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El Gobierno impugna ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont

El Ejecutivo confía en que Torrent no desafíe la legalidad y proponga a otro candidato sin orden de detención para ser investido presidente de la Generalitat

Soraya Sáenz de Santamaría, este jueves en La Moncloa.

El Gobierno pretende evitar a toda costa que Carles Puigdemont sea votado president de la Generalitat en el pleno del Parlament de Cataluña sea por la vía que sea. Después de varios días de estudio, el Ejecutivo ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución del presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, de proponer a Puigdemont como candidato a la Generalitat. De momento si el tribunal acepta a trámite esta impugnación, esa candidatura quedará paralizada por lo que Torrent tiene la oportunidad de presentar a otro candidato que cumpla los requisitos esenciales. Estos son, según el Gobierno, que no pese sobre el propuesto una orden de detención como es el caso de Puigdemont. Este “carece de libertad deambulatoria por lo que cuando entre en el territorio español será detenido”, ha argumentado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en un encuentro informativo en La Moncloa convocado para dar cuenta de estas novedades.

El Gobierno hasta ahora consideraba que no tenía base para recurrir al Tribunal Constitucional al no haberse producido un hecho que lo justificara. Fuentes gubernamentales explican que “se ha estado estudiando durante días” y los servicios jurídicos del Estado han concluido en que la propuesta del presidente del Parlamento de Cataluña sí puede ser recurrida. “Torrent ha tenido que evacuar consultas con Puigdemont en Bruselas y no donde se tiene que producir una votación y donde se ha convocado al resto de los diputados”, ha señalado la vicepresidenta.

Además de la petición de impugnación de la propuesta de que Puigdemont sea el candidato, el Gobierno ha tomado velocidad en sus decisiones con peticiones también al Consejo de Estado para que aclare la mayor parte de los interrogantes en los que se ha movido el Ejecutivo hasta ahora. Así ha utilizado la figura de la “consulta potestativa” para que el Consejo de Estado emita un dictamen sobre si es posible la investidura sin la presencia del candidato. También en el caso de que ello se admitiera, si es posible impugnarlo, así como que aclare si es factible “el voto delegado” de los diputados que están en Bruselas.

Con este arsenal de propuestas y peticiones, el Ejecutivo confía en que en un plazo breve el Tribunal Constitucional no sólo paralice la candidatura a la investidura de Puigdemont sino que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, y es la declaración de que Puigdemont no puede ser candidato. El plazo para celebrar la sesión de investidura termina el próximo día 31 y la esperanza del Gobierno está en que el presidente del Parlament, Roger Torrent, no desafíe la legalidad y proponga a otro candidato que esté en Cataluña y sobre el que no pese una orden de detención.

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