El Congreso languidece en una legislatura sin consenso y a medio gas

El episodio más reciente lo constituye el abandono de Ciudadanos de la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico por supuestos vetos en comparecencias. Este órgano impulsado por el PSOE cuyo alumbramiento en medio del conflicto independentista generó no pocas expectativas para tratar de afrontar y corregir las tensiones territoriales de España. Sin embargo, las ausencias de partida de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PNV y PDeCAT tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña no hacían prever un desenlace satisfactorio. No solo no se han incorporado en el desarrollo de la comisión, como se esperaba, sino que la salida de Ciudadanos, que siempre estuvo allí con muchas reticencias, deja el organismo al borde del fracaso antes de que haya alcanzado la velocidad de crucero, aunque PP y PSOE siguen teniendo la mayoría para reformar la Constitución.

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En la misma situación se encuentra la Subcomisión del Pacto Educativo, surgida en diciembre de 2016 de la necesidad del Gobierno de pactar una nueva ley de educación ante el proceso de derogación de la LOMCE iniciado por la oposición en el Congreso y tras la poda de algunas de sus exigencias más polémicas. Ha saltado por los aires cuando ha habido que abordar el punto de la financiación. El PSOE abandonó la negociación al comprobar que el PP no iba a apoyar una financiación que en 2025 debía alcanzar el 5% del PIB. Le siguieron después Unidos Podemos, ERC y PDeCAT. Y el martes pasado fue el PNV, siempre "escéptico en cuanto a su funcionamiento", el que se descolgó alegando que la salida de otras formaciones dejaba el órgano sin la pluralidad necesaria para un efectivo acuerdo. Solo el PP y Ciudadanos, dos partidos con sintonía fluctuante, se mantienen en la mesa. Una presencia insuficiente para un asunto tan trascendente.

Pero Ciudadanos también se distanció a principios de febrero de la Subcomisión del Pacto por la Justicia por sus diferencias con el PP (y con el PSOE) respecto al mecanismo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, algo que tenía atado en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy y que ahora se ha convertido en “un obstáculo insalvable”. No fue el primer partido en dejar la negociación. A finales de noviembre lo hizo Unidos Podemos bajo el argumento de que las dos fuerzas mayoritarias solo buscaban “cambios cosméticos”.

En ese momento se habían acordado unas 80 medidas, “insuficientes” para el grupo confederal. La última reunión de la subcomisión, celebrada el pasado 1 de marzo, no podía resultar más gráfica: sin Unidos Podemos ni Ciudadanos, con la baja médica del representante del PSOE y las ausencias (comunicadas) de ERC y Compromís. La soledad del PP y el PNV no bastó para aprobar las conclusiones de la subcomisión. Con todo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas antes de que el pacto se estrellara.

En estos dos años, esas geometrías casi siempre improductivas solo se han podido superar en el acuerdo contra la violencia machista, que fue ratificado por el Congreso el pasado 28 de septiembre con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y Bildu. Era, pese a los matices expresados durante la votación, el primer gran acuerdo de la legislatura, aunque quizá también el último.

Fue encuadernado con el envoltorio de “pacto de Estado” para destacar su excepcionalidad, a la altura de los pactos de La Moncloa (1977), el de las pensiones de Toledo (1995) o los cuatro grandes acuerdos antiterroristas contra ETA y el yihadismo logrados entre 1987 y 2015. Pero no bastaba con aprobar las 217 medidas para acabar con la lacra y celebrarlo: había que dotarlo con dinero. Y ahí empezaron los problemas que han deslucido el gran logro de la legislatura. Solo ha habido un compromiso económico y un anuncio para poner en marcha 26 medidas en 2018 (el 12% de las 217 anunciadas para los próximos cinco años).

El Gobierno había acordado con las comunidades financiar la primera partida de 200 millones en el primer trimestre de 2018 (a punto de expirar), con indiferencia de si se cerraba o no un acuerdo para aprobar los Presupuestos. Si no había Presupuestos, la partida tenía que aprobarse a través de un crédito extraordinario, con 100 millones para las comunidades autónomas, 20 para los Ayuntamientos y 80 para medidas del Gobierno. Tras incumplir el compromiso, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, condicionó el pasado miércoles los 200 millones a la aprobación de las Cuentas del Estado que se presentarán en Consejo de Ministros la próxima semana. Sin embargo, el retraso en la salida del conflicto catalán y el mantenimiento del artículo 155 puede complicar la aprobación de los Presupuestos en la Cámara, deteriorando más, si cabe, la legislatura.

Ese agotamiento también se refleja en la actividad legislativa con el atasco de iniciativas de la oposición en los trámites de enmienda o los vetos del Ejecutivo a medio centenar de propuestas de la oposición por su impacto económico. El Gobierno solo ha aprobado ocho proyectos de ley; entre ellos, tres directivas de la Unión Europea, los Presupuestos de 2017 y los dos del Concierto Económico y el Cupo vascos. Mientras, una decena de leyes siguen en trámite frente sus 27 decretos leyes que le permiten eludir las enmiendas de la oposición. Un mínimo histórico que contrasta con el récord de 10 reprobaciones a miembros del Gobierno y una moción de censura.