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Podemos acusa a un senador del PP de cobrar 13.483 euros de dinero público que ocultó a la Cámara alta

Joel Delgado asegura que contactó con una letrada de la Comisión de Incompatibilidades del Senado hace casi un año para subsanar su "posible error", pero que aún no ha recibido respuesta

El senador del PP Joel Delgado, en una imagen de archivo.
El senador del PP Joel Delgado, en una imagen de archivo.

Podemos ha denunciado este miércoles que el senador del PP Joel Delgado firmó un contrato con el Cabildo de Lanzarote —el órgano de gobierno de esta isla canaria— para la producción de un espectáculo humorístico por el que percibió 13.483 euros de dinero público en septiembre de 2016, cuando ya ocupaba su escaño. La formación liderada por Pablo Iglesias ha asegurado que el parlamentario cobró esta cantidad por la producción de un show de comedia en las fiestas de Costa Teguise, un municipio de casi 21.000 habitantes de Lanzarote, solo tres meses después de su elección en la Cámara alta. La normativa sobre compatibilidades que recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge que los diputados y senadores no pueden, por lo general, contratar con administraciones públicas.

Joel Delgado, sin embargo, ha dicho que se puso en contacto con una letrada de la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara alta hace casi un año para subsanar su "posible error" cuando tuvo constancia de este. El senador asegura que aún no ha recibido una respuesta de este órgano.

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca, ha defendido que no es la primera vez que Delgado incurre en algún "escándalo": "Lo mínimo sería exigir su dimisión". Sin embargo, Meca ha dicho que prefiere esperar a escuchar las explicaciones del senador para emprender los próximos pasos. Según Podemos, Delgado garantizó en la Comisión de Incompatibilidades del Senado en 2016 que no mantenía contratos pagados con fondos de administraciones públicas, "ocultando que sí había recibido fondos del Cabildo unos meses antes".

El senador popular ha remitido expedientes y correos electrónicos a la agencia de noticias Europa Press en los que figura que el 8 de julio de 2016 solicitó a la Cámara alta autorización para el ejercicio de "servicios de mantenimiento en limpieza y producción de eventos musicales, deportivos y culturales". Según ha explicado Delgado, el 27 de septiembre de ese año realizó su último trabajo en esta actividad con este espectáculo humorístico, ya siendo senador.

En la documentación aportada por Delgado figura su nombre en una lista de la Comisión de Incompatibilidades que no ve, en su caso, "incompatibilidad" con la prestación "servicios de mantenimiento en limpieza y producción de eventos musicales, deportivos y culturales". Pero en el citado documento no aparece precisado si existe irregularidad por contratar con una administración pública, el matiz que denuncia Podemos. El senador del PP se encuentra a la espera de que la Comisión de Incompatibilidades se pronuncie sobre si debe devolver el dinero que recibió por la adjudicación del contrato al que se refiere la formación morada en la Cámara alta.

Delgado ha asegurado que desconocía que contratar con una administración pública podía significar una incompatibilidad con su actividad parlamentaria y que, en cuanto tuvo conocimiento de ello, se dirigió a la Comisión de Incompatibilidades para conocer qué debía hacer a continuación. El 17 de julio del pasado 2017, tal y como figura en una conversación de correo electrónico, el senador preguntaba "los pasos a seguir para subsanar este pequeño error" y se ponía a la espera del informe de la Comisión para completar su expediente.

Si la Comisión entiende que existe incompatibilidad en este caso concreto —ya le concedió permiso en febrero del año pasado para producir eventos que no afectasen a su desempeño como parlamentario—, Delgado debería devolver el dinero recibido por este contrato. Sin embargo, el parlamentario ha expresado sus "dudas" sobre si debería entregar los 1.787 euros correspondientes a la gestión y contratación del espectáculo, es decir, su beneficio; o bien si debería transferir los 13.438,38 euros que constan en la factura que él mismo remitió a la Cámara alta.

Un caso con otra senadora del PP, en este caso Pilar Barreiro, ha contribuido estos meses a tensar todavía más la relación entre Ciudadanos y los populares. La formación liderada por Albert Rivera ha exigido reiteradamente la dimisión de Barreiro, investigada por cinco presuntos delitos, para mantener su apoyo a los Presupuestos de 2018 y llegar a nuevos acuerdos con la formación de Mariano Rajoy.

Naranja Producciones

El portavoz de Podemos en Lanzarote sostiene que en el contrato de este show, llamado Made in Canarias, confluyen "cuestiones muy raras". Meca ha subrayado que el Cabildo remitió un "informe de necesidad" en el que se recogía el requisito de firmar con la empresa Naranja Producciones, pero en el que no se mencionaba la participación del senador por esta isla canaria. Meca ha declarado que en el contrato que se firmó no aparece la mencionada compañía y sí la rúbrica del senador del PP a título personal. Delgado también suscribió , según Meca, un certificado en el que decía tener la exclusividad del espectáculo.

Podemos sostiene que el nombre de la empresa Naranja Producciones responde exclusivamente a una afincada en Valencia, de la que no consta relación con Delgado. "El propio senador reconoce que no existe", ha incidido Meca, que ha recordado otros dos "escándalos" en los que se vio envuelto este senador del PP. "Es la tercera vez que se le pilla", ha dicho, y se ha referido a su imputación en el caso Unión por intentar "enchufar" a su madre como traductora de inglés en el Ayuntamiento de Arrecife sin saber el idioma, o el empleo de una furgoneta rotulada con el nombre de su empresa, Grupo Azul, y con su número de teléfono corporativo del mismo Ayuntamiento durante su etapa como concejal. Además, Meca ha señalado que la factura final del espectáculo por el que se contrató a Delgado fue a parar a Grupo Azul.

Delgado fue desimputado en el caso Unión —una investigación que ha provocado detenciones en Lanzarote debido a presuntos delitos de corrupción por parte de políticos y empresarios de la isla— al no haberse consumado el delito por el que se le investigaba y alegó, en relación al teléfono corporativo que figuraba en la furgoneta de su empresa, que no acostumbraba a utilizarlo para asuntos relacionados con la misma.

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