Los jueces han anulado una veintena de mociones municipales contra empresas vinculadas a Israel

Los jueces ya han fallado en contra de una veintena de mociones aprobadas en pleno de ayuntamientos españoles en las que, además de solidarizarse con la causa palestina, se instaba a los municipios a no suscribir ningún acuerdo con empresas e instituciones israelíes por considerar que colaboraban en la ocupación de los territorios.

Los tribunales han declarado nulas o sin validez estas mociones, casi todas de ayuntamientos en manos de partidos de izquierdas o nacionalistas, adoptadas en favor de la campaña internacional propalestina BDS (siglas de Boicot, Desinversiones y Sanciones). Una gran parte de las sentencias son el resultado de demandas presentadas por la asociación proisraelí ACOM (siglas de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) o de su presidente, Ángel Mas, cuando no de ambos. Mas y su asociación mantienen otros litigios aún pendientes de sentencia.

La red de apoyo a BDS en España insta desde hace años a organismos públicos y también entidades particulares a adherirse a la iniciativa. Entre los consistorios de las mayores ciudades que así lo hicieron y contra los que se ha dictado la anulación se encuentran Santiago de Compostela (con alcalde de Compostela Aberta, una candidatura de unidad popular de izquierdas), Langreo (Asturias, tras un recurso de apelación, con alcalde de IU), Rivas Vaciamadrid (Madrid, también tras una apelación, con alcaldía de IU), Sant Adrià del Besós (Barcelona, con alcalde del PSC), Sant Quirze del Vallès (también en Barcelona, con alcaldesa de ERC) o Catarroja (Valencia, con alcalde de Compromís).

Los acuerdos recurridos por ACOM fueron aprobados desde finales de 2015 hasta diciembre de 2017. Al suscribirlos en pleno, los consistorios se comprometían a no firmar acuerdos o convenios con empresas o instituciones israelíes ni tampoco contratar servicios o comprar productos a compañías de Israel que se entienda sean cómplices de violaciones del derecho internacional en Palestina. Varios ayuntamientos se declaraban además como “Espacios Libres de Apartheid Israelí” (una iniciativa conocida por sus siglas, ELAI). En las mociones se incluían también referencias a finalizar la ocupación y colonización de los territorios palestinos, el desmantelamiento del muro en Cisjordania y reivindicaban el derecho de los refugiados palestinos a retornar a sus casas.

En sus recursos, ACOM esgrimía que los ayuntamientos no tienen competencia para pronunciarse por una cuestión que, a su entender, corresponde al ámbito de las relaciones internacionales y excede la potestad municipal. También, que las declaraciones podían suponer violaciones de derechos constitucionales, como los de libertad de expresión, igualdad o no discriminación, y sobre el disfrute de libertades públicas de los extranjeros en España.

Por su parte, los ayuntamientos entendían que la asociación proisraelí y su presidente carecían de legitimidad para actuar como demandantes en representación de los potenciales afectados, y además argüían que las declaraciones aprobadas en pleno eran de carácter político o ideológico y no tenían efectos jurídicos.

Las sentencias falladas en favor de ACOM o Ángel Mas reconocen su legitimidad como demandantes y rechazan el argumento de que las mociones fueran meramente una declaración sin efecto, al entender que instaban a medidas concretas, como nombrar a los municipios como ELAI. Los fallos ponen de relieve la falta de competencia de los ayuntamientos y, en varios casos, la vulneración de derechos constitucionales.

Casos en litigio

Además de los ayuntamientos, ACOM interpuso una demanda por procedimiento sobre derechos fundamentales contra el Cabildo de Gran Canaria (presidida por Nueva Canarias), que el 27 de noviembre de 2015 había votado favorablemente a una moción para sumarse a la campaña BDS. Al igual que en sus demandas contra los consistorios, la asociación proisraelí entendía que se vulneraban derechos constitucionales. También en la misma línea que los ayuntamientos, el Cabildo arguyó que su moción era una declaración de intenciones y no constituía un acto administrativo. El juzgado desestimó la demanda de ACOM.

La asociación proisraelí interpuso otra demanda, por procedimiento ordinario, para señalar la falta de competencia del Cabildo, y en ese caso sí obtuvo sentencia favorable, aunque ha sido recurrida por el Gobierno de la isla y está pendiente de sentencia.

En el caso de Gijón (Asturias), el pleno aprobó una moción de los grupos municipales Socialista, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida que instaba a la Alcaldía a adherirse a BDS y a declarar el ayuntamiento ELAI. Al igual que en el caso de Gran Canaria, se interpusieron dos demandas, una por procedimiento ordinario y otra por procedimiento de derechos fundamentales. El juzgado desestimó ambos recursos por entender que la moción simplemente instaba a que el Gobierno municipal se adhiriese al acuerdo y que ese hecho carecía de efectos jurídicos. Las decisiones judiciales están recurridas en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En Cádiz, en agosto de 2016, el ayuntamiento de Podemos adoptó en junta de Gobierno una adhesión a ELAI y BDS, que no fue recurrida por ACOM. A las pocas semanas, a diferencia de otros consistorios, esa declaración se concretó en una medida: se suspendió un ciclo de cine israelí tres días después de su inauguración. Esa decisión sí provocó una demanda de la asociación proisraelí, que está pendiente de sentencia.

Desde el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que ha llevado varios de los casos de ACOM contra las mociones y sigue interponiendo demandas, indican que además de la sentencia en el caso del ayuntamiento de Cádiz esperan otras contra los de Telde (Tenerife), Benlloch (Castellón) y Ayamonte (Huelva). En estos dos últimos casos, el despacho de abogados afirma que se han suspendido cautelarmente los acuerdos. Existen otros recursos, como uno contra un acuerdo de apoyo a BDS de la Universidad Autónoma de Barcelona, presentados por otros demandantes.

La moción de Santiago de Compostela

En noviembre de 2015, el ayuntamiento de Santiago de Compostela aprobó una moción que no incluía la declaración del municipio como ELAI, aunque sí que el consistorio se abstuviera de colaborar con “el Estado de Israel, sus instituciones públicas o sus representantes en España en cualquier proyecto”. Los argumentos del juez en la resolución se limitan en ese caso a anular la moción por entender que el ayuntamiento no tenía competencias.

Ante la anulación, el ayuntamiento decidió no recurrir. La ponente de la ponencia, la concejala de políticas sociales, Concha Fernández (Compostela Aberta), que obtuvo el apoyo del PSdG y BNG, apunta: “Uno de los objetivos de la campaña era difundir la campaña misma y sensibilizar conciencias a favor de los derechos humanos de los palestinos. Eso se consiguió sobre todo cuando fue recurrida y entró en controversia. Nos dio pie a hablar en repetidas ocasiones de la finalización de la ocupación y colonización. Con esa controversia que trascendía lo formal estábamos apoyando la difusión de la campaña”. El consistorio secunda la celebración de galas para recaudar fondos para un festival palestino y, recientemente, ha suscrito una moción en defensa de la menor palestina Ahed Tamini, encarcelada y sobre la que pesan 12 acusaciones de asalto, desacato a las tropas israelíes e incitación a la violencia en las redes sociales.