente de NC, Román Rodríguez, tiene hasta mayo, cuando necesitará 176 votos contra las enmiendas parciales. Culminar un pacto con siete partidos aseguraría la legislatura e impulsaría al PP en las elecciones de 2019. Pero no todo está en manos de Rajoy: mientras los independentistas no formen Gobierno en Cataluña, se mantendrán el 155 y el veto del PNV a negociar.
“El Gobierno apela a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que defiendan el interés general de los ciudadanos, sean útiles a la sociedad y, de manera compartida apoyen estos Presupuestos”. Esta petición del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros extraordinario del martes, tendrá su traducción en el trabajo personal que emprenderá ahora Mariano Rajoy para que los Presupuestos sean compartidos. No se parte de cero, porque el presidente ya ha tenido contactos sin publicidad con representantes del más alto nivel de los partidos a los que necesita para sacar adelante las cuentas de 2018. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha estado y continúa implicada en conseguir los apoyos necesarios. Y la agenda del Ejecutivo empieza a gravitar alrededor de unas negociaciones fundamentales para asegurar la estabilidad de la legislatura.
El martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicará exhaustivamente el proyecto tras entregárselo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El miércoles, Rajoy recibirá en La Moncloa a una delegación de Las Kellys, el colectivo de camareras de piso que reivindica una mejora de sus condiciones de trabajo, todo un guiño a Nueva Canarias. Y durante la semana es previsible que el gabinete presidencial reciba una llamada de Román Rodríguez, el presidente de los nacionalistas canarios para resolver los compromisos políticos pendientes del acuerdo sobre los Presupuestos de 2017 —estatuto de Canarias, régimen económico y fiscal o sistema electoral— como paso previo a iniciar la negociación sobre los de 2018.
Aunque convencer al PNV es más urgente que lograr el apoyo de NC, también requiere de un mayor margen de tiempo. Tras la convulsión de la semana pasada por el encarcelamiento de dirigentes independentistas catalanes y la detención de Carles Puigdemont, para los nacionalistas vascos es ahora mismo imposible el más mínimo acercamiento al PP. También era imposible para los dirigentes del PNV llegar al Aberri Eguna de ayer en plenas negociaciones con el Gobierno. E imposible es, finalmente, adoptar un brusco cambio de posición cuando aún queda un mes para hablar.
Investidura en Cataluña
Rajoy intentará acompasar las negociaciones de las cuentas a la evolución de los acontecimientos en Cataluña. La fallida votación para investir a Jordi Turull como president ha puesto en marcha el descuento de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones si no hay nuevo Govern. El Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que eso apremiará a los independentistas a elegir a un presidente “efectivo”. Una vez constituido su gobierno, Rajoy no demorará ni un segundo el levantamiento del artículo 155 y Cataluña recuperará su autogobierno. Según el planteamiento gubernamental, el PNV ya no tendrá razones para negarse a negociar unos Presupuestos cargados de partidas beneficiosas para el País Vasco.
Entonces, Rajoy hablará personalmente con el lehendakari, Íñigo Urkullu y con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, también tendrán un papel protagonista. Sus interlocutores en el PNV serán el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y el del Congreso, Aitor Esteban.
No obstante, desde el partido vasco se advierte de que la política nacional complicaría extraordinariamente las negociaciones incluso tras el fin del 155. Ciudadanos fiscalizará cualquier concesión del Gobierno a los nacionalistas vascos, argumentan desde el PNV, y eso limita la capacidad de acción del PP. De hecho, Sáenz de Santamaría y Erkoreka llevan semanas sin concretar una cita para abordar si es posible iniciar la trasferencias de competencias que piden los nacionalistas para completar el estatuto vasco. Ambas partes separan las dos negociaciones, pero que ninguna haya comenzado sirve como termómetro de las dificultades a las que se enfrenta Rajoy para culminar con éxito su proyecto.
El presidente quiere creer que es posible sacar adelante los Presupuestos, aunque sabe que un chispazo en Cataluña puede echar por tierra la operación, acrecentar la debilidad intrínseca que supone su minoría parlamentaria y poner en peligro la duración de la legislatura.
El pacto para las cuentas no acerca al presidente y a Rivera
Mariano Rajoy y Albert Rivera no han hablado mucho sobre los Presupuestos, apenas "una o dos conversaciones telefónicas", según fuentes gubernamentales. Sus equipos sí.
Por parte del Ejecutivo, Alberto Nadal, el Secretario de Estado de Presupuestos, ha llevado el peso de unas negociaciones en las que ha estado implicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y por parte de Ciudadanos han asumido el grueso del trabajo, el catedrático de la London School of Economics, Luis Garicano, y el diputado Francisco de la Torre. En todo caso, el nuevo acuerdo no ha supuesto un acercamiento entre los dos líderes, distanciados por su dispar forma de entender la política y por su interés en seducir al mismo electorado.
De hecho, la negociación de las cuentas ha profundizado la desconfianza entre los dos partidos. La dirección del PP vio con suspicacia que Ciudadanos anunciara hace meses un preacuerdo para los presupuestos y que luego añadiera nuevas demandas, como la equiparación de salarios de las fuerzas de seguridad.
Al tiempo, la formación de Rivera criticó con dureza que el PP tardara meses en lograr que la senadora Pilar Barreiro pasara al grupo mixto, pese a que el pacto de investidura entre los dos partidos recoge la separación de los imputados.
Finalmente, el Gobierno juzgó con severidad que Rivera anunciara el lunes 26 que se había alcanzado un acuerdo, y que este incluía una subida media del 2% para las pensiones. Un día después, Montoro quiso demostrar que los Presupuestos los elabora el Gobierno y no Ciudadanos: desmintiendo a Rivera, anunció que las pensiones subirían un 3% de media.
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