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Un adolescente recibirá 90.000 euros por romperse una pierna al saltar el potro en una clase “descontrolada”

El Tribunal Superior de Canarias ha considerado que el alumno estaba "sin supervisión" cuando se hirió

Alumnos de un colegio practican educación física en un gimnasio, en una foto de archivo.
Alumnos de un colegio practican educación física en un gimnasio, en una foto de archivo. Getty

La familia de un adolescente de Las Palmas que se rompió la pierna en una clase que estaba "descontrolada" deberá ser indemnizada con 90.000 euros, según ha estimado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El joven, que en el momento del accidente tenía 13 años, se fracturó el fémur izquierdo en 2013 cuando intentó saltar un potro "sin supervisión adulta" en el gimnasio del instituto donde estudiaba, de acuerdo con el comunicado publicado este viernes por el Poder Judicial.

Los alumnos de un Instituto de Educación Secundaria de Las Palmas estaban siendo vigilados por la docente de Música —porque el profesor de Educación Física estaba ausente— en el momento del accidente. Cuando la mujer intentaba mantener el orden de la clase y reprendía a otros alumnos, el joven se dispuso a saltar el potro, que estaba en un lateral del gimnasio. Entonces, “sorpresiva e intempestivamente” otro compañero se cruzó y causó el accidente, que según la Administración comunitaria, "no se podría haber evitado”.

El TSJC ha considerado que "ambos profesores tenían que representarse los peligros inherentes" de dejar "a su albedrío a adolescentes en un gimnasio". Además, ha añadido que el profesor de Educación Física, al marcharse, “debió dejar a los alumnos alguna actividad que pudieran hacer sin peligros en el gimnasio" o que la profesora de Música tendría que "haberlos agrupado donde pudiera observarlos o supervisarlos”.

Antes de llegar al TSJC, el caso pasó por el Consejo Consultivo de Canarias, que desestimó la indemnización porque consideró que "no había nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el accidente". “Ningún alumno pidió permiso al profesor de guardia o al de Educación Física para utilizarlo”, alegó entonces la Administración autonómica.

Para fijar la indemnización en 90.000 euros —la familia pedía 105.857 y la Administración, nada o 52.876 euros— el tribunal ha considerado que el niño tenía 13 años cuando sucedió el accidente y que la fractura le causó secuelas "que han determinado alguna limitaciones de por vida", ya que "la lesión del menor se ha complicado” y el adolescente "lleva ya varios años de incertidumbre con respecto a sus secuelas y evolución”.

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