El Senado suspende la visita al Valle de los Caídos para ir a ver al prior

El Senado ha cancelado la controvertida visita de un grupo de parlamentarios al prior de la abadía del Valle de los Caídos, prevista para el próximo lunes, y que se organizó a raíz de la negativa del religioso a comparecer ante la comisión de Justicia. Santiago Cantera, de 44 años, prior de los benedictinos que viven en el monasterio de ese lugar, se negó a acudir al Senado a explicar su negativa a exhumar restos de víctimas de la Guerra Civil, pese a que una sentencia firme da derecho a ello a una familia desde hace dos años. Replicó que si los senadores querían verle fueran ellos a la abadía a visitarle. Solo el PP y el PNV habían aceptado finalmente la invitación, entre duras críticas del PSOE y otros grupos, que lo consideraban "un insulto a la dignidad del Senado".

La situación se desbloqueó el pasado viernes, cuando el prior cedió y retiró el recurso que había presentado contra la ejecución de la resolución, emitida por Patrimonio Nacional. Fue horas después de ser desautorizado públicamente por el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, que criticó su actitud y le instó a colaborar con la Justicia. También el PP se atribuyó parte del mérito de la decisión del monje, pues aseguró que había mantenido un diálogo reservado con él para que retirara su recurso y se reuniera con las familias afectadas, cosa que hasta ahora nunca ha hecho. La senadora popular Esther Muñoz relató que vio "una actitud muy positiva" en el prior, que en todo caso sigue negándose a acudir al Senado. Hasta ahora había impedido el acceso al osario, cuya entrada está en la basílica, porque considera "una falacia" que sea un cementerio público, como ha acreditado el Estado. Finalmente, tanto el PNV como el PP consideraron ayer que, una vez retirado el recurso, la visita ya no tenía sentido.

No obstante, el fondo del asunto continúa intacto, y parece que lo seguirá estando por tiempo indefinido, según confirmó ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La obstinación del prior y la aparente imposibilidad, tanto de la administración pública como de la Iglesia española, para ejercer autoridad sobre él tiene su origen en el convenio franquista de 1958 que aún regula el Valle de los Caídos. Además el único superior del prior, dentro de la jerarquía eclesiástica, es un abad de un monasterio de Francia. El senador del PNV, Jokin Bildarratz, preguntó ayer al ministro cuándo piensa el Gobierno revisar ese acuerdo anacrónico, tras una aparente apertura del ministerio de Justicia a hacerlo, pero Catalá enfrió cualquier expectativa. Dijo estar "esperando a que se genere consenso político y social, a que sepamos hacia dónde queremos caminar". Se amparó en el informe de una comisión de expertos de 2011, sobre el Valle de los Caídos, que aconsejaba replantear el convenio de 1958 "con la capacidad económica y la existencia de un consenso social y político suficiente".

Bildarratz le matizó que el acuerdo "no tiene costo ninguno". El senador vasco le recriminó esta pasividad y exigió al Gobierno que cumpla la ley de memoria histórica de 2007, "en el sentido de que usted sabe que el Valle de los Caídos nace como memoria de parte, y la ley lo que hace es corregir y que esa memoria, en lugar de ser de parte, sea una memoria de todos, hay que recordar y respetar a las personas allí enterradas". El ministro respondió que el compromiso del PP "con la democracia y con la convivencia está sobradamente acreditado". "Así pues, señoría, trabajemos. Trabajemos por generar esos consensos, y cuando estén establecidos, veamos en qué medida se puede modificar el convenio", concluyó.

El convenio de 1958, firmado por una fundación creada al efecto y la abadía de Silos, que entonces envió veinte monjes para abrir el nuevo monasterio, sigue vigente y pendiente de revisión para adecuarlo a la actualidad. También está pendiente de desarrollar la ley de 1982 que daba la gestión del Valle de los Caídos a Patrimonio Nacional. El lugar sigue envuelto en un cierto limbo legal y no se ha abordado en cuarenta años de democracia. El Gobierno anunció por primera vez el pasado 5 de marzo, a través de una comparecencia en el Senado de la secretaria de Estado de Justicia, que es "plenamente consciente, dado el tiempo transcurrido, visto el nuevo marco constitucional, y habida cuenta de la nueva realidad social", que el convenio "debe ser renovado”. Sin embargo, ayer martes el ministro de Justicia volvió a congelar el asunto.