El juez de Púnica imputa a Villar Mir por la caja b del PP de Esperanza Aguirre

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, dictó este jueves un auto por el que cita a declarar como imputado en el caso Púnica de corrupción a Juan Miguel Villar Mir. Justifica su decisión en los vínculos destapados por la Guardia Civil entre las supuestas donaciones irregulares del Grupo OHL que presidía Villar Mir a la caja b del PP de Madrid —y que aparecían recogidas en la agenda del cabecilla de la trama, Francisco Granados— y la adjudicación de obra pública.

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García-Castellón imputa a otras cinco personas por estos hechos y por otros amaños también relacionados con la presunta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre. Entre ellos, al que fue consejero delegado de la empresa pública ya extinguida Mintra, Jesús Miguel Trabada. Villar Mir deberá comparecer en la Audiencia Nacional el 6 de febrero, el mismo día que su yerno, Javier López Madrid, ya imputado con anterioridad en la causa. El expresidente del Grupo OHL ya apareció en los apuntes contables de Luis Bárcenas, por lo que tuvo que declarar entonces ante el juez Pablo Ruz. OHL aseguró ayer que tanto Villar Mir (principal accionista del grupo) como López Madrid ya no tienen cargos directivos. También que el grupo “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción” y que “ningún directivo ni empleado del grupo” ha sido “condenado por ningún supuesto de corrupción”.

El nuevo escrito del juez detalla los últimos avances de la investigación tras la declaración que el 17 de enero hizo el constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama y que desde junio de 2015 colabora con la justicia. En aquella comparecencia, Marjaliza aportó a la causa documentación contable y facturas que revelaban el supuesto amaño de tres obras del metro de Madrid que permitieron que él, López Madrid y Granados se repartieran una comisión de 3,6 millones mientras este último era el consejero de Transportes de Aguirre. El magistrado señala que esa información ha sido corroborada por nuevos datos recopilados recientemente, entre ellos diversos correos electrónicos que ahora han permitido también imputar a varios directivos de empresas que supuestamente participaron en el amaño y que declararán en los próximos días.

García-Castellón detalla además las pesquisas realizadas sobre las adjudicaciones de otros tres tramos del Metro que han destapado las supuestas presiones que Granados y Trabada ejercieron sobre las empresas adjudicatarias para que se encargasen con cargo al presupuesto de los trabajos las fiestas de inauguración de estas a la empresa Waiter Music, responsable de organizar también numerosos actos electorales del PP de Madrid en las elecciones autonómicas, municipales y generales. El auto destaca que la adjudicación de estos contratos se hizo de orden de Granados, pese a que este ya no se encontraba al frente de la Consejería de Transporte.

Finalmente, el juez apunta al amaño de adjudicaciones de la empresa pública del suelo Arpegio en favor de la sociedad Elsan, perteneciente al grupo Villar Mir. El auto explica que en enero de 2011 López Madrid intercambió correos con otro ejecutivo de OHL y con Ignacio Palacios, mano derecha de Granados, para conseguir que las constructoras del ahora imputado Juan Miguel Villar Mir recibieran contratos de modo irregular de la Comunidad de Madrid. Es en este punto en el que el magistrado detalla que la investigación sobre la agenda que se intervino a Granados cuando fue arrestado en octubre de 2014 ha permitido identificar al grupo Villar Mir “como presunto donante del PP de la Comunidad de Madrid”. Por ello, fija para el 6 y el 13 de febrero la declaración de seis nuevos investigados y vuelve a llamar a declarar a otros tres que ya lo estaban: a López Madrid, al propietario de Waiter Music, José Luis Huerta, y a Edelmiro Galván, colaborador de Granados en la Consejería de Transportes.