Ciudadanos hace equilibrios con la prisión permanente revisable

"No hemos cambiado de posición". Esas cinco palabras se repiten con insistencia en la sede de Ciudadanos de la madrileña calle de Alcalá, donde la formación hace equilibrios con el tema de la prisión permanente revisable, a la que se ha entregado el PP en los últimos días para intentar coger en un traspié al partido de Albert Rivera, lanzado en las encuestas. Este lunes, Inés Arrimadas ha evitado definir la postura oficial sobre la viabilidad legal de esta pena y ha subrayado que le corresponde pronunciarse al Tribunal Constitucional, ante el que se ha presentado un recurso, sobre la constitucionalidad de esta norma. "Son quienes tienen que decidirlo", ha recalcado la líder de la oposición en Cataluña.

Pero este discurso resulta diferente del que Ciudadanos defendió hace meses en la tribuna del Congreso. Allí, ante una propuesta de PNV, la diputada Patricia Reyes Rivera acusó claramente al PP de "introducir una figura que va en contra del principio [de reinserción]". "Lo que realmente hicieron ustedes, utilizando un eufemismo, es introducir lo que en otros países se reconoce abiertamente como cadena perpetua", apostilló la parlamentaria. Una línea argumental que se ha suavizado en los últimos días. El propio Albert Rivera dudaba hace unas semanas de la constitucionalidad de esta norma. Pero la eurodiputada Carolina Punset salía en defensa de esta figura jurídica este mismo domingo: "Más que harta de los que atribuyen ánimo vengativo a los que defienden la prisión permanente revisable. Que justifiquen como quieran dejar en libertad a peligros públicos, pero que nos dejen en paz a los que pensamos que la sociedad tiene derecho a su legítima defensa".

El PP ha decidido colocar este asunto en la primera línea del debate político, con la confianza de desgastar así a Ciudadanos, que respondió con una iniciativa para restringir el acceso a beneficios penitenciarios. En ese proyecto se contempla, en la práctica, un endurecimiento de la prisión permanente revisable, en la medida en que esta se encuentra vigente en la legislación española. Aunque, eso sí, fuentes de la dirección repiten que, si el Constitucional la anula, quedaría derogada y su plan habría endurecido los permisos penitenciarios para quienes hayan cometido delitos de especial gravedad.

"Creemos que se debe abrir un sistema sereno sobre el sistema penal español. Un debate que no se lleve a cabo con improvisación y sin los parches del Gobierno", ha recalcado Arrimadas este lunes, después de que el Gobierno anunciase también el domingo que llevaría al Consejo de Ministros la iniciativa de ampliar la prisión permanente revisable a nuevos delitos. El Congreso aprobó en octubre de 2016, con la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley del PNV para derogar la prisión permanente. Los peneuvistas decidieron, además, presentar una proposición de ley para hacerlo efectivo —que también obtuvo la luz verde del Pleno, pese a la abstención del partido de Rivera y la negativa del PP— y que actualmente se está tramitando en la Cámara.