Rajoy trata de frenar a Ciudadanos endureciendo la prisión permanente revisable

El Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará un proyecto de ley

FOTO: El ministro de Justicia, Rafael Catalá, interviene en la Convención Nacional del PP sobre la prisión permanente revisable que se celebra en Córdoba. / VÍDEO: Declaraciones de Rajoy en Córdoba.Rafa Alcaide (EFE) / ATLAS (atlas)

La prisión permanente revisable, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos, dos partidos que luchan por seducir al electorado de centro derecha. Mientras que la formación de Rajoy ha hecho bandera de la medida —que impide estudiar la salida de prisión de los reos hasta que hayan cumplido entre 25 y 35 años de su condena—, la de Rivera se ha visto obligada a rectificar varias veces sus posiciones. Como el PP cree que esta medida penal goza de un gran apoyo social, ha encontrado un terreno perfecto para intentar recuperar la iniciativa frente a Ciudadanos y para que Rajoy sustente sus críticas a los cambios de criterio de Rivera.

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“El PP es el partido original del centro derecha, el original, pero no somos un grupo de originalidades”, ha dicho este domingo el presidente, que clausuró la convención organizada por el PP en Córdoba en defensa de la prisión permanente revisable. “La mayoría de los españoles saben que lo que es permanente es el dolor de un padre o una madre de un menor asesinado. Y que ese dolor, por desgracia, no es revisable”, ha seguido, acompañado por familiares de Sandra Palo y Marta del Castillo. Y sobre los cambios de Ciudadanos, ha añadido: “No nos sorprende de un partido que se caracteriza precisamente por la revisión permanente de sus principios. Ni tienen las ideas claras ni los principios muy firmes, y no tener esas cosas claras, o asentadas, puede tener consecuencias peligrosas para los españoles”.

Para sustentar esa afirmación, el presidente ha hecho un relato pormenorizado de los cambios de posición del partido de Rivera.

Primero, ha dicho Rajoy, Ciudadanos pactó la derogación “inmediata” de la prisión permanente revisable en el acuerdo de gobierno que firmo con el PSOE en 2016. Luego, ha recordado, se abstuvo en la admisión a trámite del proyecto del PNV para acabar con la medida. Finalmente, ha añadido el presidente, Ciudadanos anunció que presentará una enmienda a la totalidad para endurecer el acceso al tercer grado y a los beneficios penitenciarios. Una propuesta que fuentes del Ejecutivo consideran inconstitucional.

“La abstención es su estado natural”, ha abundado en las críticas a Ciudadanos Juan Manuel Moreno Bonilla, el líder del PP andaluz, que subrayó así que el partido de Rivera “no se moja”.

Dos millones de firmas

La decisión de endurecer la prisión permanente revisable llega en un momento delicado para el Ejecutivo, desgastado por la competencia de Ciudadanos, en minoría parlamentaria y a la espera de desencallar la situación en Cataluña. Su intento por centrar la agenda política en su propuesta refleja el impacto social de crímenes como el de Diana Quer. El padre de la joven asesinada ha recabado dos millones de firmas en apoyo de una medida que cuenta con el visto bueno mayoritario de los españoles (67%, según el sondeo de Metroscopia para EL PAÍS en 2015). No obstante, tanto los partidos de la oposición como distintos expertos acusan al Gobierno de promover el “populismo punitivo” con la prisión permanente revisable.

Esa afirmación resume las dificultades que tendrá el Ejecutivo para sacar adelante su iniciativa. El Congreso tramitará en febrero una propuesta de derogación de esta medida impulsada por el PNV. Al tiempo, los diputados tendrán que decidir sobre la ampliación de delitos que propondrá el Gobierno tras el Consejo de Ministros de este viernes.

Actualmente, la prisión permanente revisable se aplica a ocho delitos que el Gobierno considera especialmente graves. Su inclusión en el Código Penal, en 2015, establece que el tribunal solo revisará si la prisión debe ser mantenida cuando el reo haya cumplido una parte de la condena que oscila entre los 25 y los 35 años. La mayoría de los partidos de la oposición considera esa medida contraria al objetivo de reinserción que establece el artículo 25.2 de la Constitución. Y por eso la reforma ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto.

Sobre la firma

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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