El Estado no se ha retirado de Cataluña

Núñez Feijóo, como otros dirigentes del PP, ha encontrado la clave del problema, según le contó a Jordi Évole en Salvados. No fueron el PP y sus gobiernos los que se retiraron de Cataluña dejando un vacío que el independentismo ha utilizado para sus propósitos. Según Feijóo, ha sido nada más y nada menos que el Estado el que se ha marchado, abandonándolo todo, salvo los correos, la agenda tributaria y la justicia.

Este argumento tiene una enorme ventaja para Rajoy y los suyos. Sirve para lavarse las manos, una vez más, de los enormes desperfectos ocasionados por su actitud de desentendimiento ante Cataluña al menos desde hace 12 años y probablemente desde hace 22. No cuenta la prohibición de Rajoy a Piqué para que los populares catalanes no participaran en la reforma del estatuto. No cuenta la recogida de firmas contra el Estatuto (y 'contra Cataluña', según decían muchos de los voluntarios) por toda España. No cuentan las presiones, obstaculizaciones y manipulaciones que sufrió el Tribunal Constitucional para evitar que su composición se acomodara a la mayoría socialista. Tampoco cuenta la sentencia contra el Estatuto. Ni naturalmente la nula respuesta política al movimiento soberanista en cuanto se puso en marcha.

Si alguien cree que el Estado se ha retirado es porque cree que los gobiernos autonómicos, todos, no son Estado, un error garrafal

Es el argumento perfecto para justificar el inmovilismo y el desentendimiento practicados por Rajoy. Si hay alguna responsabilidad, este argumento lo endosa también al PSOE y, lo que es peor, a la estructura del Estado autonómico, a los más de 30 años de desarrollo estatutario que son los que han permitido esta supuesta retirada del Estado de Cataluña. Ni siquiera cuenta, fijémonos bien, los pactos del PP con Pujol por los que se cedió competencias en orden público que permitieron el despliegue de los Mossos d' Esquadra como policía integral y hasta el 30 por ciento del IRPF a la hacienda catalana. O la inhibición abierta respecto a tres pilares del conflicto: la alta inspección educativa, ya desde los tiempos de Aznar; la junta de seguridad, jamás convocada por Rajoy; y RTVE, con un mastodóntico centro en Sant Cugat con el que jamás han sabido qué hacer los populares.

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La supuesta retirada del Estado de Cataluña como argumento oculta la cuestión central para la España autonómica que los dirigentes independentistas han olvidado, pero por lo que se ve, también han olvidado Rajoy y los dirigentes de su partido. La Generalitat entera es Estado. Todas las instituciones autonómicas catalanas son Estado. Si alguien cree que el Estado se ha retirado es porque cree que los gobiernos autonómicos, todos, no son Estado, un error garrafal, este sí, que puede perfectamente encontrarse en el origen de la actitud negligente e indolente del PP respecto a Cataluña. O porque han permitido, sin una sola queja, que el nacionalismo pujolista se apropiara de la entera autonomía sin sentirse concernidos ni tan siquiera preocupados e incluso con la complicidad entre partidos que crean unos mismos hábitos corruptos.

Pero no es esto lo peor de este argumento. Detrás de esta explicación hay una idea profundamente preocupante si es la que debe conducir la gestión futura del conflicto catalán. Que el Estado se haya retirado significa que es un error buena parte del Estado autonómico, concebido como una mera concesión coyuntural necesaria para un momento histórico ya superado, de forma que ni los más indiscutibles éxitos cosechados estos 40 años pueden ser anotados como éxitos de España, sino que son avances aprovechados por el independentismo que ahora hay que anular.

Tales argumentos conducen a la recentralización y al retroceso del autogobierno, al menos en Cataluña. Quienes los defienden se disponen a hacer verdad los temores que ha esgrimido el independentismo para justificar su deriva radical de los últimos seis años, aunque el efecto más visible es que esconden la única retirada que se ha producido en Cataluña desde al menos 1996, que es la del PP, cuando Aznar puso el partido a disposición de Pujol para obtener su primera investidura.