Desafío campal en El Calabacino

Con sus mochilas a la espalda, charlando animados y mirando las piedras del suelo, una decena de niños sube el frondoso camino que les lleva hasta sus casas en la aldea onubense de El Calabacino, del municipio de Alájar. “Nos gusta vivir en la naturaleza. Salimos a jugar sin miedo a los coches y nos subimos a los árboles”, dice simpática la pandilla escolar, que llega en 15 minutos hasta sus viviendas, en su mayoría alejadas de tendidos eléctricos y alcantarillado, mantenidas con placas solares, inodoros secos y abastecidas con el agua de un manantial del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche.

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Es la última generación de El Cabacino, una aldea despoblada con el éxodo rural de los setenta que se rehabilitó una década después tras las compras de tierras de familias que restauraron albercas, hornos y calzadas y autoconstruyeron sus casas ayudados con burros aparejados que todavía se utilizan para subir sus enseres. En estos 30 años han residido con relativa calma en su modo de vida, pero en los últimos meses, un ajetreo judicial y administrativo ha desconcertado a sus 115 aldeanos, algunos conscientes de haber levantado sus viviendas sobre terreno no urbanizable o sin licencia de obras.

A raíz de inspecciones de los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la fiscalía ha denunciado a la alcaldesa de Alájar (800 habitantes) por supuesta prevaricación al no haber actuado en al menos 22 viviendas que incumplen la ley, además de pedir para una pareja dos años de prisión, 3.000 euros de multa y el derribo de su casa por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medioambiente. Para esa pareja, el Consistorio reclama además de dicha demolición, una sanción de hasta 120.000 euros, y por otro lado ha abierto expediente administrativo a otras 19 viviendas.

Es un desafío campal. Vecinos, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Justicia deben solventar este choque entre vidas actuales y cumplimiento laxo de las normativas de suelo desde hace años y desactualizaciones en los planes del parque natural. “No queremos imponer nuestra forma de vida, queremos hacer una llamada al sentido común. Estamos aquí desde hace décadas y nunca nos han echado demasiada cuenta, por eso teníamos el precedente de que tampoco cometíamos delitos”, dice Cecilia Rodríguez, presidenta de la asociación Raíces de El Calabacino, que ha pedido ayuda a la Fundación Savia y a profesionales para elaborar análisis urbanísticos, de impacto ambiental y de biodiversidad que sostengan de forma jurídica la permanencia de todos los habitantes de El Calabacino, que pertenece a la Red Ibérica de Ecoaldeas.

En el ámbito municipal ven una de las claves: que ese terreno se catalogue como hábitat rural diseminado de interés social y ecológico. Para ello, los expertos han propuesto cambios en la calificación del suelo al Ayuntamiento. “Hemos remitido la propuesta a la delegación de Urbanismo para que estudie las posibilidades. Si la ley dice que sí, adelante, muchas casas se podrán salvar, pero hay que ajustarse a la ley. Son casos diversos, algunas están edificadas sobre ruinas, otras superan la superficie permitida o son de nueva planta”, declara Carmen Osorno, la alcaldesa investigada por una cuestión perpetuada con ediles de mandatos anteriores.

Y también hay solicitudes para la Junta de Andalucía “que debería ratificar la propuesta municipal y la demarcación del territorio. Así se resolvería la situación”, dice el biólogo coautor de los informes, Juan Acosta. Medio Ambiente lo asume y ya ha celebrado un encuentro con los vecinos para procurar resolver la cuestión. “Las normas deben incorporar las demandas de la sociedad, tenemos que adaptarnos al siglo XXI y es importante que se vuelva al campo, pero hasta el momento la ley hay que cumplirla”, declara José Antonio Cortés, delegado territorial de Medio Ambiente de Huelva, que añade que están en periodo de actualización dos planes de ordenación y gestión del parque, donde la asociación ha remitido sus propuestas. "Los planes del parque deberían de haberse revisado obligatoriamente hace más de cinco años", reclama Acosta, que asegura también que propician en el territorio la construcción de hoteles y otras edificaciones que fomentan el turismo, pero que dificulta que se habite fuera de los núcleos urbanos.

“Nos das crédito, ves cada día los delitos que se cometen, y vienen a por nosotros, por hacernos una primera vivienda con materiales de bioconstrucción en un terreno comprado y a llamarnos promotores. Es desproporcionado que nos pidan cárcel. ¿En qué mundo vivimos?”, se pregunta Juan Jesús Pérez, denunciado por su casa de nueva planta. “No entendemos la vorágine de la ciudad. Y no somos familias en riesgo de exclusión social, pensamos que este modo de vida es un referente para la crianza de nuestros dos hijos y tampoco pedimos nada, ni luz, ni agua, queremos estar como estamos”, sostiene Pérez, que nombra a Noam Chomsky y otros pensadores para ejemplificar su opción vital. Su abogado estudia llevar el caso al Tribunal Constitucional, y si fuera condenado, solicitar un indulto.

La ONU prevé que en 2050 dos tercios de la población mundial vivirán en ciudades, una dinámica que tiende a ser insostenible y por la que se fomentan políticas que favorezcan la vida rural. Manuel Luca de Tena, que nació hace 26 años en la aldea, después de vivir tres en Sevilla y trabajar para una multinacional de seguridad, ha vuelto al campo. "Pensé que iba a ganar mucho dinero y que estaría muy bien, pero no entiendo la ciudad, no compensa, no hay tiempo para disfrutar de nada. Esta es una vida más dura en el sentido físico, pero psicológicamente es mejor”, dice mientras corta leña. “No necesitamos tanto para vivir”, repiten los vecinos.