Los presidentes socialistas ven difícil llegar a un acuerdo de financiación

Todos reclaman con urgencia un nuevo modelo de financiación autonómica, pero al mismo tiempo predomina el escepticismo entre los presidentes de las comunidades gobernadas por los socialistas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo. El PSOE concentra la mayor parte del poder territorial, con siete Gobiernos, cuyas posiciones sobre financiación, igual que en el PP, son dispares. La dirección socialista se ha mostrado dispuesta a buscar un acuerdo con los populares, mientras varios presidentes piden negociar en el Consejo de Política Fiscal.

La disposición es total y la necesidad en algunas comunidades socialistas —como la valenciana— es imperiosa, pero en los Gobiernos autónomos del PSOE se perciben importantes dificultades para que el Ejecutivo y las comunidades puedan lograr un acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica. Para atender las necesidades de todas las autonomías el Gobierno tiene que poner encima de la mesa una cifra de varios miles de millones de euros y lograr poner de acuerdo a todos los territorios, donde hay visiones casi opuestas por encima del signo político. Pero además, Cataluña no tiene Gobierno con el que acordar y la cercanía de las elecciones autonómicas pone en guardia más aún a los presidentes. En las comunidades socialistas se recuerda que por encima de los partidos nadie aceptará un acuerdo que no satisfaga los intereses de sus ciudadanos.

En el caso de las comunidades del PSOE, el modelo de financiación separa en primer lugar a Baleares del resto. El Gobierno de Francina Armengol defiende el principio de ordinalidad (según el cual, aunque haya transferencias entre comunidades, si en una se recauda más que en otra, el gasto debe ser también mayor y mantenerse en la misma posición en el ranking tras el reparto) y, en consecuencia, que la nivelación de los recursos de los territorios sea parcial y no total. Armengol pide también mayor capacidad normativa de las comunidades sobre los impuestos.

La segunda brecha tiene que ver con los criterios para el reparto de los recursos. Asturias y Aragón están en sintonía en la reclamación de que el nuevo modelo se fundamente sobre el coste real de los servicios por habitante, para el que debe tenerse en cuenta el criterio de despoblación y la dispersión y el envejecimiento de los ciudadanos. Un criterio que comparten con Galicia y Castilla y León, gobernadas por el PP, con cuyos presidentes hicieron frente común en una reunión el pasado 27 de febrero.

En cambio, las comunidades más pobladas —Andalucía y Comunidad Valenciana, en el caso de las socialistas— defienden el criterio de la población. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, esgrime además que debe tomarse en cuenta la tasa de paro de cada uno de los territorios, porque Andalucía soporta más presión en sus servicios sociales para atender a las familias desempleadas. A esto se oponen, en principio, Asturias y Aragón, que tampoco comparten la principal reclamación del Gobierno valenciano de Ximo Puig: una quita de la deuda. Los Gobiernos asturiano y aragonés consideran que quitas selectivas darían lugar a agravios comparativos entre comunidades. A Puig le comprometió su apoyo el castellanomanchego Emiliano García Page. Extremadura pone el énfasis por su parte en recuperar el Fondo de Compensación Interterritorial como instrumento de cohesión.

Armonizar todos estos intereses territoriales se antoja complicado, pero además el posible acuerdo tiene la dificultad añadida para el PSOE de que varios presidentes autonómicos, entre ellos Susana Díaz, defienden que la negociación tiene que comenzar entre el Ejecutivo y las comunidades, y solo después entre los partidos. Con claridad se expresó Díaz en una entrevista en EL PAÍS: “Cuando llegue a las Cortes, es evidente que los partidos políticos tendrán su papel. Pero primero corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a los Gobiernos”.

La dirección de Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesta a negociar y suscribir un acuerdo con el Gobierno, y su intención es definir una política de partido con el PP y que luego se discutan las especificidades territoriales en el Consejo de Política Fiscal. Pero al mismo tiempo el momento de abrir los contactos con el Ejecutivo coincide con un giro en la estrategia de Sánchez, que ha virado hacia posiciones más alejadas del PP. El líder del PSOE ha reclamado esta semana a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no logra aprobar los Presupuestos, y los socialistas acaban de descolgarse de la negociación del pacto educativo.