Se vende proyecto de fin de carrera

“Hacemos de principio a fin trabajos finales de grado” “Elaboramos tu proyecto de final de carrera”, “¿Necesitas un TFG o un TFM?”. Basta una búsqueda rápida en Internet para encontrar decenas de anuncios como estos, en los que empresas y particulares se ofrecen para realizar todo tipo de trabajos universitarios. Una práctica que, pese a no ser ilegal, les puede convertir en cómplices o cooperantes de una violación de los derechos de autor, tal y como apunta la abogada Beatriz Patiño. Las universidades advierten a los alumnos de que presentar proyectos realizados por terceros, aunque sean originales, constituye un fraude y admiten la dificultad para probar las infracciones.

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La mecánica es casi siempre la misma. A través de un formulario tipo que se puede enviar online e incluso por mensajería instantánea, el alumno solicita presupuesto para su trabajo, que dependerá principalmente de la temática, la extensión, las referencias bibliográficas y el idioma. En algunos casos, como en el de empresa No Hagas Nada, el precio se puede calcular de inmediato: 700 euros por un trabajo en español de 60 folios, con interlineado de 1,5, bibliografía de Harvard y que incluya de 16 a 20 fuentes. Por último, según el tipo de proyecto, “se asigna la tarea a un colaborador”, señala Eduardo —que no quiere revelar su apellido—, uno de los socios de la plataforma, que apunta como los proyectos para grados de humanidades y ciencias sociales son los más demandados.

La historia de Eduardo, de 23 años, y su empresa se repite en muchos de los casos. Jóvenes que, durante su etapa de estudiantes se dieron cuenta de un nicho de negocio y lo aprovecharon. “Echabas una mano a compañeros y dedicabas horas a ayudar a alguien. En el momento en que eso se fue convirtiendo en algo más sistemático, surge la idea. Empezamos con amigos de la facultad”, cuenta. Eso fue hace cuatro años, ahora tienen 300 colaboradores que, señala, son expertos en las materias. Una garantía de la que presumen las cuatro empresas que accedieron a hablar para este reportaje, frente al “intrusismo” y las malas prácticas que, insisten, se dan con frecuencia en este tipo de servicios, en referencia, principalmente a los efectuados por particulares. “Nos llegan a diario muchas solicitudes de presupuesto de gente a la que han timado o la han dejado tirada (lo más habitual)”, advierten en Aprobar sin estudiar a sus clientes, en el primer contacto telefónico.

Las páginas de anuncios clasificados en Internet e incluso aplicaciones móviles de venta de artículos de segunda mano son los lugares donde los particulares —algunos de ellos afirman que son profesores— ofrecen sus servicios. Juan González —nombre ficticio—, es uno de ellos. A sus 27 años es diplomado en Educación Primaria y tiene un máster, pero su empleo actual no tiene que ver con su formación. Sus ingresos los completa elaborando trabajos de fin de grado por un mínimo de 100 euros, un precio por el que una empresa como No Hagas Nada solo redacta nueve páginas sin bibliografía ni referencias. “Si se cobra muy elevado, se van a otro. Hay competencia”, admite González, que desde que comenzó a aceptar encargos hace casi un año, ha hecho cinco proyectos, aunque reconoce que no coge todos los que le llegan por falta de tiempo.

La delgada línea

¿Es la actividad de estas empresas un delito? Las compañías sostienen que se limitan a atender las demandas de los clientes y recalcan la finalidad didáctica de sus servicios. “Es como si hay una empresa que vende armas. Un señor compra una y mata a alguien. Depende del uso que se haga”, compara un responsable de Universitarios en apuros, que también es fundador de otras dos webs similares. Este mismo ejemplo también lo utiliza Tomás Ángel, de Tu TFG, una plataforma en la que, según explica, un proyecto de fin de grado cuesta entre 500 y 800 euros y una tesis puede llegar a los 5.000. “Hay gente a la que no le parece ético, pero hoy en día la ética nos la saltamos todo el tiempo”, añade el joven que, como el resto de responsables, achaca el éxito de estos servicios a las carencias del sistema educativo.

La tesis de las plataformas es correcta, pero con matices. Si un alumno presenta como suyo un trabajo original realizado por un tercero, el infractor será, efectivamente, el estudiante. Así lo explica Beatriz Patiño, abogada experta en derechos de autor y propiedad intelectual, que sin embargo advierte de que las plataformas que le hayan facilitado el proyecto al cliente pueden incurrir en un ilícito civil o en un delito penal, como cooperador o como cómplice, en atención a la interpretación que se realice sobre la implicación en el tipo penal. “Están en una delgada línea roja muy quebrantable. No es un acto ilegal por así decirlo, pero tiene todas las papeletas para serlo. No pueden negar que saben la finalidad para la que se va a destinar ese trabajo, porque lo dicen en su publicidad, pero toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, señala la letrada, que destaca la dificultad de que se emprendan acciones legales. “El que compra el trabajo no va a demandar y el que lo hace —quienes trabajan para estas empresas— tampoco”, añade.

Otro de los argumentos esgrimidos por algunas de las empresas es que el derecho de explotación de los trabajos pasa a pertenecer a los estudiantes en el momento en el que pagan el servicio. En este sentido, Patiño recuerda que aunque se ceda a terceros la explotación económica de una obra, el derecho de autor otorga, además, un derecho moral que reconoce al creador, que no es transferible y que le permite tener un control y un poder de decisión sobre el proyecto, para que se cite su autoría, aunque ya no tenga los derechos de explotación.

Difícil de detectar

Los docentes de las siete universidades que han participado en esta información —Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos, Universidad del País Vasco, CEU Cardenal Herrera, UOC, UNED y UNIR— coinciden en que ni el plagio literal, ni recurrir a terceros en la realización de trabajos universitarios son prácticas nuevas. Sin embargo, en opinión de Luis Hernández, vicerrector de Tecnología de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, han aumentado y se han mercantilizado en mayor medida en los últimos años, debido a la implantación con el Plan Bolonia de los trabajos de fin de grado y fin de máster —obligatorios para la obtención de los títulos— y al desarrollo de las nuevas tecnologías. De hecho, ninguna de las plataformas que aparecen en este reportaje fueron creadas hace más de cinco años, según sus responsables.

La alta demanda a la que hacen referencia las empresas —según Tu TFG y Universitarios en apuros, entre un 40% y un 50% de sus encargos son elaboraciones de proyectos de fin de grado—, contrasta con la ausencia de casos de falsa autoría detectados por las siete universidades. “Si el trabajo es original, ese alumno se lo ha estudiado perfectamente, hace una presentación perfecta y responde con precisión a las preguntas, es muy difícil de saber”, admite Abraham Duarte, vicerrector de Digitalización de la Universidad Rey Juan Carlos. Algo muy diferente a lo que ocurre con los plagios literales, de los que sí hay constancia en las universidades, que cuentan con aplicaciones para su detección y que utilizan de manera sistemática en la corrección de los proyectos. En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —un centro de enseñanza a distancia—, sancionan a alrededor de 30 estudiantes por semestre sobre un total de 45.000 y en la UNED —en los últimos cuatro años, se han abierto 33 expedientes por este motivo, según indica el responsable del Servicio de Inspección, Jorge Montes.

A pesar de la dificultad para identificar y probar los casos de plagio que no sean literales, las universidades confían en los métodos actuales para evaluar los trabajos. Además de la tradicional defensa ante un tribunal durante aproximadamente 20 minutos,—un requisito común a todos los centros, incluso en aquellos de enseñanza a distancia— hay facultades que establecen entregas parciales de los trabajos durante el proceso de elaboración y que tienen en cuenta el informe final del tutor del alumno para la nota final. Otras, como la Rey Juan Carlos, han puesto en marcha un programa de formación para profesores y alumnos sobre buenas prácticas. Con todo, existe un halo de escepticismo en cuanto a conseguir erradicar completamente estas costumbres. “Eso va a pasar toda la vida”, asegura con todo resignado Araceli Garín, vicerrectora de estudios de grado y de posgrado de la Universidad del País Vasco.