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El Gobierno quiere aplicar la prisión permanente revisable a crímenes en infraestructuras clave

El Consejo de Ministros aprueba este viernes la ampliación de la medida a nuevos delitos

Rafael Catalá e Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de ministros de este viernes ha aprobado ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable a los secuestros que acaben con la muerte del rehén; a los violadores reincidentes o que actúen contra un menor tras privarle de libertad o torturarle; a los asesinos que no revelen el paradero del cuerpo; a los que empleen elementos radioactivos o nucleares causando muertos; a los incendios provocados a sabiendas de que pueden causar muertes; y por último, a los autores de atentados en infraestructuras clave como pueden ser vías de tren o aeropuertos. Este último supuesto no fue anunciado durante la convención sobre la prisión permanente revisable que el PP celebró el domingo en Córdoba. Si el proyecto del Gobierno es aprobado en el Congreso, para lo que necesitaría el apoyo de la oposición, los delitos penados con esta fórmula pasarán de ocho a más de una decena.

"Es razonable que en nuestro código penal, para los delitos más graves y execrables, exista una pena como la de la prisión permanente revisable", ha argumentado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. "El principal aval de la prisión permanente revisable es el apoyo de los españoles", ha añadido, en referencia a los sondeos, que reflejan que esta es una medida transversal que cuenta con el visto bueno de los votantes de todos los partidos. "Existiendo una proposición en el Congreso para su derogación, a la que evidentemente nos oponemos, hemos determinado que convendría defenderla y avanzar", ha seguido, recordando que la prisión permanente revisable existe en todos los países europeos homologables a España, con la excepción de Portugal.

El Gobierno es consciente de la oposición que existe, entre gran parte de los grupos parlamentarios, a su intención de ampliar el catálogo de delitos que se penan con la prisión permanente revisable, pero lo va a llevar adelante. En consecuencia, su propuesta se verá casi en paralelo al proyecto de derogación que registró el PNV y que fue admitido a trámite con el voto favorable del PSOE, la abstención de Ciudadanos y la oposición del PP.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicará los cambios tras la reunión del gabinete de Rajoy en una conferencia de prensa en la que también participará el ministro Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

La prisión permanente revisable se incluyó en el código penal en 2015. Esa reforma estableció que el tribunal solo revisará si la prisión debe ser mantenida cuando el reo haya cumplido una parte de la condena que oscila entre los 25 y los 35 años. Hasta ahora solo se le ha aplicado a una persona. La mayoría de los partidos de la oposición considera esa medida contraria al objetivo de reinserción que establece el artículo 25.2 de la Constitución. Y por eso la reforma ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto.

Además, la medida se ha convertido en arma arrojadiza en el particular pulso electoral que enfrenta al PP y a Ciudadanos. El partido de Mariano Rajoy ha encontrado en la prisión permanente revisable argumentos con los que sustentar su crítica a la supuesta falta de criterio de la formación de Albert Rivera.

Ciudadanos pactó la derogación “inmediata” de la prisión permanente revisable en el acuerdo de gobierno que firmo con el PSOE en 2016. Luego se abstuvo en la admisión a trámite del proyecto del PNV para acabar con la medida. Y ahora plantea endurecer el acceso al tercer grado y a los beneficios penitenciarios. Una propuesta que fuentes del Ejecutivo consideran inconstitucional.

Cuatro modificaciones legales

Además, el Gobierno ha aprobado otros cuatro proyectos de ley que trasponen normativas europeas: se modificará la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; la ley de registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves; la ley de secretos empresariales; y la reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. También se ha dado el visto bueno al decreto para que las personas que han invertido en planes de pensiones puedan recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los 10 años de la aportación. Finalmente, el Ejecutivo ha impulsado este viernes la Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024 en la que se aborda la perspectiva de género y el uso abusivo de las redes sociales por parte de los menores.

En el año y medio que se ha consumido de legislatura ha habido pocos Consejos de ministros con más contenido legislativo que este. El Ejecutivo comienza así a reactivar su agenda política. Una respuesta al auge de Ciudadanos en todas las encuestas y una apuesta estratégica para apuntalar las opciones del PP antes de las elecciones andaluzas, regionales, locales y europeas de 2019.

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