El Supremo ordena la detención de Anna Gabriel tras su fuga a Suiza

La fuga de Anna Gabriel a Suiza ha abierto en el Tribunal Supremo un nuevo frente judicial que puede acabar convirtiéndose en un conflicto diplomático si España pide la extradición de la exdiputada de la CUP y el país helvético, como ya ha apuntado, pone trabas a la entrega. De momento, el juez Pablo Llarena ordenó este miércoles la detención de Gabriel, pero no cursó una orden internacional de arresto ni dio ningún paso para tramitar la extradición. Unas horas antes, un portavoz del Departamento de Justicia suizo avanzó que la entrega “no será posible” porque los delitos que se le atribuyen a Gabriel son “políticos”

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Llarena dictó este miércoles una orden de detención —que solo afecta a territorio español— contra Anna Gabriel, fugada a Suiza. El juez tomó la decisión tras constatar que la exdiputada de la CUP, como ya había comunicado, no acudió a la cita que tenía en el Supremo para comparecer como investigada en la causa abierta contra los líderes del procés. La petición de Llarena se basa en un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla que si una persona investigada y citada ante un juez no acude sin alegar “una causa legítima” que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención.

Antes de que Llarena dictara su orden, la Fiscalía había solicitado al juez que ordenase el ingreso en prisión de la exdiputada como primer paso para tramitar la extradición. Pero este escrito del fiscal llegó al Supremo cuando el instructor ya había decidido que se iba a limitar a ordenar la detención de Gabriel con el procedimiento que se emplea de forma ordinaria cuando un investigado no acude a su cita con el tribunal: ordenar su detención y puesta a disposición judicial. Esta orden, de momento, se limita al territorio nacional, por lo que Gabriel será arrestada si vuelve a España.

Llarena ha activado el mecanismo habitual en caso de incomparecencia, aunque la situación de la investigada dista mucho de ser normal. Gabriel no ha faltado a su cita sin más, sino que se lo comunicó previamente por escrito al juez e informó públicamente de que está en Suiza, de lo que el magistrado se hace eco en su auto. ¿Por qué no ha pedido entonces que se detenga a la exdiputada en el país helvético? Llarena no lo explica en su escrito, pero las fuentes consultadas señalan que lo del miércoles es un primer paso casi automático tras una incomparecencia, pero no excluye la posibilidad de que en los próximos días se ordene la detención internacional, una medida que requiere una argumentación previa más extensa con los indicios que se atribuyen a la exdiputada.

El siguiente paso que dé el juez puede llegar en la respuesta que aporte al escrito presentado por la Fiscalía, que ha pedido a Llarena que decrete la prisión provisional de Gabriel para “impedir que continúe en situación de fuga”. El auto de encarcelamiento es un requisito indispensable para activar el trámite de extradición, por lo que la petición de la Fiscalía abre la puerta a que Llarena pueda activar ese procedimiento. En su escrito, el ministerio público solicita al instructor que, tras el auto de prisión, ordene la búsqueda y captura internacional de Gabriel y demande su entrega a Suiza.

Pero la decisión está en manos del juez, que puede atender la petición de la Fiscalía o, por el contrario, restringir de momento solo a España la orden de detención. Esta es la opción adoptada por Llarena respecto a Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó orden internacional, europea y nacional de detención contra los cinco fugados, pero cuando el Supremo asumió el caso, el instructor desactivó las órdenes internacionales y mantuvo solo la nacional. Llarena rechazó incluso la petición de la Fiscalía de reactivar la euroorden con ocasión del viaje de Puigdemont a Dinamarca para participar en un acto. El instructor se inclina por no reclamar el arresto fuera de España hasta que dicte el auto de procesamiento contra los líderes del procés

Llarena justificó esta decisión en las trabas que Bélgica podía poner para entregar a Puigdemont por los delitos de rebelión, sedición y malversación, que no tienen una correspondencia clara en la legislación de ese país. La situación en Suiza tampoco se presenta fácil en principio para la justicia española