Un cargo del Ejecutivo catalán se opone a dar al juez datos bancarios

El director de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Cataluña, Josué Sallent, se opone a que la Guardia Civil pueda acceder —como ha dictado un juez— a las cuentas de los presuntos implicados en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre.

Sallent ha presentado un recurso en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para pedir a su titular, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, que anule la providencia que dictó el pasado 16 de enero.

En esa providencia, el magistrado autorizaba a la Guardia Civil a acceder al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) para obtener información de las cuentas bancarias, cuentas de valores y todos los productos bancarios de “las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum del 1 de octubre”.

Sallent, un hombre de confianza del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, alega en su recurso de reforma que la citada providencia es “nula” porque tiene contenido de “auto” y por lo que considera una falta de motivación sobre la “necesidad y pertinencia” de la diligencia acordada, además de que no concreta las personas a cuyas cuentas podrá tener acceso la Guardia Civil. Alega que la “omisión y ausencia” de una motivación por parte del juez priva a la defensa de poder recurrir “esa fundamentación”. Y considera que, por ello, se vulnera su derecho a la “tutela judicial efectiva”.

“Autorización ilimitada”

El recurso afirma que la providencia del juez implica una “inquisitio generalis” (causa general), porque “se autoriza el acceso a [las cuentas de] cualquier persona física o jurídica que pudiera estar relacionada con el referéndum”. Esto equivale, sostiene Sallent, a dar una “autorización ilimitada” a la Guardia Civil, de tal manera que pueda investigar a cualquier persona que “a su entender” pueda estar relacionada con el referéndum, “independientemente de su condición de investigada [en la causa] o no”.

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer tomó ayer declaración como imputados en la causa por el referéndum ilegal del 1 de octubre a otros dos altos cargos de la Generalitat( el director del CTTI, Valentín Arroyo, y el exjefe de gabinete de la Consejería de Gobernación, Jordi Cabrafiga), así como a tres empleados del CCTTI.