Las argucias del exmayor Trapero para “facilitar” el referéndum ilegal

Josep Lluis Trapero tenía órdenes, judiciales y fiscales, de impedir el 1-0. Ni lo hizo ni colaboró para evitarlo, al contrario, con su inacción lo "facilitó", según distintos informes de la Policía, la Guardia Civil y del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe del operativo policial a quien el Gobierno central encomendó frenar las votaciones ilegales. Solo una pareja de Mossos d'Esquadra del pequeño municipio de Vallgorguina (2.700 habitantes), en la comarca del Vallés Oriental, ayudó ese día a la Guardia Civil a retirar urnas colocadas por los separatistas. Los diferentes informes que han elaborado las fuerzas policiales estatales y el coronel Pérez de los Cobos para los jueces coinciden en que en general los Mossos se pusieron de perfil el 1-0.

Trapero atribuye el fracaso de impedir las votaciones a fallos informáticos y a la descoordinación entre los cuerpos policiales

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¿Cómo? Según estos informes, incumpliendo la clausura previa de los colegios sin pedir la ayuda policial que se le ofreció si él no disponía de suficientes efectivos; y, en muchos casos, obstruyendo la labor de sus colegas estatales cuando estos decidieron actuar directamente viendo que los colegios abrían sin problemas a las 9.00 de la mañana. Incluso hubo enfrentamientos verbales y algún empujón entre efectivos de los Mossos y de la Guardia Civil y la Policía.

Los dos informes que ha elevado a los jueces Trapero, exmayor de los Mossos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, tratan de justificar la pasividad de los 17.000 efectivos de que disponía para impedir el referéndum secesionista. 

Trapero ampara su actuación en que cumplió estrictamente el auto judicial que dictó la juez del Tribunal Superior de Cataluña Mercedes Armas prohibiendo tales comicios. Según Trapero, en ese auto se decía que la acción policial no debía afectar "la convivencia ciudadana".

Días antes del 1-0, la juez Armas llamó a los jefes de los tres cuerpos y les dio a todos ellos la misma instrucción: “impedir el referéndum”. Si para parar las votaciones debían mantener cerrados los centros de votación desde días antes, debía hacerse; y si los Mossos no tenían suficientes efectivos (Trapero movilizó unos 6.100 efectivos en esos días) y necesitaban ayuda de la Guardia Civil y Policía Nacional, debía pedirla. Y no esperar al mismo día 1-0 con los colegios atestados de personas que se resistían al cierre de las urnas. Ese era el acuerdo, según el demoledor informe del coronel Pérez de los Cobos, que asegura que todas las órdenes recibidas esos días fueron taxativas: detener el referéndum del 1-0. Y, además, ya estaban en Cataluña, hospedados en barcos y hoteles, y preparados, los 6.000 agentes llegados a Cataluña desde todas las provincias de España, tras haber visto por televisión tres coches de la Guardia Civil destrozados y huir a policías nacionales de una turba de manifestantes. 

En sus dos informes, el exmayor Trapero se exculpa del fracaso de la operación describiendo una retahíla de acciones que, según él, cumplían al milímetro los distintos dictámenes de los fiscales y el último y definitivo auto de la juez Mercedes Armas. Pero Trapero no explica, por ejemplo, por qué el 1-0 los 200 equipos de la Policía y Guardia Civil (6.000 efectivos movilizados) tuvieron que ir apresuradamente a colegios abiertos que debían estar cerrados y desalojados. Los tres cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía y Mossos) pactaron que el cierre previo de los centros de votación lo ejecutarían los Mossos. Pero los hallaron abiertos "y con entre 300 y 800 personas” esperándoles en “obstruccionista” pose pacífica, según los informes de las fuerzas estatales.

Y en muchos casos, en contraste con lo que vaticinaba Trapero, en medio de brotes de “hostilidad, violencia y agresividad”, explica el coronel Pérez de los Cobos en su informe. En ningún pasaje de su informe habla Pérez de los Cobos de cargas policiales. Alude a ellas con el eufemismo de que hubo “que emplear la fuerza en cumplimiento del mandato judicial” ante la resistencia de los concentrados. “Las agresiones, insultos, empujones, pedradas e intentos de acorralamiento” que sufrieron las fuerzas estatales causaron diez bajas ese día, y decenas de contusionados, añade el coronel. “Actitud pasiva”, “inoperancia”, “obstruccionismo”, “delación” y hasta “engaño” son algunos de los epítetos que se emplean en informes elaborados por la Policía Nacional, Guardia Civil y en el confeccionado por el propio Pérez de los Cobos.

El despliegue de la fuerza estatal favoreció, además, las consiguientes imágenes de represión que buscaban los separatistas, según los informes. Es decir, guardias civiles y policías tratando de abrirse paso, "empleando la fuerza", entre cientos de manifestantes determinados a impedir que se cumpliera la orden del Tribunal Superior. Destaca el coronel que esas masas frente a los colegios estaban organizadas y se nutrían en parte de individuos seleccionados por los Comités de Defensa de la República para compactar la oposición frente a la labor policial. Pérez de los Cobos dedica un apartado en su informe a estos comités, los mismos que colapsaron las principales arterias viarias de Barcelona el 8 de octubre ante la indignación ciudadana y en ocasiones han cercado el Parlament.

El ex mayor ordenó que debían prevalecer en todo momentos los principios de “proporcionalidad, congruencia y oportunidad” en la acción policial

El 29 de septiembre, a las 10.45 horas, el entonces mayor de la policía catalana reunió a 220 subordinados, jefes y subjefes, y les ordenó que, con independencia de que el 1-0 hubiera dos mossos por cada centro de votación, en sus acciones debían prevalecer los principios de “proporcionalidad, congruencia y oportunidad”. Es decir, si los dos agentes llegaban y veían una masa de manifestantes entorpeciendo la retirada de las urnas, que no utilizasen la fuerza. Y, en su caso, llamasen a las fuerzas estatales. Nunca, según el coronel, pidieron ayuda para cerrar colegios abiertos desde días antes y convertidos en improvisadas acampadas para evitar su clausura el 1-0.

Empezaron a pedir ayuda a las 9.12 del 1-0 para desalojar, según la comunicación de los Mossos, un total de 220 centros de votación, de los 2.315 habilitados. Trapero sabía/intuía, y así lo dice en sus informes, que habría niños y ancianos entre la multitud de manifestantes que se concentrarían delante de los colegios y que opondrían una “resistencia pasiva y pacífica”. Es en este punto donde justifica la falta de intervención de sus hombres para no “afectar la convivencia ciudadana”. Pero obvia, en cambio, otros pasajes esenciales del auto judicial de la juez Mercedes Armas, en concreto la parte dispositiva: debía impedir el referéndum. Y si no tenía suficientes medios, pedir ayuda. Y a ello debió dedicar los días previos al 1-0, cuando se idearon las acampadas festivas. No el mismo día del referéndum. Esto le reprocha también el coronel jefe de todo el operativo.

El coronel Pérez de los Cobos arremete con dureza contra los Mossos. “Actitud pasiva”, “inoperancia”, “obstruccionismo”, “delación” y hasta “engaño” son algunos de los epítetos que se emplean en los informes elaborados por el las fuerzas estatales sobre los Mossos

Para justificar la pasividad de los 6.100 efectivos que movilizó ese día, Trapero acude a la teoría del "mal menor", y cita en su defensa el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula tal ponderación. El coronel declaró el pasado jueves al juez del Supremo Pablo Llarena que entre cumplir la orden judicial o los principios de congruencia y proporcionalidad entiende preferente la primera, cumplir el auto judicial.

Trapero atribuye el fracaso de la operación a improvisación y descoordinación entre las fuerzas policiales. Dedica varios folios a explicar, por ejemplo, que los datos que ellos iban tomando el día 1-0 sobre las incidencias en los colegios, debido a una errática aplicación informática, solo llegaban al Ministerio del Interior y no a los centros de coordinación que los tres cuerpos policiales acordaron crear en las delegaciones gubernamentales de las cuatro provincias catalanas para ese día. Y admite que pasadas las 12.00 horas del 1-0 se decidió apartarse del operativo contra el referéndum al ver que la policía y la guardia civil, sin que ellos les hubiesen pedido ayuda previa, ya estaban actuando en los colegios. Señala que esa intervención directa rompía los acuerdos adoptados entre los tres cuerpos la víspera del referéndum. Es decir, que serían los Mossos los primeros en actuar y quienes avisaran a los agentes si necesitaban ayuda.

El coronel le responde que en las distintas reuniones previas al 1-0 quedó pactado que las fuerzas estatales actuarían directamente, sin necesidad de aviso de los Mossos, si la gestión de estos resultaba ineficaz, como así ocurrió, para el cumplimiento del auto judicial. Y le recuerda que los efectivos estatales atendieron no obstante 12 de las 220 peticiones de ayuda de los Mossos. El coronel insiste en que los Mossos "incumplieron su deber" de mantener cerrados los colegios y no permitir que se llenaran de manifestantes.

Quejas de lesionados

Tras apartarse del operativo, aunque asegura que siguió volcando datos de incidencias, Trapero ordenó a los Mossos, a las 13.56 horas, que recogieran denuncias de lesionados en las actuaciones que estaban llevando a cabo sus colegas de la Policía y la Guardia Civil, “dadas las incidencias que se están dando en algunos puntos de votación”, recoge el exmayor en su informe. También se queja de que ese día, el coronel y su equipo suspendieran las cuatro reuniones prefijadas para coordinar las actuaciones policiales el mismo 1-0.  Y asegura que sus hombres realizaron más de 4.000 actuaciones los días previos a la ilegal consulta, visitando centros escolares y a sus directores para indicarles que la votación era ilegal, como ordenaba el auto judicial. Circunstancia esta que, según la Guardia Civil y la Policía, también sirvió para que los Mossos avisasen de que volverían para cerrar el centro a las 6.00 de la mañana del 1-0, lo que pronto se propagó por las redes sociales. Los centros empezaron a llenarse de separatistas a las 5.00, una hora antes.

Cuando llegaron los policías, los accesos a los colegios estaban taponados por cientos de manifestantes. Y con parejas de mossos en "actitud pasiva".  En "40 de las intervenciones" que hizo la Policía Nacional fueron "identificados agentes de los Mossos d'Escuadra en actitud pasiva, incluso cuando se produjeron agresiones a los agentes actuantes", señala el coronel. En uno de los colegios fue identificado un mosso que ejercía de escolta de una consejera del Govern que también participó en las movilizaciones. "En tres ocasiones" se registraron "incidentes directos con agentes de los Mossos".  La Guardia Civil, por su lado, identificó a agentes de los Mossos en 30 actuaciones, y también en actitud pasiva, salvo los del citado municipio de Vallgorgina.  Los efectivos del instituto armado tuvieron "incidentes directos" con los Mossos en seis ocasiones en que estos "entorpecieron o dificultaron la actuación policial". 

Pérez de los Cobos responsabiliza del fracaso a la inacción de Los Mossos antes y durante el 1-0. Denuncia en su informe que tiene constatado "como agentes de los Mossos  incautaban urnas una vez finalizado el recuento [por la noche] y las llevaban hasta las comisarías" como argucia para aparentar que se daba cumplimiento al auto judicial, pero sin que hubiera habido una intervención policial, hecho que luego "podía ser presentado como cumplimiento del mandato judicial". Pérez de los Cobos está citado el día 14 ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que es la que tiene encausado al exmayor Trapero por desobediencia y sedición.