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El Gobierno veta la reforma de la Ley de Memoria Histórica del PSOE por el gasto que implica

La Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos, tiene la última palabra

Vista de la explanada del Valle de los Caídos.
Vista de la explanada del Valle de los Caídos.

El Gobierno ha ejercido su derecho de veto sobre la iniciativa del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica por su incidencia en las cuentas del Estado. En un escrito remitido al Congreso de los Diputados en el límite del plazo, el Ejecutivo estima que la aplicación de la propuesta supondría un incremento de los créditos presupuestarios de más de 214 millones de euros. Ahora tendrá que ser la Mesa del Congreso, en la que el PP y Ciudadanos tienen la mayoría, la que valide o no este veto.

La iniciativa de los socialistas, que fue registrada a principios de diciembre de 2017, promovía la nulidad de los juicios celebrados por el franquismo, abriendo las puertas a los descendientes de las víctimas a reclamaciones de patrimonio. Además, encomienda al Estado la tarea de localizar y exhumar las fosas con los cuerpos de más de 100.000 represaliados, sancionando a las instituciones que no retiren la simbología franquista. La iniciativa también propone la retirada de los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

La Ley de Memoria Histórica no cuenta con un presupuesto específico, según reconoció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a finales de diciembre en el Congreso. El pasado 12 de febrero, en una respuesta a los senadores socialistas y bajo el mismo argumento por el que veta la iniciativa, el Gobierno se amparó en la crisis económica para justificar que no concedía ayudas para la localización de víctimas del franquismo ni a las asociaciones de la memoria histórica. Con todo, afirmó que su voluntad es reanudar la concesión de ayudas “tan pronto como se den las circunstancias para ello”.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa, informa Europa Press, ha destinado 23.300 euros desde el año 2003 para la repatriación de los restos de 29 miembros de la División Azul, que luchó junto a llos nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundiial, en virtud de un convenio suscrito en Alemania en 1995 y ratificado en 2015 por el entonces ministro Pedro Morenés.

El texto legislativo del PSOE fue redactado por el secretario de Justicia del partido, Andrés Perelló, en colaboración con entidades memorialistas y juristas como el exjuez Baltasar Garzón y el exfiscal José Antonio Martín Pallín. Perelló ha acusado este jueves al Gobierno de conservar el "ADN del franquismo" por vetar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Memoria Histórica.

El Ejecutivo comunicó su decisión al Congreso este miércoles en aplicación de su prerrogativa constitucional de vetar las iniciativas legislativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. Perelló ha considerado una "falacia" que el veto del Gobierno pueda justificarse por una cuestión económica, ya que su propuesta no dice que las indemnizaciones deban hacerse efectivas en un solo ejercicio presupuestario, como fija la norma, y, de hecho, plantea planes cuatrienales.

El PSOE ha pedido a Ciudadanos, que ahora se ha distanciado del PP y ha desbloqueado varias iniciativas en el Mesa, que rechace el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de la iniciativa. Del medio centenar de vetos que ha presentado el Gobierno a otras tantas leyes, la Mesa del Congreso solo ha desatendido tres. Dos del PSOE por considerarlas faltas de justificación (la  paralización de la aplicación de la LOMCE y la que equiparaba las condiciones de los trabajadores de subcontratas) y una de Unidos Podemos para reformar la regla de gasto por llegar fuera de plazo el veto del Gobierno.

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